Robo de gasolina: así logró Colombia llevarlo prácticamente a cero

El fenómeno ha estado en las primeras páginas de los diarios del mundo recientemente por cuenta de la catástrofe ocurrida en México: en total 114 personas murieron cuando estaban recogiendo combustible ilegalmente de un poliducto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó como una de sus prioridades al inicio del gobierno, combatir el robo de combustibles. Para ello decidió cerrar los poliductos y transportar el combustible en carrotanque, lo que generó un problema de desabastecimiento en todo el país. Posteriormente, a esa situación de caos se sumó la catástrofe humana que golpeó a muchas familias. Las escenas eran dantescas.

El episodio significó el clímax de ese delito en México, donde cada día se pierden al menos 60.000 barriles, lo que suma al año unas pérdidas que el propio presidente López Obrador estima en US$3.000 millones. Así que en ese país, combatir el robo de combustibles es todavía una asignatura pendiente.

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No es así en Colombia. Desde que se registró ese máximo de robo de combustible en 2001, el país inició una estrategia para reducir el delito y sus impactos.

Al frente de la estrategia se puso no solamente Ecopetrol sino las autoridades, tanto la Policía como la Fiscalía y hasta el Congreso de la República.

Según informaron fuentes de la petrolera, en ese momento el fenómeno ya golpeaba al 10% del consumo de gasolina del país. Lo más preocupante es que el robo del producto era una actividad que había alcanzando una gran aceptación social.

“Inclusive en los municipios se había creado una red que desde las alcaldías entregaba autorizaciones a distribuidores que no existían”, comentó una fuente del sector que pidió reserva.

Por esta razón se hizo necesario plantear una estrategia integral, con el fin de que el robo de combustible dejara de ser un asunto cultural y se empezara a convertir en una práctica sancionada socialmente; un problema delictivo que afectaba a un bien público como la gasolina.

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La primera determinación fue la de fortalecer la seguridad. Sin embargo, era claro que con poner más pie de fuerza a cuidar a los poliductos no bastaba.

“La manera como se había configurado esta industria ilegal era muy sofisticada, pues robar 7.000 barriles al día significa tener un mínimo 36 carrotanques”, comentó la fuente consultada.

Además de esto las bandas criminales asociadas a esta actividad tenían soluciones logísticas como tanque de depósito e instalaciones de distribución muy sofisticadas que pasaban la vigilancia de las autoridades.

Luego de fortalecer el pie de fuerza, era claro que había que desarrollar soluciones tecnológicas que permitieran establecer en mejor forma de qué manera se daba el robo de gasolina, pues el desafío no era solo incautar carrotanques, sino desbaratar la estructura con la que se hacía toda la comercialización.

Uno de los avances fue marcar el combustible después del transporte: eso se lograba agregándole un aditamento al producto. Así, cuando las autoridades encontraban carrotanques o producto almacenado que no tenía la marca, quedaba en evidencia que había sido adquirido durante el proceso de transporte. Así, el propietario del producto tenía que explicar a las autoridades las razones para tener en su poder esa clase de combustible o de lo contrario era decomisado.

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Eso permitió empezar a detectar toda la red que participaba en el ilícito y hacer inteligencia a cada uno de los actores. Según las autoridades en su momento, se empezaron a judicializar personas por transportar gasolina de manera ilícita. Al final del proceso se lograron 2.500 capturas en toda la “cadena logística” y se logró descubrir que se trataba de un negocio estrictamente de una estructura paramilitar; las medidas de persecución incluyeron la extinción de dominio de los bienes involucrados en el ilícito. "Les golpeamos donde más les dolía: el bolsillo", comentó la fuente consultada. Al final, se dieron cerca de 1.015 condenas por un nuevo tipo penal conocido como “apoderamiento”.

Este fue el otro aspecto clave: el compromiso de las autoridades, pues además de que la Policía destinó un equipo especial para la persecución de estos actores ilegales, la Fiscalía capacitó a sus funcionarios para recaudar pruebas de un delito altamente técnico.

A esto se le sumó la aprobación de una ley que estableció el nuevo tipo penal de “apoderamiento”.

De parte de la empresa, Ecopetrol, se tomaron medidas para lograr el aseguramiento en los sistemas de transporte, identificando la situación de la infraestructura en todo momento y una ejercicio de gestión volumétrica que buscaba la correcta identificación de las pérdidas para poder diagnosticar qué eran pérdidas asociadas a la operación de los poliductos y cuáles a la acción de ladrones de combustible.

Todas estas acciones, lograron que Colombia adquiriera un conocimiento muy especializado sobre cómo combatir el robo de combustible que sirvió para que la propia Ecopetrol ofreciera servicios de consultoría en el exterior.

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Los resultados se han mantenido en el tiempo y, por ejemplo, se logró que el año pasado el ritmo de robo fuera apenas de 25 barriles por día, un indicador realmente marginal.

La clave del éxito de Colombia en la lucha contra el robo de combustibles fue la acción integral de muchos actores institucionales, pues claramente se necesita un enfoque de Estado. Gracias a este esfuerzo, hoy el país puede decir prácticamente que el robo de gasolina ha desaparecido de su economía; ahora mismo en México están tratando de enfrentar un fenómeno que ya no solo tiene impacto económico, sino también en vidas humanas. Por eso es urgente que allá también logren tener éxito en la tarea.