Conflicto con Nicaragua lleva un siglo

Las cuatro medidas anunciadas por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para hacer valer la soberanía y derechos del país en el mar Caribe frente a lo que llamó "ánimos expansionistas de Nicaragua", prolongan el histórico litigio que mantienen los dos países desde principios del siglo XX.

Las medidas son la respuesta al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que el año pasado redefinió las fronteras marítimas con Nicaragua, que Colombia considera que "no es aplicable y no será aplicable" hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos, dijo Santos.

El litigio se remonta a los primeros años del siglo pasado cuando Nicaragua reclamó el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como siete cayos cercanos.

El conjunto de islas e islotes, que tiene un enorme atractivo turístico, medioambiental y energético, dista 140 millas de las costas nicaragüenses y 480 de las colombianas, pero pertenecían al país suramericano desde noviembre de 1803, cuando una Cédula Real española se lo confió a Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia.

La primera reclamación de Nicaragua quedó resuelta el 24 de marzo de 1928 con la firma del Tratado Esguerra-Bárcenas, que otorgó la soberanía colombiana sobre el archipiélago y los cayos mientras determinó que las islas de Mangle y la costa de Mosquitos pertenecían a Nicaragua.

Dos años después, en 1930, se firmó un protocolo adicional del Tratado que delimitó la frontera entre las dos naciones en el meridiano 82 y quedaban al margen los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana.

Pero el gobierno sandinista de Nicaragua promulgó el 4 de febrero de 1980 una ley que consideraba el archipiélago como parte de su territorio al considerar nulo el Tratado, que había sido firmado cuando el país estaba ocupado por Estados Unidos.

A partir de ese momento, el litigio se reavivó y la relación bilateral se enfrió.

Mientras Nicaragua apostó desde 1993 por acudir a la negociación para resolver el conflicto y acudir a la Corte de La Haya, Colombia descartó esos mecanismos al considerar indiscutible su soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el Tratado de 1928.

En 2001, el Gobierno nicaragüense de Arnoldo Alemán se decidió a interponer una demanda ante ese tribunal contra Colombia, cuyo presidente era Andrés Pastrana, en la que reclamaba el archipiélago, tres cayos y 50.000 kilómetros de mar, y pedía una nueva definición de las fronteras marítimas.

En abril de 2003, Nicaragua elevó su alegato jurídico, mientras que Colombia presentó el 21 de julio de ese año unas objeciones que ponían en duda la jurisdicción de la CIJ para entender el caso; lo que desoyó el tribunal en 2007, cuando se declaró competente.

En esa sentencia preliminar de 2007 la Corte confirmó la soberanía colombiana sobre las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero dejó pendiente un fallo sobre las fronteras marítimas y los cayos, asuntos que tuvieron sus audiencias orales entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2012.

Finalmente, el 19 de noviembre del año pasado la CIJ hizo público un fallo inapelable que concedía la Colombia la soberanía sobre los siete cayos, y redefinió una frontera marítima en la que Nicaragua ganó espacio en el Caribe, al disponer de unos 75.000 kilómetros cuadrados adicionales de mar.

La sentencia también confirmó el espacio marítimo colombiano en torno al resto de las islas del archipiélago de San Andrés, aunque dos de los islotes se convirtieron en enclaves al quedar en aguas del país centroamericano.

Lo desfavorable de la sentencia y la supuesta cantidad de vacíos jurídicos llevó al Gobierno colombiano a anunciar en primer lugar su salida del Pacto de Bogotá de 1948, en el que se reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya, y a encargar los informes de hasta seis despachos de abogados nacionales e internacionales.

Con base en las recomendaciones de los abogados, Santos presentó una "estrategia integral" para defender el territorio nacional, basada en cuatro pilares que resumió así:

"Primero: decidimos que el fallo no es aplicable sin un tratado".

"Segundo: consolidamos nuestro archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral".

"Tercero: avanzamos en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower".

"Y cuarto: frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena".

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) dijo que las medidas anunciadas por el Gobierno para defender la soberanía y derechos de su país en el Caribe de las pretensiones de Nicaragua son "buena señal política".

En declaraciones a la radio RCN, Uribe señaló que "las medidas que el Gobierno Nacional ha anunciado son una buena señal política, y el Gobierno colombiano ha sido muy cuidadoso con los recursos naturales, es acertado lo que ha dicho el Presidente (Santos)".

Uribe, quien fuera mentor político de Santos y ahora es uno de sus más férreos opositores, agregó que son un motivo de tranquilidad las palabras del presidente Santos porque "de perder Colombia ese mar se expondría a perder después a San Andrés".

Añadió que "hay buenos argumentos para que Colombia no acepte ese fallo" y resaltó que le "parece conveniente para el país esta noticia".

A juicio de Uribe, "da lo mismo hablar de rechazo, inaplicabilidad o rechazo es lo mismo" y reiteró que el fallo de La Haya es ilegal "porque rompe la unidad histórica del archipiélago".

Señaló, igualmente, que el Gobierno debe tener previsto la explicación que dará a los países vecinos en torno a esta decisión "a Rusia, a China, a los Estados Unidos y a los europeos".

EFE