La Ley TIC sigue su curso y nadie dice nada

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La salida de Juan Pablo Bieri (foto) de RTVC por un acto de censura relacionado con elproyecto de la Ley TIC generó mucho ruido en enero. Pero esa norma sigue su curso en el Congreso: ya pasó en primer debate en comisiones Sextas conjuntas, tiene más de cien proposiciones no tramitadas y ahora lo están socializando a la espera de que se abra la legislatura para continuar el trámite (lo que sucedería en marzo). Esta es, mejor dicho, una “anticontroversia”, pues aunque deberíamos estar hablando del tema, las aguas se han calmado y es posible que el proyecto termine aprobado en silencio.

Por eso es importante recordar por qué resultan graves algunas propuestas del texto. Como escribió Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en una columna de Semana.com, el mico del proyecto de ley, que además ha tenido muy poco debate, está en el artículo 39 o 40, según la versión (el texto pasó a comisiones conjuntas con mensaje de urgencia y ahí sufrió un cambio). Ese artículo dice que “todas las funciones de inspección, vigilancia y control que la ley asignaba a la antv serán ejercidas por el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. El gobierno se apropiaría así de facultades sancionatorias y propondría un regulador dependiente del poder ejecutivo. Se le trasferirían funciones como abrir investigaciones con posibilidad de ordenar visitas a operadores, concesionarios de tv y contratistas, y exigir la presentación de libros de contabilidad y documentos privados sin que se le pueda oponer reserva. “Una suerte de Fiscalía de comunicaciones –escribe Vaca– (…). Cuando la facultad de sancionar está en un actor con intereses políticos en el debate público, eso se presta para retaliaciones por publicaciones que incomoden al presidente o, incluso, a exagerar las sanciones para silenciar”.

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Surgen entonces preguntas: ¿por qué el gobierno quiere apropiarse de las funciones de sancionar en televisión, si desde la Carta Política de 1991 esa función corresponde a cuerpos colegiados independientes? ¿Por qué no deja esas funciones en el regulador convergente? ¿No deberíamos preocuparnos aún más por la independencia de ese regulador con respecto al poder presidencial? En el proyecto actual, el gobierno conserva las facultades de: registro, vigilancia y control, protección de usuarios y administración del fondo único TIC. Eso es simplemente demasiado poder, e implica un alto riesgo de pérdida de independencia y de censura oficial.