LA MARCHA PATRIÓTICA. SALUDO Y LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD.

Una de las demostraciones plenas que puede exhibir una sociedad democrática, que se precie de ello,  es la de la libre participación de sus ciudadanos en la actividad política; adicional a lo anterior, también su espíritu democrático se puede observar en la libertad de asociación y reunión que sus asociados pueden ejercer y, entre otras, en la manifestación pública, sin restricciones, de cualquier movimiento o partido político que actúe en el marco de la ley. Además,  la democracia política puede ser ejercida cuando el Estado, con un germen institucional democrático, garantiza  y vela por esa participación de sus ciudadanos.

En el anterior orden de ideas, para un demócrata, ser testigo del nacimiento de un partido político, sin importar sí comulga o no con su ideología, debe constituir un momento de júbilo; suceso que hace palpable la madurez de una sociedad que se construye en unidad desde la diversidad. Por tal, celebro, así nunca llegase a votar por sus candidatos en certámenes  electorales, la aparición en nuestro espectro político de la Marcha Patriótica, que se presentó públicamente el lunes pasado en una manifestación en Bogotá.

Este nuevo partido, según lo han anunciado sus voceros más visibles, se situaría a la izquierda de la actual izquierda colombiana. Han manifestado que desean crear un movimiento de masas que busque un modelo alternativo de sociedad para nuestro país, distinto al de una visión neoliberal en lo económico y al énfasis en la solución estrictamente militar del conflicto armado interno que vivimos.

La manifestación del lunes ha sido ejemplar. Se calcula que aproximadamente cincuenta mil compatriotas caminaron por diferentes vías de la ciudad para, finalmente, concentrase en la Plaza de Bolívar. Pese a todo vaticinio alarmista, la marcha fue ordenada; algunos caminaron en forma paralela a la troncal de Transmilenio sin que se presentaran  bloqueos al sistema o agresiones a los buses y, ya en el centro de la ciudad, no se presenciaron ni desmanes o actos vandálicos sobre la propiedad privada y pública.

Si bien las predicciones alarmistas sobre su presentación no se dieron,  lo que si preocupa es la estigmatización que sectores de la derecha, junto con sus brazos informativos correspondientes, le han realizado al naciente partido político. Pero no solo el intento de manchar, hasta ahora sin fundamento, al partido debe ser objeto de examen sino que también el comportamiento sesgado de algunos medios de comunicación, que tradicionalmente no han  jugado en el campo de la objetividad en beneficio de la apropiada formación de opinión en la gente,  que ahora “buscan la verdad”  al referirse a la nueva agrupación.

La Fuerza Pública, semanas atrás, manifestaba que las FARC tenían infiltrado el movimiento y fundamentaba su afirmación en unos correos electrónicos entre miembros de la organización terrorista; pero, al día de hoy, estos  no  han sido  mostrados, como lo ha debido haber hecho sí públicamente las autoridades los mencionaron;  al parecer se estarían refiriendo a hechos, vividos hace cuatro años, en donde uno de los dirigentes del grupo insurgente en un video  manifestaba la necesidad de crear un movimiento popular; pero de ahí a encontrar una relación estrictamente lógica para hacer una concatenación fáctica y concluir que el movimiento en referencia es un hijo de las FARC queda mucho trecho, sí alguna lógica se le aplica al análisis.

Nos encontramos en una democracia, aunque en construcción contamos con su espíritu institucional,  y los ciudadanos en ella debemos gozar del pleno derecho a la información. En este sentido todos y cada uno de los ciudadanos, y más los que tienen alguna responsabilidad social, política o económica deben dar cuentas públicas de sus actos. Es totalmente válido que el periodismo plantee los interrogantes que los ciudadanos de a pie no podemos formular a las altas instancias del poder público. Es la obligación de los medios realizar sus cuestionamientos y es la de los actores sociales responder con la verdad y la transparencia que requiere la tranquilidad de la sociedad en su conjunto. Pero, en esta ocasión, el comportamiento ácido de algunos medios de comunicación no corresponde con el que desplegaron en el pasado reciente. Debe existir, en este caso particular, una claridad en el origen y financiación del partido, para que éste se pueda mostrar en sociedad que pretende realizar una propuesta política que busca fortalecer la institucionalidad democrática del país; pero esta necesidad de transparencia no puede ser presentada, por algunos medios, como un interrogante cuya respuesta se dirige, a priori, a poner mantos de duda en la legalidad de su acción y la de sus dirigentes.

El cuestionamiento sobre lo que están haciendo algunos medios en relación con  el origen del financiamiento  de la Marcha Patriótica se centra en que no muestran el mismo sentido inquisitivo frente a la financiación de otros partidos políticos, en donde presuntamente  se reciben donaciones importantes para su funcionamiento de fuentes no muy claras. Es tan ilegal que, en abstracto, un movimiento político sea financiado por para-políticos o para- empresarios a que otro reciba sumas de dinero de manos de las FARC. Pocas veces se han preguntado cómo se financian las movilizaciones de votantes en las elecciones; pocos cuestionamientos sobre de dónde salen los recursos para los refrigerios y otros menesteres, en partidos que tienen representatividad en el Legislativo, que se despliegan en épocas electorales; pero, si cuestionan o anotan con ironía que a los manifestantes de la Marcha Patriótica les dieron tamales   Nuestro reciente pasado político ha debido generar una mayor lista inquisitiva de los medios; entonces callaron, por miedo o por el soborno de la pauta oficial, y la acidez de hoy antes se tornaba en la miel que el anterior  gobierno les esparcía en su tostada.

Si los colombianos  pretendemos abandonar el espiral de violencia política en el que nos encontramos desde hace varias décadas debemos tolerar la manifestación de lo diverso; los dirigentes políticos, y por la coyuntura especialmente  los del novel partido, deben actuar dentro de la legalidad;  el Estado tiene que mostrarse imparcial y tolerante frente a las diversas manifestaciones políticas, y actuar con responsabilidad dentro del marco de la ley y  los medios de comunicación deben buscar la entera verdad y no entrar en el juego de quienes, en los extremos, buscan seguir lucrándose, política y económicamente, con la sangre de los colombianos que derrama la violencia.