La Señora Fiscal: inseguridad y embrollo nacional

La Señora Fiscal: inseguridad y embrollo nacional.

En mi blog La Pringamoza “Clamor de justicia, de impunidad y críticas a granel ”publicado por el Diario El Tiempo, La revista Semana y el gran periódico virtual Eje 21 de la zona cafetera, afirmé, “ no creo que la señora Fiscal General sea una de las personas que tiene el cerebro al lado de los intestinos, ni tampoco que lo tenga cerca del punto’G’ de su anatomía femenina” pero de acuerdo a sus recientes y desafortunadas declaraciones, tal vez por ingenuidad o nerviosismo, me inclino por creer que lo tiene en los talones.

La opinión pública anda en vilo, y creo que el Presidente Santos y el pleno de la Corte Suprema también. La situación que se viene debatiendo no se ocupa de un prójimo del común, sino de una persona muy especial, no de la Morales Hoyos, sino de la Fiscal General de la Nación, me atrevo a decirlo, después de la del Presidente, la segunda responsabilidad del Estado recae en el personaje que ocupa esta controvertida encrucijada, siendo esta la persona que dirige el organismo encargado de la investigación criminal de las conductas delictivas de nacionales y extranjeros. No estamos ocupándonos de la legendaria “loca Margarita”.

El embrollo delicado y preocupante no radica como lo han querido reseñar algunos por su relación marital, no dejando de ser un caso preocupante, sino por sus vínculos estrechos, tanto laborales como personales, con algunos reconocidos paramilitares, según se desprende de las entrevistas y declaraciones de la propia Fiscal suministradas a los medios escritos y hablados, donde reconoce su asistencia a diferentes ‘foros’ con los querubines del paramilitarismo en Cali y Santa fe de Ralito, reuniones furtivas o clandestinas realizadas sin conocimiento y sin autorización del gobierno central.

Reconoce la señora Fiscal, con aparente ingenuidad, que en esas reuniones se pudieron tomar fotos y grabar videos en las que puede aparecer con ex jefes paracos, o sea, queriendo dar a entender que no es raro si la ven bailando con Mancuso o con el ‘cojo’ Don Berna; que los tiquetes de traslado, no dijo si en bus o en avión, fueron financiados por su esposo, con tan mala memoria que no recordó que el dinero con el que pago Carlos Alonso, creo que así se llama, era dinero ensangrentado por su procedencia, era parte del pago recibido por los paramilitares por su ‘asesoría’.

La normativa penal define de manera clara, expresa e inequívoca las características estructurales del delito, de igual manera, se dispone que una conducta típica, antijurídica y culpable es punible, o sea, es castigable y para eso existen los sitios de reclusión; la justicia, en ningún caso, puede ser sesgada y selectiva y todos somos iguales ante ella. Las características estructurales del delito son inequívocas y no varían porque sea cometido por Pedro o Juan, por un cristiano o católico o por un  Parlamentario o por la señora Fiscal.

Cuando leo y escucho estas prepotentes y desafiantes declaraciones de la Fiscal General, quedo estupefacto, triste e inseguro, por ello, con todo respeto pregunto a la Corte Suprema de Justicia para tranquilidad y seguridad de los colombianos. Serán los fallos de la Corte Suprema falaces y sesgados?¿Estará la Corte politizada e invadida por la pústula de la corrupción? ¿Será la Corte Suprema un aquelarre en potencia? ¿Será la Suprema Corte un organismo falsario y prevaricador? ¿Será la Corte Suprema tan rastrera y de odios tan profundos como para condenar a unos parlamentarios inocentes?

Entonces, ¿sí la señora Fiscal se pudo contonear con los abominables  paramilitares y no pasa nada, por qué para otros le es prohibido y les tipificaron el delito de Concierto para Delinquir? Señores magistrados de la Corte Suprema, si esto es así, Ustedes cometieron la equivocación más grande y dolorosa que jamás se pueda uno imaginar, afectando a  muchas familias y a otros tantos que tienen privados de su libertad en la penitenciaría  de La Picota.

La institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación, está en cuidados intensivos y su delicada salud depende exclusivamente del Presidente de la República y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron nominador y elector y seguirán con esta calidad, siendo los únicos responsables de salvaguardar la integridad del Estado Social de Derecho y de procurar que no se mengue la tranquilidad y la confianza ciudadana, factores primordiales del bienestar común.

El Presidente Santos en una declaración radial manifestó: “no me pesa haber nominado a la Fiscal, es una persona apta para ejercer el cargo,…yo si le pregunté por su relación marital con Lucio…”; la Fiscal dice que el Presidente jamás le preguntó por su vida marital. Lo único cierto de todo esto es: si el Presidente hubiese sabido el nuevo arrejuntamiento, no habría integrado la terna; y si hubiese estado en la terna y la Corte hubiera conocido esta nueva luna de miel, no la elige. Señor Presidente Santos, una cosa es la aptitud y otra muy distinta es la indignidad.

En muchos de los legados del Derecho Romano, hay uno que es muy sabio: “en Derecho las cosas se deshacen como se hacen”, y tiene una lógica indiscutible, siempre y cuando el procedimiento aplicado sea el adecuado, esto, con referencia a el caso concreto de un hecho jurídico que recaiga en la elección  de un funcionario para un periodo fijo en cabeza de un cuerpo colegiado, máxime cuando se tiene argumentos de peso jurídico que avalen la decisión de la revocatoria o, mejor dicho, la destitución, y en el caso que nos ocupa, los tenemos a granel, quedando descartado de plano cualquier consideración referente a su estado civil con determinada persona, porque su procedencia como prueba es endeble.

Ahí les queda esta inquietud jurídica a los estudiosos del Derecho Administrativo, adicionando lo planteado en lo atinente  a lo delicado y preocupante con la presunta ocultación de información necesaria y relevante, dada las condiciones sui generis del cargo a proveer.

Y claro está, en este análisis se debe considerar la prevalencia del Estado, la seguridad nacional, el bien común, el interés general y, por supuesto, garantizar la diáfana, pronta y cumplida administración de justicia, como servicio público por excelencia.

Manizales, Febrero 3 de 2012.

Marco Aurelio Uribe García.

Mauriga75@hotmail.com