#LaTVPúblicaSeDefiende

El pasado 17 de octubre de 2017, el gobierno presentó un proyecto de ley desde MinTIC a través del cual, para alinearse con las normativas internacionales de la Ocde (a la que Colombia ingresó el pasado 30 de mayo), se buscaba fusionar la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión en aras de crear un único regulador convergente. Sus funciones condensarían las de ambas entidades: la regulación de las redes y servicios tanto de telecomunicaciones como de televisión y radiodifusión sonora. Nada distinto a como funciona en otros países.

Una vez radicado, el programa entró a ser estudiado el pasado mayo por la Comisión Sexta del Senado. Allí se desató la controversia. El senador Mario Fernández Alcocer introdujo una serie de modificaciones que, según las cabezas de los canales regionales, podrían poner en riesgo la televisión pública en Colombia. La más alarmante: disminuir periódicamente los recursos de contraprestación que entregan los cableoperadores (que hoy oscila entre el 2% y el 4%) al 1,96%. Según un comunicado expedido conjuntamente por Canal Capital, Canal Trece, Canal TRO, Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Teleislas, Telepacífico y RTVC, si eso ocurría iba a disminuir en más de un 60% el valor del aporte de la televisión cerrada al FONTV, el fondo del que salen los recursos para la producción de contenidos, las convocatorias y los proyectos especiales.

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La alarma se difundió rápidamente. A raíz de ese pronunciamiento, desde el pasado 1 de junio productores de contenidos, líderes de opinión y ciudadanos indignados hicieron presión con el hashtag #LaTVPúblicaSeDefiende. Aunque el gobierno pidió retirar el proyecto de ley por esa modificación “sustancial”, varios voceros de los canales piden no bajar la guardia porque, eventualmente, vendrá una nueva iniciativa para fusionar los reguladores convergentes y alguien podría intentar meter un nuevo “mico”.