Congreso, el camino del Gobierno para atender la emergencia invernal

Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prórroga de la emergencia por la ola invernal, el Gobierno no tiene más camino que acudir al Congreso para sacar adelante las medidas para la atención de los damnificados.
 
Precisamente ese es el camino que sugirió en su fallo la Corte Constitucional al advertir que las medidas para atender la ola invernal pueden ser tramitadas en el Legislativo.
 
Se trata de un camino más tortuoso y menos expedito que el de los decretos con fuerza de ley que el Gobierno expidió en el marco de esa emergencia y que le permitían actuar casi de forma inmediata.
 
Ahora, esos decretos tendrán que convertirse en proyectos de ley y pasar un trámite que, así el Gobierno ponga a marchar a las mayorías políticas que lo acompañan, no los tendrá en la mano si no hasta el mes de mayo.
 
Con la decisión de la Corte se cayeron de forma instantánea cerca de diez decretos. Unos tan controvertidos como la reestructuración de las CAR.
 
Pero el efecto más grave, y así lo reconoce el Gobierno, es el de la adición al presupuesto que por más de 5.5 billones de pesos para atender los efectos de la emergencia.
 
Tras el fallo de la Corte, por ejemplo, 1.5 billones de pesos que había reclamado el ministro de Agricultuira, Juan Camilo Restrepo, para atender seguros de cosecha y créditos para agricultores damnificados, “han quedado en el aire”.
 
Los recursos que serían destinados para el Fondo de Adaptación, 1.5 billones, para el Fondo Nacional de Regalías, medio billón, para la atención de emergencias y desastres en el Ministerio del Interior, y el fondo de calamidades, cerca de cuatro billones, también quedaron en entredicho.
 
Por eso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que ese proyecto, el de la adición del presupuesto de 2011, tendrá que ser el primero en tramitarse en el Congreso.
 
Esta circunstancia política, y así lo entiende el ministro, obliga a un giro en la agenda del Congreso, más aún cuando 24 horas antes del fallo de la Corte, el propio presidente Juan Manuel Santos le había anunciado once proyectos nuevos y pidió apoyo para sacarlos.
 
Congreso, a disposición del Gobierno
 
Los presidentes de Senado y Cámara de Representantes manifestaron estar atentos a que el Gobierno presente los proyectos y darles ágil trámite para que se conviertan en medidas efectivas.
 
Armando Benedetti, presidente del Senado, incluso se mostró dispuesto a incluir en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo la consecución de recursos para los damnificados de la ola invernal.
 
A este proyecto solo le faltan dos debates, los de las respectivas plenarias, y podría salir en menos de un mes.
 
“La idea es que en plenaria del Senado se le dé el debido estudio y celeridad respectiva para sacar este proyecto lo más rápido posible”, dijo Bendetti.
 
Sin embargo, el Gobierno pretende radicarlo como un proyecto independiente, según lo confirmó el viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master.
 
En ese caso, sería un proyecto con mensaje de urgencia para que las comisiones económicas, de forma conjunta, le den el visto bueno.
 
Este camino también podría significarle al Gobierno tener la adición presupuestal en un término de cinco semanas.
 
Las otras medidas, que se cayeron con la decisión de la Corte, tendrán que ser argumento de nuevos proyectos, aunque puede que algunas se pospongan.
 
Tanto Armando Benedetti, como Carlos Alberto Zuluaga, presidente de la Cámara, admitieron que con la nueva circunstancia el Congreso tendrá que duplicar su trabajo.
 
Reformas que eran prioritarias, como la ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, el estatuto de oposición, y la política de seguridad ciudadana se podrían dilatar aún más.
 
Otros decretos que tendrán que pasar por el Congreso
 
- Creación del Programa Especial para la Reforestación, dirigido a áreas afectadas por el invierno y que incluía un incentivo especial del Ministerio de Agricultura.
 
- Alivios a los créditos de agricultores, la posibilidad que compañías extranjeras emitieran seguros agropecuarios, y la creación de una dirección de riesgos agropecuarios en el Ministerio de Agricultura.
 
- Inversión de recursos públicos en inmuebles que sirvieran de escuelas, así fuera de manera temporal y aunque no fueran propiedad del Estado.
 
- Ayudas tributarias a compañías damnificadas.
 
- Subsidio excepcional para el pago de los servicios públicos a damnificados.
 
- Reforma a las CAR.
 
- Creación de los planes de acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos que debían crear las nuevas CAR.
 
- Modificaciones al Fondo de Adaptación, entidad encargada de la reconstrucción.
 
- Mecanismos de control de la Contraloría a los recursos destinados a las regiones para la atención de emergencias.