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Congreso se declara "culpable" por crisis carcelaria

Congresistas de todos los partidos reconocen que parte de la culpa por el hacinamiento en las cárceles colombianas fueron las decenas de leyes que aumentaron penas y crearon nuevos delitos.

Rodrigo Urrego B., redactor de Semana.com
11 de septiembre de 2012

El tan anunciado debate de control político contra la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, que le adelantaría la oposición en la Comisión Primera del Senado por la crisis carcelaria en el país, tomó un giro inesperado.
 
Cuando se creería que los partidos políticos le exigirían a la ministra resultados, pero sobre todo, soluciones “realistas” para resolver la dramática situación de los centros carcelarios en el país, que acumulan un hacinamiento que ya se eleva al 47 %, los senadores de la Comisión declararon “culpable” al Congreso por coadyuvar a que esa crisis haya llegado a su nivel más intolerable, precisamente en momentos en que en el país el presidente de la República ha promovido el debate sobre el perdón y reconciliación.
 
Desde el senador citante del debate, Luis Carlos Avellaneda (Progresistas); pasando por el exministro de Justicia y hoy senador del Polo, Parmenio Cuéllar; hasta el más longevo de los senadores actuales, el conservador Roberto Gerlein; los liberales, los verdes y la U, representada este martes por el uribista Juan Carlos Vélez, todos los sectores políticos del país coincidieron en el grave error que resultó “aprobar y aprobar” todos los proyectos de distintos gobiernos en los que reclamaban aumento de penas y de conductas sancionables.
 
‘Fábrica de presos’
 
Para el senador Eduardo Enríquez Maya (P. Conservador), el colapso del sistema carcelario es responsabilidad de la ausencia de una política judicial del Estado colombiano. A tal punto que, según el senador, “el sistema penal colombiano está desarticulado”.
 
Enríquez Maya sustentó su afirmación en que hoy Colombia es un caso atípico en el mundo porque en su código penal hay “nada más ni nada menos que ¡374 figuras delictivas!”, lo que permite que los jueces del país lean la letra menuda de la norma y oriente sus decisiones a que la única fórmula de castigo sea la de privar a las personas de su libertad.
 
A tal punto, recuerda Enríquez Maya, que hasta han metido a la cárcel a gente inocente. “Hoy el Estado tiene demandas con pretensiones que superan los ¡2 billones de pesos!”.
 
Su colega de bancada, el veterano Roberto Gerlein fue más directo. El Congreso, dijo quien ha ‘vivido por más de 36 años en el Capitolio, se ha dedicado a aprobar todas las ideas de los gobiernos que buscan seguridad a punta de aumentar los castigos. “El Congreso se ha convertido en una fábrica de presos”, dice Gerlein. “Acá llegan los proyectos a las 9 de la mañana y al medio día ya son leyes”.
 
Manuel Enríquez Rosero, senador de ‘la U’, culpa incluso al actual gobierno de incurrir en ese error. Recuerda que el ministro Germán Vargas Lleras, en su época de timonel de la maquinaria legislativa, llegó al Congreso con los estatutos se seguridad ciudadana, el estatuto anticorrupción, por ejemplo, que por atender reclamos de la opinión pública, y por legislar por coyuntura, buscaban aumentar penas y crear nuevos delitos.
 
Por eso en la Comisión Primera, los partidos políticos coincidieron en que la política judicial del Estado es “horrorosa”, según palabras de Enríquez Maya, y que el Congreso ha tenido la culpa junto con los gobiernos desde la mitad del siglo pasado.
 
Sanciones, sin cárcel
 
Pero en lo que no hay consenso es en las fórmulas de solución para resolver la crisis carcelaria. Y hay tantas propuestas como presuntos intereses.
 
Porque por ejemplo, el senador Juan Carlos Vélez (la U) afirmó que la reciente encuesta de Ipsos Napoleón Franco, revelada por RCN y SEMANA, en la que creció el optimismo por los diálogos de paz, también indicó que la percepción ciudadana es que el 65% de los consultados tiene “mala imagen del sistema judicial”. Por eso, Vélez le pidió al gobierno contemplar su proyecto de convocar a una Constituyente.
 
El mismo senador antioqueño propuso “novedosas” fórmulas para disminuir el hacinamiento carcelario. Por ejemplo, la figura de la fianza, la detención domiciliaria, la rebaja de penas.
 
Los liberales también acogieron esa tesis pero en casos de falsos positivos judiciales, como los llamó el senador Juan Manuel Galán, que son los “inocentes que están encarcelados y sin resolver su situación”, o los que por razones “casi que humanitarias”, como las que reseñó el senador Luis Fernando Velasco, en las que hay hasta enfermos terminales o de avanzada edad que siguen detenidos porque no han pagado la totalidad de sus condenas.
 
Roberto Gerlein por lo menos le pidió al Congreso que no ayude a aumentar el problema aprobando nuevas normas. “Tenemos que dejar de legislar con la pasión del vía andante”. Dice que hoy los ciudadanos están pidiendo cárcel para quienes manejen ebrios.
 
Los congresistas coinciden con el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, que meterlos a la cárcel no acaba el problema de los cientos de accidentes y muertes producto de la irresponsabilidad de los conductores, y que lo único que ayudan es aumentar la crisis carcelaria. “¿Dónde los vamos a meter?”, se preguntó Otálora.
 
Por eso, un proyecto del actual presidente del Congreso, Roy Barreras, quien hace un mes aseguró que tenía el guiño del presidente Juan Manuel Santos, y que propone detención para los conductores que causen muertes y accidentes bajo el influjo del alcohol, perdió mucha fuerza.
Parmenio Cuellar dice que se piense en Otro tipo de sanciones. En ese caso específico, por ejemplo, dijo eliminar de por vida la posibilidad para quien haya reincidido en esa conducta de volver a conducir un vehículo.

Gerlein, quien estuvo muy activo en este debate, hasta propuso sanciones económicas y drásticas, en favor de las víctimas. “Que el responsable esté en la cárcel no repara el daño”, consideró.

Pero lo que muchos parlamentarios rechazaron es que la fórmula del gobierno sólo se reduzca al pico y placa o restricción de horarios para las visitas de los familiares de los presos, ni mucho menos a que se construirán “seis nuevo megas centros carcelarios”, como lo anunció la ministra Ruth Stella Correa hace tres semanas en el Congreso.

Por eso le pidieron al gobierno analizar muy bien la solución y que no contribuya con nuevos proyectos al hacinamiento carcelario.

Sin embargo, la esperada respuesta de la ministra de Justicia, este martes no se pudo escuchar. El debate se extendió hasta las dos de la tarde y por el partido de fútbol Chile – Colombia se propuso continuarlo la próxima semana.

Una semana más cuando los rumores de huelgas de hambre en las cárceles del país ya completan tres semanas. La ministra de Justicia dice que en pocos días el gobierno presentará la fórmula y que espera dar respuesta al congreso el próximo 19 de septiembre.

Los senadores se fueron presurosos del recinto al igual que todos los asistentes. Y como dijo el senador Luis Fernando Velasco a los periodistas que esperaban en la salida, “menos mal hay otra semana para que nadie vaya a pedir cárcel a Falcao si no hace goles a Chile”.