Gobierno prepara proyecto para brindar protección social a trabajadores de apps

El anuncio lo hicieron, Víctor Muñoz, Consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital, e Ignacio Gaitán, gerente de Innpulsa.

Explicaron que la iniciativa surge para cumplir con el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual busca definir cuáles son las condiciones de protección social de los trabajadores de la economía colaborativa. 

“Para el Gobierno es importante que todos los colombianos tengan protección social”, explicó Muñoz. 

El Gobierno ya ha adelantado varias reuniones con los representantes de más de 20 plataformas, entre las que se destacan Rappi, Domicilios.com y Uber, entre otras. También, participaron gremios como la Andi y la Cámara de Comercio Electrónico, quienes dieron sus puntos de vista y sus preocupaciones al respecto.

Muñoz explicó que esta iniciativa no tiene como objetivo implementar la reglamentación en alguna plataforma en particular, sino que busca dar seguridad y protección social a la totalidad de los colombianos que trabajan a través de las plataformas.

Uno de los debates más fuertes al respecto tiene que ver con el estatus de las personas que colaboran en las plataformas, pues existe una falta de claridad en el hecho de si son empleados o trabajadores independientes por cuenta propia.

Así mismo, otro punto importante a debatir es la manera en el que se hará el cobro, pues no está claro si se hará a través de las plataformas o debe ser el agente autónomo quien pague directamente al trabajador. Además en muchos casos los trabajadores laboran con más de una plataforma.

Los representantes del Ejecutivo informaron que en los próximos días se reunirán con los usuarios y con los prestadores de servicio para continuar con las conversaciones. Habrá también un proceso de deliberación con los diferentes partidos políticos.

Aunque aún no hay un articulado al respecto ni un marco regulatorio, se espera que este proyecto sea presentado el próximo mes de marzo. 

Finalmente, aclararon que este proceso no busca reglamentar el problema particular de Uber, pues se está llevando a cabo un diálogo al respecto en una mesa paralela e independiente que no tiene nada que ver con el artículo 205 del Plan de desarrollo.