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| 3/28/2011 12:00:00 AM

"A nadie se le hará seguimiento por su filiación política": Santos

El presidente de la República presentó la ambiciosa agenda de proyectos que llevará al Congreso. Entre ellos, la ley de inteligencia y contrainteligencia, que regulará esta actividad para evitar abusos como las 'chuzadas'.

"A nadie se le hará seguimiento por su filiación política": Santos "A nadie se le hará seguimiento por su filiación política": Santos
Once proyectos de ley tiene el gobierno de Juan Manuel Santos a disposición del Congreso. Dos de ellos, el código penitenciario y carcelario, y la ley de inteligencia y contrainteligencia, constituyen las dos grandes reformas que el propio presidente subrayó este lunes en la Casa de Nariño.
 
Para el Gobierno, estas dos iniciativas complementarán la apuesta en materia de seguridad, una asignatura que ha tenido algunos reveses en los más de siete meses de Gobierno, tal como se la han hecho saber los propios partidos políticos de la coalición.
 
La ley de inteligencia y contrainteligencia es el mismo proyecto que la Corte Constitucional declaró inexequible. A juicio de los magistrados, porque ha debido ser tramitada como una ley estatutaria.
 
Ese error lo enmendará el Gobierno con este nuevo proyecto. El objetivo es definir
el marco jurídico que regule la actividad de inteligencia del Estado, pero, sobre todo, definir los alcances de esta actividad.
 
Por eso, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que este nuevo marco jurídico, entre otras, pretende corregir los “errores del pasado”. La lógica referencia fue al escándalo de las interceptaciones ilegales, o las llamadas ‘chuzadas’, de las que fueron víctimas dirigentes de oposición, magistrados, periodistas y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
 
En la presentación de los proyectos, Santos fue concluyente: “A nadie se le podrá hacer seguimientos ilegales por su filiación política o su pertenencia a organizaciones defensoras de derechos humanos”.
 
Tras esa alusión, Santos dijo que el proyecto busca proteger los derechos de los ciudadanos ante cualquier abuso de los organismos de inteligencia, pero también proteger, especialmente, a los funcionarios encargados de esta actividad.
 
Santos recordó que, por ejemplo, los agentes encubiertos en organizaciones ilegales no cuentan con plena protección. El proyecto buscará mejorarla.
 
Pero no son los únicos alcances. El proyecto de inteligencia es ambicioso al ordenar la depuración de todas las listas de inteligencia del Estado colombiano. El Gobierno reveló que en dichas listas hacen parte dirigentes sindicales y hasta miembros de partidos políticos.
 
Dicha depuración será adelantada por una comisión que presidirá el procurador general de la Nación y que será meticulosa para que en esa labor se preserven los archivos que hacen parte de la memoria histórica de la Nación.
 
La ley de inteligencia también establecerá mayores controles de protección de la información reservada del estrado, incluso, contempla sanciones a la filtración de información cuando esta atente contra la seguridad del Estado.
 
La ofensiva al control carcelario
 
Otro de los proyectos que el presidente Santos subrayó entre la nueva agenda de iniciativas fue el código penitenciario y carcelario. La mención obligada del mandatario fue a las revelaciones de escándalos de corrupción en los centros penitenciarios.
 
Para subsanar las irregularidades, este nuevo código contempla que la seguridad de los centros de reclusión pueda ser contratada a empresas privadas. Bloqueo de señal de comunicaciones, registro de las llamadas autorizadas, todo con el propósito de evitar que desde el interior de las cárceles se siga delinquiendo.
 
Pero quizás una de las nuevas disposiciones de esta iniciativa busca eliminar los trasladados de internos para que cumplan diligencias judiciales.

Si el Congreso así lo determina, se establecerán como obligatorias las audiencias virtuales desde las cárceles. Según Juan Manuel Santos, un operativo de traslado, además de los riesgos ante posibles fugas, le cuesta al Estado 100 millones de pesos, y puede superar los 200 en casos que involucren a presos de más alta peligrosidad.

Los 11 proyectos expuestos por el presidente Santos serán radicados en el trascurso de la semana en el Congreso.

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