¿Burocracia innecesaria o avance para cerrar la brecha? Así va el debate sobre la creación del Ministerio de la Igualdad

No es un secreto que Colombia es uno de los países más desiguales. Ha sido calificado varias veces como el más desigual entre los miembros de la Ocde y se calcula que deben pasar por lo menos once generaciones para que una familia supere la pobreza.

Por esa razón, en campaña, Gustavo Petro propuso crear el Ministerio de la Igualdad y Equidad, una cartera dedicada a cerrar esa brecha.

La creación de la entidad, que sería presidida por la vicepresidenta Francia Márquez, fue aprobada en primer debate en el Congreso. A pesar de que las mayorías se manifestaron a favor, no se despejaron todas las dudas sobre los costos del nuevo ministerio y la posible duplicidad de funciones con otras dependencias.

El proyecto no detalla qué despachos del Estado conformarán el Ministerio de la Igualdad y Equidad, pero sí se habla de un despliegue nacional con direcciones regionales. Tampoco se especifica, como ocurrió con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, qué institución preexistente será la base de la nueva cartera.

El proyecto le entrega facultades extraordinarias al presidente Petro para conformar el sector y definir la nueva planta de personal, sin que la ciudadanía y el Congreso conozcan los detalles. Por ese motivo, hoy hay más incógnitas que certezas frente a ese nuevo ministerio.

El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, lanzó una advertencia: “El Congreso, al entregar facultades como un cheque en blanco, pierde su función principal. Estas comisiones primeras tienen una función esencial y es precisamente las plantas de personal, conocerlas y que el país las sepa”. Chacón exige que se informe sobre lo que se pretende hacer con las facultades y cuáles serían las posibles fusiones de despachos, consejerías y entidades para darle vida al ministerio.

Varios congresistas temen que se entregue un “cheque en blanco” que excedería las facultades del Congreso al darle la capacidad al presidente de configurar un ministerio como lo considere.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aboga por la reducción del tamaño del Estado. “Es un cheque en blanco para la emperatriz Francia Márquez, para sus deseos propios, no para la igualdad. Para repartir subsidios a costillas de los trabajadores y empresarios de Colombia”, dijo.

Por su parte, el argumento del senador Alexander López, coordinador ponente del proyecto, es que se trata de una “cirugía institucional muy compleja” y que sería inconveniente que el Congreso determine cómo se conformaría el ministerio. “Como lo hicimos con el Ministerio del Deporte, esas mismas facultades se le entregaron al presidente Iván Duque en su momento y nosotros, de oposición, le entregamos esas facultades porque lo consideramos pertinente”, sostuvo.

Varios congresistas de todas las vertientes aseguran que hay más de 10 entidades que cumplen las funciones descritas para el Ministerio de la Igualdad y Equidad, lo cual provocaría, de no fusionarse debidamente, duplicidad de funciones y desorden.

El ministerio tendría las mismas funciones del Departamento de Prosperidad Social, la Banca de las Oportunidades, la Consejería para la Participación de las Personas con Discapacidad, la Consejería para la Niñez y la Adolescencia, la Consejería para la Juventud, Migración Colombia y el ICBF.

De acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, otros cinco ministerios y viceministerios tienen la igualdad como principio fundamental.

“Lo que pareciera es que quieren mantener esas entidades y, adicional a eso, crear el Ministerio de la Igualdad y Equidad. No veo ningún interés o ánimo de fusionar esas entidades, sería una duplicidad de funciones”, agregó Motoa.

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, expresó su preocupación: “Aquí podemos estar creando un Frankenstein de la supuesta igualdad que nos va a llevar a armar un sancocho de entidades, cargos administrativos, presupuestos y facultades”.

La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, radicó una proposición para que el Departamento de Prosperidad Social se fusione con el Ministerio de la Igualdad, pero no es seguro que el Gobierno apruebe ese movimiento. En septiembre, el presidente Petro aseguró que no quiere que el DPS sea la columna vertebral de la cartera, ya que dijo que no cree que “a punta de limosnas para pobres se construya la igualdad”.

Sin embargo, se dejó la puerta abierta para contemplar la fusión. “Se abrirá una mesa técnica para evaluar si Prosperidad Social debería integrarse a ese ministerio. Por el momento, lo que se quiere es integrar varias consejerías”, dijo el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico.

La incertidumbre del costo

Mientras los colombianos se preparan para la entrada en vigencia de la reforma tributaria en tiempos de inminente recesión, el Gobierno busca ampliar el gasto público con un nuevo ministerio. Aún no se tiene conocimiento sobre lo que costará, pero los ponentes del proyecto afirman que sería cercano a 30.000 millones de pesos anuales.

Sin embargo, llama la atención que, al fusionarse otras entidades y despachos, este presupuesto sea mayor, generando más incertidumbre sobre el posible poder de Francia Márquez como ministra.

Cabe resaltar que, en caso de que se apruebe que el Departamento de Prosperidad Social sea absorbido por el Ministerio de la Igualdad, se le sumarían cerca de 6 billones de pesos al presupuesto. A su vez, el ICBF, otra de las entidades con las que habría duplicidad, podría aportar cerca de 8 billones de pesos.

Según la bancada del Pacto Histórico, de cualquier forma, la meta sería una burocracia racional y una alta inversión en políticas públicas en pro de combatir la brecha de desigualdad en Colombia. A pesar de que se prometió racionalizar los costos e incluso usar mobiliario de otras entidades del Estado, habrá más costos en momentos en que el país sufre elevado déficit fiscal.

El Ministerio de la Igualdad es la materialización de la lucha de la vicepresidenta Francia Márquez. Sin embargo, es claro que una eventual y excesiva burocracia no garantiza que el país deje de liderar los rankings de desigualdad y que los colombianos salgan de la línea de pobreza. Eso es lo realmente importante.