¿Carrasquilla les ganó el pulso a los congresistas por el presupuesto?

Teniendo en cuenta que el periodo legislativo termina el 20 de junio próximo y que las sesiones ordinarias van hasta el 16, no habría futuro para la modificación presupuestal, proyecto de reforma constitucional que pretende ajustar el artículo 351 de la Constitución Política, al conceder facultades a los congresistas sobre $46,8 billones de recursos de inversión en las regiones, de $259 billones que es el total que tiene el Presupuesto General de la Nación (PGN). Lo que quiere decir que cada uno podría destinar un monto superior a los $30.000 millones.

Ante lo ajustado de las fechas es casi imposible que se saque adelante el acto legislativo. De darse discusión y aprobación en Comisión Primera de Senado la semana entrante, tendrían que pasar, por lo menos, 15 días para que los promotores de la iniciativa presenten la ponencia para dar trámite al octavo y último debate en la Plenaria de Senado, posterior a ello, el presidente de la corporación Alta, el senador Ernesto Macías, debería incluirlo en el orden del día.

De quedar pendiente así sea la última discusión no se le podría dar trámite en la siguiente legislatura, pues estos se deben hacer en el periodo en el que se presentaron los proyectos. Por estas razones, los tiempos no alcanzarían y por ende, la medida se hundiría.

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Así las cosas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla que estaba en contra de la iniciativa, ya no tendría por qué preocuparse y ganaría el pulso a los congresistas por dicho presupuesto.

La medida que avanzó seis debates desde el pasado 31 de octubre, donde se le dio vía libre en la Comisión Primera de la Cámara de  Representantes y que fue catalogada como ‘mermelada 2.0’, generó discordia entre los autores de la misma y el Gobierno, pues al ministro Carrasquilla no le sonaba la idea que las decisiones en materia de recursos que toma el Ejecutivo, se le otorgaran a los legisladores.

En su momento, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que la iniciativa iba en contra de la sostenibilidad fiscal del país, además de atentar contra el principio constitucional de separación de poderes y lo más grave, según él, es que se terminarían aprobando partidas indeterminadas por la libertad que tendría el Congreso de modificar el PGN.

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Aunque la propuesta tiene hasta el momento el apoyo de la mayoría de los congresistas, hasta los de Gobierno, también cuenta con algunos detractores como el representante por Bogotá, Gabriel Santos del Partido Centro Democrático, quien señaló en varias oportunidades que la medida traería “la constitucionalización de las malas prácticas” y le quitaría la posibilidad a varias regiones de acceder al presupuesto asignado, debido a que algunas no cuentan con representantes en el Legislativo.

Mientras que para quienes lo apoyan, como el representante por el Atlántico, César Lorduy del Partido Cambio Radical, la iniciativa es apropiada porque los congresistas son los que más conocen las necesidades de sus regiones, motivo por el que podrían saber en qué invertir dichos recursos y además evitaría tener que pasar por el filtro del Ministerio de Hacienda para que se realicen estas asignaciones.

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