Con reubicación en otras entidades y estímulos económicos, Cambio Radical propone premiar a quienes denuncien actos de corrupción dentro del Estado

Con diferentes incentivos, como reubicaciones en otras entidades o estímulos económicos, el partido político Cambio Radical está proponiendo que se profundice la lucha contra la corrupción dentro del Estado.

La propuesta de esta colectividad, declarada en independencia del actual gobierno, está consignada en un proyecto de ley que llevaron al Congreso varios congresistas de la bancada y que espera comenzar su trámite por el Senado, en las próximas semanas.

Sin lugar a dudas este flagelo es uno de los que más preocupa a los ciudadanos, los cuales ven que cada rato se destapan escándalos de corrupción con servidores públicos que, en algunas ocasiones, son castigados, pero que en otras parecen quedar en la impunidad.

De acuerdo con el representante a la Cámara por Cambio Radical Víctor Tovar, uno de los impulsores de la iniciativa, la idea es buscar “mecanismos de protección y compensación al denunciante de actos de corrupción administrativa”.

“Debemos incentivar a las personas a denunciar y no ser cómplices pasivos”, afirmó el congresista, quien añadió que con esta norma se quiere “beneficiar a todas aquellas personas que de buena fe arriesgan su integridad y su trabajo y hasta su vida al momento de denunciar ese tipo de delitos”.

Y explicó que en el proyecto se propone el establecimiento de normas, procedimientos y mecanismos para “proteger la identidad y estabilidad laboral y física de los servidores públicos, cualquier persona natural o jurídica que reporte de forma oportuna, formal y justificada” los actos corruptos.

“No podemos permitir que se continúen presentando estos actos de corrupción administrativa y que se sigan robando recursos públicos destinados al desarrollo de las regiones de nuestro país por falta de garantías y protección al denunciante”, señaló el representante a la Cámara por Cambio Radical.

Según el proyecto propuesto, la protección sería para quienes denuncien comportamientos corruptos en entidades del Estado y que sean contratistas, supernumerarios, judicantes, pasantes o cualquier ciudadano que tuviere conocimiento de estas conductas.

Las denuncias deben ser sobre delitos que estén en el Código Penal, la ley sobre “organización del sistema de control fiscal financiero” y la norma que autoriza algunas “operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación” y las de “saneamiento de obligaciones crediticias entre entidades públicas”.

Los requisitos que deben tener las denuncias para que se puedan obtener los beneficios son que estén escritas y sustentadas de manera debida; que incluyan claramente la identificación e individualización de las personas señaladas de los supuestos delitos; que se traten sobre hechos que no estén siendo investigados, y que el denunciante suscriba un compromiso de confidencialidad para no afectar los procesos.

Los beneficios se dividen en tres: laborales, económicos y jurídicos. Dentro de los primeros están que si el denunciante es servidor público se le garantizará su estabilidad laboral y, en caso de ser necesario, se le reubicará en entidades similares y, según el caso, se le promoverá a cargos de mayor jerarquía.

En materia económica y dependiendo de los casos habría “estímulos económicos por delación e información que coadyuven a garantizar avances en la investigación” del caso de corrupción puntual. Y en el tema jurídico, habría beneficios penales y disciplinarios en caso de que el denunciante esté implicado en los hechos corruptos que está denunciando.

La propuesta contempla que estos beneficios no se aplicarán cuando las denuncias “afecten directamente la seguridad nacional, orden interno, las actividades de inteligencia y contrainteligencia que pudieren ser desarrolladas por las entidades que estén amparadas dentro de sus funciones y competencias, salvo las referidas a los procesos de adquisición, mantenimiento de equipos, bienes, servicios o interés indebido en materia contractual”.

De igual forma, cuando “afectan la política exterior y las relaciones internacionales”, cuando “la información obtenida vulnere gravemente el derecho a la honra y la intimidad personal”, falte al secreto profesional o “atente contra personas protegidas por normas específicas”.

Como es apenas natural, el proyecto tampoco permite los beneficios cuando haya denuncias temerarias, que proporcionen información supuestamente suministrada de mala fe con el presunto propósito de sacar provecho de algún funcionario o entidad pública.