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Entre el ‘sisbén para ricos‘, el IVA general con compensación, las exenciones para diversas industrias y la menor tasa efectiva de renta para las empresas, el debate sobre la Ley de Financiamiento se desarrolló a la vez que el Gobierno enfrentaba las numerosas polémicas que generaba.
Luego de extensas reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes de la Ley, al Congreso le costó tres plenarias de Senado y Cámara de Representantes, una de las cuales duró más de 12 horas, la aprobación del nuevo estatuto tributario que incluye el IVA a los servicios por webcam y una sobretasa al sector financiero.
Sin embargo, la plenaria de la Cámara de Representantes recién había levantado la sesión luego de aprobar el bloque restante de 25 artículos, cuando ya se alzaban voces sobre la irregularidad de dicha votación.
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Catalina Ortiz, representante del Partido Verde, señaló que “uno pide como oposición que le den garantías, que lo tengan en cuenta y que uno pueda discutir las cosas pero aquí hay una costumbre de siempre y es votar los proyectos en bloque. Eso no permite la discusión, entonces uno termina negando todos los artículos aunque dentro del bloque haya algunos buenos”.
Y agregó que “es muy triste porque el proceso fue bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en las ponencias y demás pero ya al final, cansados, esto pasa en ferrocarril y le estamos generando impuestos a los colombianos y eso merece una discusión pausada”.
Ortiz además anunció que demandará el artículo 105 de la Ley de Financiamiento, que autoriza a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo para que incrementen sus nóminas según sus necesidades.
En la misma línea, el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, anunció que demandará la Ley de Financiamiento -tal como ha sucedido con las anteriores reformas tributarias- pues esta tendría vicios de trámite para su aprobación.
Con la demanda, Vargas Lleras anunció también su regreso a la vida pública. Sin embargo, la amenaza del líder de Cambio Radical no le produce la más mínima preocupación al Gobierno, que conoce bien cómo han terminado las anteriores demandas a este tipo de leyes.
La Ley de Financiamiento también tendrá que someterse a la evaluación de las calificadoras de riesgo y el mercado en general, que esperaban que la misma recaudara los $14 billones necesarios para cumplir la meta de déficit fiscal de 2019 y ejecutar los programas sociales prometidos por el nuevo Gobierno.
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Con un recaudo de apenas $7,5 billones teniendo en cuenta los $480.000 millones que se espera recaude la sobretasa al sector financiero, el Gobierno ya anunció también una serie de reformas al gasto público que incluso tendrán que pasar por el Congreso para ser aprobadas.
Para 2019, el Ministerio de Hacienda espera lograr una reducción de $1,2 billones en el gasto público, que dejaría en $5,3 billones los aplazamientos o congelamientos que tendrá que sufrir el Presupuesto General de la Nación.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reconoció el miércoles que “esta reforma conviene, aunque su recaudo es inferior al que se necesita para cubrir el presupuesto, por lo que la siguiente tarea es hacer recortes”.
“Ya la sociedad dijo que no va a pagar más impuestos así que hay que acomodar el gasto a ese recaudo”, agregó el ministro, que señaló también que el país estará listo para una reforma tributaria realmente estructural dentro de 20 años.
Mientras tanto, tendrán que aplicarse reformas a mediano plazo para hacer más eficiente el gasto público en subsidios.
“El país tiene una política de subsidios para una sociedad que no tiene la calidad de ingresos que tiene ahora. El 26% está en pobreza y el régimen subsidiado en salud abarca el 50%, algo necesario en su momento, además se equiparó al régimen contributivo con un costo fiscal que ejerce una presión que debe revisarse”, explicó Carrasquilla.
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En cuanto a la capacidad del Gobierno de cumplir la Regla Fiscal en los años siguientes, el ministro Carrasquilla aseguró que la misma se cumplirá, aunque el año en el que se verán con mayor fuerza los efectos de la Ley de Financiamiento y la modificación del gasto público será en 2022.
Wilson Tovar, de Acciones y Valores, destacó que las calificadoras de riesgo por ahora han sido “bondadosas” y le han dado espera para ver no solo la aplicación de la Ley de Financiamiento, sino la reforma pensional que debería presentar en el primer trimestre de 2019.
Esta tendrá que ser capaz de flexibilizar y reducir el gasto público, de modo que sea más fácil para el país cumplir con sus metas fiscales y será en ese momento cuando realmente las calificadoras “le tomen el pulso” a la macroeconomía del país, agregó Tovar.
El ministro explicó que la pérdida de recaudo por una menor tasa de renta para las empresas, sumada a los descuentos y deducciones que habilitó la Ley de Financiamiento, sería de $5 billones para 2020 que espera se compensen dado el mayor crecimiento de la economía, la formalización empresarial y la mejor gestión de la Dian.
De acuerdo con los cálculos de la Andi y el Banco Mundial, entre otras entidades y multilaterales, una empresa de tamaño medio en el país tiene una tasa efectiva de tributación del 70% en promedio.
La Ley de Financiamiento le permitiría disminuir en 25 puntos dicha tasa para llevarla hasta 45%, lo que se reflejaría en un crecimiento adicional de la economía de 0,4 puntos porcentuales y aumentaría progresivamente hasta 1,8 puntos adicionales para el PIB. El cálculo deja tranquilo al ministro de Hacienda sobre el cumplimiento del recaudo y el crecimiento económico, para cumplir las promesas del nuevo presidente.
Pero esa no es la opinión de muchos en el mercado. Varios economistas y analistas ya han señalado que mientras los nuevos impuestos a las personas naturales, como el impoconsumo a la venta de vivienda, generan una desaceleración económica, igual que las restricciones en el gasto público, la disminución en la renta de las empresas no acelera el crecimiento de la economía en el corto plazo.
El equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia advierte que aún con la Ley de Financiamiento “las necesidades adicionales de ajuste fiscal ascenderían a 1% del PIB en 2020 y se incrementarían en los años subsiguientes”.
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Por lo que el Gobierno tendrá que tomar medidas adicionales para cumplir con la senda establecida por la Regla Fiscal y mejorar el balance del Gobierno Nacional Central.
De acuerdo con Wilson Tovar, también se debe tener en cuenta que la Ley de Financiamiento tiene menos presiones inflacionarias que la propuesta inicial y en ese sentido, en la medida que se comprimen las expectativas de inflación, también bajan las de las tasas de interés del próximo año y los analistas ahora podrían esperar que las mismas incrementen a entre 4,75% y 4,50%.
Por otro lado está la creación de una sobretasa para el sector financiero, que será de 4 puntos porcentuales para el primer año y de 3 puntos para los siguientes dos años de vigencia del impuesto.
Grupo Bancolombia advirtió que “tanto las formulaciones teóricas como la evidencia empírica coinciden en señalar que la imposición de este tipo de medidas puede traer consigo efectos económicos negativos” y además, señaló que la medida podría ser inconstitucional.
En el mismo sentido, Asobancaria advirtió que “lo que se está haciendo es gravar más al sector que paga más y paga cumplidamente sin ninguna clase de evasión o elusión tributaria. Un sector como el financiero que pesa 4,7% del PIB paga 12,6% del impuesto de renta, proporcionalmente haciendo una contribución más alta que cualquier otro sector de la economía”.
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