REFORMA JUDICIAL vs. PRINCIPIOS Y VALORES DEL ESTADO SOCIAL
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“Lo primero que debe ser advertido es que el término "social", ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Una larga historia de transformaciones institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo, esta presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto” (Corte Constitucional, Sentencia T-406/92).
El liderazgo de la defensa de los principios y valores constitucionales, así como de los derechos fundamentales de los ciudadanos, hoy está en manos de la Justicia Colombiana, especialmente a través de fallos de Tutela, por lo que la comunidad le ha otorgado un especial reconocimiento y una importancia sin precedentes en la historia del país.
La fe en las leyes pierde predominancia y los fallos judiciales toman especial relevancia ante los ciudadanos, existe mas confianza en la jurisprudencia de la Justicia como fiel interprete de los mandatos constitucionales que en el trabajo legislativo del congreso y muchas otras instituciones.
Hay percepción que el Congreso de la República no está legislando para beneficio de la sociedad sino para unos pocos intereses.
Junto a otras instituciones, han perdido credibilidad en la solución de los problemas de la sociedad, debido a comportamientos y actitudes que riñen con los mandatos constitucionales.
Cuando las instituciones y las autoridades de la República son ineficaces e incapaces para efectivizar los derechos ciudadanos y asegurar a las personas residentes en Colombia el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, entran a ser requeridos o conminados a través de los mecanismos creados por la carta para que cumplan con los principios y valores constitucionales y atiendan las necesidades de los ciudadanos.
En el Estado Social de derecho, la justicia es una esperanza, ante la inactividad e ineficacia de las demás instituciones y autoridades para la efectividad y materialización de los derechos fundamentales, principios y valores consagrados en la Constitución de 1991.
En los últimos años ha habido cierta complicidad entre el ejecutivo y el legislativo para desconocer y debilitar los principios democráticos consagrados en la Carta del 91.
Por ello el fortalecimiento del Poder Judicial es una necesidad. Ejercer con excelencia el control y defensa del orden institucional requiere apoyo.
Se esperaba que en este Gobierno y el actual Congreso decidiera darlo, pero la reforma a la Justicia parece estar mas encaminada a debilitarla que a fortalecerla. Da la impresión de una mano negra que propugna por el amancebamiento entre el ejecutivo y el legislativo en detrimento de la democracia y del Estado Social de Derecho y amenaza el equilibrio y colaboración armónica entre poderes.
