Las tensiones de la contratación pública por el coronavirus

La Comisión Europea, la Ocde, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio ven con preocupación la crisis que se avecina: aumento del desempleo, inminentes cierres comerciales e industriales, migraciones y disminución de ingresos de los ciudadanos, entre otras cosas.

El Estado desde su posición de garantizar el bien común y el bienestar de la comunidad, se verá gravemente afectado. Contratos imposibles de cumplir, otros que no tendrían prioridad en este momento y otros con sobrecostos por la situación de fuerza mayor. La Administración, como el ciudadano, tendrá mayores gastos, diferentes expectativas y prioridades.

La situación no será fácil de resolver ni al corto ni al mediano plazo y requerirá de líneas claras por parte de los gobiernos. La primera medida será garantizar la prontitud y efectivo pago de las obligaciones de las entidades públicas. El gobierno de Nueva Zelandia estableció que los contratos públicos deben realizar el pago en 10 días. El Estado debe cancelar de forma oportuna bienes, servicios y obras para generar liquidez en los contratistas y ellos, a su vez, pagar sus obligaciones. El Reino Unido estableció la política de open books, mediante la cual las empresas deben demostrar y garantizar el pago oportuno de sus acreencias.

La segunda medida, será revisar la pertinencia e impacto de la ejecución de algunos contratos, que en medio de la crisis se vuelven innecesarios. Si bien los contratos públicos estarían bajo riesgo y ventura del contratista, las situaciones de fuerza mayor pueden llevar a las partes a suspensiones o a la adaptación de ajustes que permitan al contratista continuar con la ejecución cuando sea posible volver a la normalidad. La tercera, ya planteada en el Decreto 531 de 2020, es la activación de las obras públicas. Este reinicio generará empleos, compra de bienes, materiales y servicios, y ayudará en gran medida a solventar la angustia de una parte importante de la sociedad.

La cuarta medida que debería aplicar el Estado en los próximos años será gastar más, mucho más. Su papel en la economía es enorme, cerca de 15% del PIB. El aumento del gasto público tiene la virtud de impulsar estratégicamente la economía. El gasto genera empleo, adquisición de bienes y servicios, en particular en el orden territorial. Gran parte de las regiones vive de una economía artesanal y del Estado. La reactivación de Estados Unidos y Europa después de debacles económicas o en posguerras se debió en parte al aumento del gasto público. El New Deal, por ejemplo, mediante la estrategia de Public Works Administration llevó a que el Estado gastara (invirtiera) cerca de US$13 millones, en 1938, generando ingresos y bienestar en la ciudadanía. Ya el gobierno colombiano tramita ante el FMI un apoyo financiero por más de US$11.000 millones, para enfrentar lo que viene.

La reactivación de la infraestructura y el gasto en desarrollos tecnológicos son clave en la recuperación.

La quinta será dar un paso en las políticas de gobierno digital y acercar más al ciudadano y al Estado mediante las nuevas tecnologías. El gasto público en desarrollos tecnológicos, innovación digital y digitalización de la actividad estatal será clave para cumplir con los fines públicos. La reactivación de la industria tecnológica estará de la mano de las tendencias de mayor crecimiento económico. Además, contar con un Estado digital representa transparencia que se refleja en confianza de la ciudadanía con los gobernantes. Hoy sería absolutamente necesario contar con servicios judiciales digitales, pagos a proveedores estatales mediante el Secop, mejoramiento de plataformas más livianas y en ambiente móvil, que ayuden a democratizar los servicios que prestan los entes públicos.

La Comisión Europea recomienda en la emergencia utilizar la compra pública para impulsar la innovación donde las entidades públicas, mediante la contratación, tengan una colaboración más estrecha con los ecosistemas de innovación o las redes de emprendedores, que podrían proponer soluciones. Por ejemplo, en el uso de herramientas digitales como hackatones para hallar salidas y combatir con éxito el virus.

Los Estados no la tendrán fácil en los próximos años, pero con la contratación pública cuentan con la herramienta más eficiente como política pública si se utiliza de la manera adecuada, para que el gasto público genere equidad en la ciudadanía.

Además, los bienes y servicios relacionados con la mitigación del virus se encuentran en una situación bastante compleja por el aumento significativo de precios, especialmente respiradores, pruebas, mascarillas, trajes, guantes. Los respiradores ya multiplican por 100 su costo. Los comerciantes de estos bienes se venden al mejor postor, sin importar que existan compromisos comerciales anteriores, situación que ayuda a la especulación. Y esto apenas comienza.

Quienes están en este sector deben recordar la empatía, la solidaridad y los valores éticos para entender que es prioritario salvar vidas por encima de hacer un buen negocio. Está en juego la economía y la vida en sociedad, dependemos de muchos factores, pero sobre todo de cómo cada uno de nosotros puede aportar a la recuperación.