Congresistas uribistas se fueron de frente contra el presidente Petro tras anuncio de regular directamente los servicios públicos

La decisión del presidente Gustavo Petro de retomar las funciones de control y administración en los servicios públicos, incluyendo las tarifas, generó una oleada de críticas, ya que varios sectores consideran que se estaría tomando facultades que no le corresponden.

Desde la bancada del Centro Democrático distintos parlamentarios reclaman que el deber del mandatario es trabajar en conjunto con las entidades del Estado para brindar una solución a esa problemática, pero no apoderarse y tener el control de ellas.

Uno de los que cuestionó el anuncio de Petro desde el partido de oposición fue el senador Miguel Uribe, quien calificó de “absurda” la propuesta de Petro y criticó que con esas decisiones evidencia un talante “autoritario” y “desconocimiento” de ese problema.

“Está poniendo en riesgo la institucionalidad y la independencia técnica que se ha consolidado en este sector. En vez de ordenar las tarifas, esta propuesta del presidente va a incrementar su costo y posiblemente llevarnos a un desabastecimiento”, reclamó Uribe.

El senador del Centro Democrático dijo que mientras eso sucede, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estableció que la intervención de Petro en el marco regulatorio puede terminar debilitando el perfil crediticio de las empresas de servicios públicos del país.

A esas críticas se sumó la voz de Paloma Valencia quien dijo que la idea llevará a un “retroceso peligroso”. “Se decidió que las tarifas de los servicios públicos sean un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas. Presidente Petro decide asumir funciones de comisiones de regulación de servicios públicos”, aseguró la congresista.

Otro de los que cuestionó al mandatario desde la oposición fue el representante Andrés Forero. Dijo que el mandatario estaría repitiendo los errores del pasado y estaría “arrasando” con la institucionalidad técnica que el país había logrado construir en las últimas décadas.

“En este caso, si es que termina politizando las decisiones que antes tomaban esas comisiones, es muy posible que se ponga en riesgo el suministro de esos bienes y servicios”, aseguró Forero.

El congresista dijo que si el Banco de la República no tuviera una protección constitucional, tal vez Petro buscaría quedarse con esa entidad.

Por su parte, el senador Ciro Ramírez señaló a Petro de “autoritario”. Cuestionó que tome esas facultades para controlar las tarifas de los servicios públicos. “Lo que le sugerimos, y lo hemos dicho a la ministra de Minas desde el Congreso de la República, es trabajar de manera armónica y articulada con la Comisión de Regulación, con el Ministerio, para buscar una solución final a las tarifas de energía pública y las tarifas de servicios públicos”, aseguró Ramírez.

El senador dijo que lo que Petro ocasionará con esta medida será un “caos en la inversión” y en un sector fundamental de la economía. “Esto puede llegar a consecuencias muy graves para la inversión y un problema a futuro también para los servicios públicos en Colombia”, dijo el congresista del Centro Democrático.

El anuncio del mandatario sorprendió y generó una tormenta política. Desde Duitama, Boyacá, donde se encontraba reunido con miembros de distintas comunidades, el presidente afirmó que aplicará políticas generales de administración y control de eficiencia sobre los servicios públicos para ejercer control, inspección y vigilancia de las entidades.

“¿Y eso qué significa?, que el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración de servicio públicos domiciliaros que son el agua, la luz”, confirmó Petro.

A pesar de las críticas, el mandatario se ha sostenido en su posición. En las últimas horas reafirmó que esa idea sigue adelante y que está respaldado por la Constitución Política. “¿Cómo va a ser un error histórico asumir mis competencias constitucionales? La Constitución del 91′ le entregó al presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos, y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era el de las y los usuarios”, dijo el mandatario.