Citan a primer debate de control político a varios ministros del gobierno de Gustavo Petro

A tan solo dos días de haberse posesionado el nuevo gobierno, un grupo de congresistas citó a varios ministros de Gustavo Petro para hablar sobre la política antidrogas que adelantará el Ejecutivo en estos cuatro años.

Lo que más llama la atención es que los citantes no son miembros de la oposición, sino que se trata de congresistas cercanos, aunque no propiamente del Pacto Histórico. La mayoría son de la Alianza Verde. La proposición fue presentada por el representante Duvalier Sánchez y fue respaldado por un gran número de la bancada.

Lo acompañan Daniel Carvalho, Wilmer Castellanos, Catherine Juvinao, Juan Diego Muñoz, Katherine Miranda, Alejandro García, Jennifer Pedraza (Dignidad), Santiago Osorio Juan Camilo Londoño, Cristian Danilo Avendaño y Jaime Raúl Salamanca, prácticamente todos de la Alianza Verde o por lo menos de la Coalición Centro Esperanza.

Los funcionarios citados al Congreso son el ministro de Defensa, Iván Velázquez; el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; la ministra de Salud, Carolina Corcho; el director de la Policía Antinarcóticos, mayor general Mayor General Ricardo Augusto Alarcón; el alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda; y el alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, que todavía no ha sido nombrado por Petro.

La idea es que los miembros del alto Gobierno puedan hacer un balance de su propuesta de lucha contra las drogas y las medidas que se deben enfocar.

El nuevo mandatario ha expresado su deseo de regular algunas sustancias y cambiar las restricciones de una política prohibicionista, como hasta ahora ha sido en el país. Los congresistas esperan que los ministros y altos funcionarios puedan detallar cómo encontraron las dependencias y cómo avanzarán en ese propósito.

También se invitó al debate a la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y les pidieron rendir un informe con relación a los cuestionarios adjuntos. A su vez, invitaron a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unocd).

Más allá de ser un debate de control político para criticar al nuevo gobierno, lo que esperan que los ministros expresen cuáles serán sus propósitos en la materia en estos cuatro años.

Algunos de los interrogantes que se dejan en la proposición indagan sobre qué harán al frente de la cartera. Por ejemplo, al ministro de Defensa se le cuestiona cuáles serán las acciones estratégicas para la investigación criminal para golpear las cadenas de valor de las actividades ilícitas.

Lo que más llama la atención del debate es que buscarán información de gobiernos anteriores. Se pide informar las actividades que ha realizado el Ejército y la Policía desde el 2014 hasta hoy, especialmente en Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Córdoba, Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

Además, preguntan por las medidas del Gobierno saliente en mecanismos de comunicación con la población. Cuestionan qué medidas se han implementado para “reducir las redes de corrupción de las economías ilegales entre grupos al margen de la ley, civiles y algunos integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía”, dicen. Piden detallar el presupuesto de los últimos 20 años para la erradicación de cultivos.

En general, a todos los ministerios les piden rendir cuentas de lo que ha sucedido en la cartera por lo menos de 10 años hacia acá, con el propósito de detallar lo que han hecho los anteriores gobiernos.

Al Ministerio del Interior también le piden que especifique desde 2014 cuántas mesas de diálogo y concertación se han tenido con las comunidades, en el caso del Ministerio de Justicia preguntan para conocer el tratamiento jurídico a pequeños cultivadores desde hace 10 años, en el caso de salud, cuál ha sido el presupuesto para prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Al director de la Policía Antinarcóticos le piden conocer cuáles han sido los procedimientos para garantizar la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública y las comunidades en las operaciones de radicación manual.