Atentos: presidente Petro anunció que reparará a las víctimas de lo que llamó “represión” en el paro nacional del año 2021

El presidente de la República Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional reparará a las víctimas de lo que llamó “represión” en medio del paro nacional que se registró en 2021 y las manifestaciones que se presentaron en 2020, decisión a la que llegó luego de sostener una reunión de alto nivel con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Petro por medio de su cuenta de Twitter reveló detalles del encuentro, en el que manifestó que se avanzará en procesos para que ese tipo de casos no se vuelvan a registrar en el país.

“Me he reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar sus recomendaciones sobre el estallido social del 2020/21″, trino Petro.

Y continuó con el mensaje: “El estado se compromete a reparar a las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social”.

Cabe señalar, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mostró su intención de acatar las recomendaciones que elevó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones que se habrían presentado en eventos que rodearon el Paro Nacional.

En su momento y en diálogo con SEMANA, la nueva directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, reveló que inició un proceso especial de revisión en compañía del ministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre las actuaciones de la fuerza pública que derivaron en demandas y en la fuerte postura del alto tribunal internacional.

El informe de la CIDH

En una de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno nacional es plantear la posibilidad de separar la Policía Nacional y con ella al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Ministerio de Defensa, con el fin de diferenciar las actuaciones que deben ejercer en las ciudades de las que tienen carácter militar. “Garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar”, dice el informe.

Además, la Comisión señaló cómo las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril de 2021 se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016.

“La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género”, indica un aparte introductorio del documento.

La CIDH advirtió en su momento que constató “la existencia de un clima de polarización que se relaciona de forma directa, tanto con la discriminación estructural étnico racial y de género, como con factores de carácter político. Este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes, que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión Interamericana encuentra especialmente preocupante estos discursos cuando provienen de autoridades públicas”.

Otro de los apartes del documento titulado “las protestas sociales iniciadas en abril de 2021″ aseguró que las jornadas de movilización, que comenzaron el 28 de abril de 2021, tienen reclamos similares a los de las movilizaciones de años anteriores. A través de sus mecanismos de monitoreo, la CIDH registró las protestas que se llevaron a cabo en 2019 y 2020 a nivel nacional. Entre otras cosas, estas estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz.

Por ahora la libertad de integrantes de la primera linea ha fracasado

Un no rotundo recibió la solicitud promovida desde el Gobierno para dejar en libertad a cuatro de los designados gestores de paz en la ciudad de Neiva.

El juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de la capital del Huila rechazó la pretensión elevada desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz al considerarla improcedente.

En la decisión judicial, emitida este jueves 26 de enero, se advirtió que no existían motivos de fondo para levantar la medida de aseguramiento emitida en contra de estos jóvenes, quienes en diciembre pasado fueron nombrados gestores para el proyecto de la ‘paz total’. Debido a esto, Andrés Felipe Yara Vargas, conocido con el alias de Payaso; Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel y Cristian Andrés Reyes Cuéllar, seguirán privados de la libertad.

“El despacho no accedió a las peticiones elevadas por la defensa, toda vez que resultan improcedentes a la luz de los argumentos expuestos”, sentenció el juzgado.

En el análisis jurídico del caso se determinó que, por el momento, no hay una resolución clara para levantar las medidas de aseguramiento que fueron impuestas por los respectivos jueces, como lo señala la ley, atendiendo las peticiones hechas por la Fiscalía.

Un nuevo revés sufrió el Gobierno de Gustavo Petro el martes de esta semana. La jueza 18 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad elevada para excarcelar de forma inmediata a Daniela Pérez Gantiva, designada a finales del año pasado como gestora de paz.

Pérez Gantiva es señalada por la Fiscalía General de ser alias ‘Polla’, una integrante de la Primera Línea de Engativá que protagonizó acciones delictivas en contra de la población civil, agentes de la Fuerza Pública y la infraestructura en las manifestaciones que se adelantaron en el occidente de la capital de la República durante el Paro Nacional del 2021.

En otro caso pero en Bogotá, la jueza 18 de control de garantías negó la solicitud de libertad elevada para excarcelar de forma inmediata a Daniela Pérez Gantiva, designada a finales del año pasado como gestora de paz.

Pérez Gantiva es señalada por la Fiscalía General de ser alias ‘Polla’, una integrante de la Primera Línea de Engativá que protagonizó acciones delictivas en contra de la población civil, agentes de la Fuerza Pública y la infraestructura en las manifestaciones que se adelantaron en el occidente de la capital de la República durante el Paro Nacional del 2021.