Congreso le entregó a Santos tres leyes clave para su gobierno

Como otra “jornada histórica” del Congreso calificó el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, la tarde de este primero de junio. Tres de las leyes clave, reclamadas por el Gobierno para adelantar algunas de sus principales reformas, fueron conciliadas entre el Senado y la Cámara de Representantes.
 
El presidente Juan Manuel Santos, antes de cumplir su primer año de gobierno, ya tiene en su despacho la Ley de Víctimas, el Estatuto Anticorrupción y el Estatuto de Seguridad Ciudadana.
 
Los tres habían sido los proyectos más reclamados por el presidente, pues se constituían en los instrumentos legales para sus principales políticas de gobierno: el saldo de la deuda histórica con las víctimas, la ofensiva contra los actos de corrupción y la política de seguridad para enfrentar las bandas criminales y la inseguridad en las ciudades.
 
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consiguió en solo 10 meses que el Congreso le entregara al Presidente las herramientas para adelantar estas políticas.
 
El presidente del Senado, Armando Benedetti (La U), dijo que el Congreso le ha entregado al Gobierno “la mejor caja de herramientas. Ahora le corresponde al presidente Santos su aplicación”. También calificó como un "hecho sin antecedentes" que el Congreso, faltando 20 días para el cierre de sesiones, haya evacuado la agenda legislativa.
 
Carlos Alberto Zuluaga (P. Conservador) coincidió en esa apreciación. “Los partidos de la Unidad Nacional le hemos dado las herramientas para la prosperidad al Presidente, ninguno de los proyectos que él presentó tuvo tropiezo, el balón lo tiene el Gobierno en su cancha, el Congreso le ha dado el espaldarazo, ahora el Gobierno tiene que cumplir”.
 
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consideró como “clave” el papel desempeñado por los partidos políticos para que los proyectos se conviertan en leyes. “El Congreso le entregó al Gobierno un arsenal de herramientas para enfrentar sus principales políticas. Las labores coordinadas entre el Gobierno y la mesa de Unidad Nacional fueron determinantes para este resultado tan positivo".
 
Ley de Víctimas: “el paso a la reconciliación”
 
La Ley de Víctimas fue calificada por Santos como el “saldo de una deuda histórica” con las víctimas del conflicto. Desde el mismo momento de su posesión, el 7 de agosto de 2010, Santos anunció que durante su gobierno aspiraría “a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.
 
La ley fue calificada por el propio Gobierno como el principal paso para ese propósito. Tanto que el 27 de septiembre de 2010 el presidente Juan Manuel Santos, en lo que fue el mensaje político decisivo para la aprobación de esta ley, radicó el proyecto personalmente en el Congreso.
 
El día de su posesión santos también se comprometió con una Ley de Tierras para que los terrenos que han sido despojados “regresen a las manos campesinas, a los que de verdad las trabajan con vocación y con sudor”.
 
Ese capítulo de tierras fue incluido en la ley de víctimas que Santos sancionará el próximo 11 de junio, en un acto que contará con la presencia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon.
 
La lucha contra la corrupción
 
Pero el primer proyecto que le presentó el presidente Juan Manuel Santos al Congreso fue el que concentraba las herramientas jurídicas y legales para combatir lo que llamó “el verdadero desastre para nuestro país: la corrupción”.
 
Fue el 6 de septiembre cuando Santos, junto a las cabezas de los organismos de control, presentó la que sería la política de Estado contra la Corrupción.
 
Un conjunto de normas que modificaban el código penal y que establecía sanciones más drásticas para quienes desviaban recursos públicos y le quitaba los beneficios de casa por cárcel a los servidores involucrados en actos de corrupción.
 
El proyecto, sin embargo, tuvo un trámite más dilatado. La aspiración del Gobierno era implementar esta política desde enero del presente año, pero la discusión tuvo momentos álgidos por la confrontación entre el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y miembros del Partido Conservador, algunos de ellos mencionados en irregularidades en la Dirección Nacional de Estupefacientes.
 
Los pulsos políticos se superaron, sobre todo porque el trámite del proyecto sucedió a la par de que los organismos del Estado destapaban auténticas ollas de corrupción en organismos estatales y en el sector de la salud, y también en medio del mayor escándalo por irregularidades en la contratación en la ciudad de Bogotá.
 
El proyecto fue aprobado el pasado mes de mayo. Pero este primero de junio se concilió el texto definitivo y el Senado aceptó la eliminación de la reglamentación del lobby o cabildeo, que era la posibilidad de que los particulares pudieran hacer gestiones en el Congreso en la construcción de las leyes.
 
La ofensiva contra las ‘bacrim’
 
En su discurso de posesión, el presidente Santos afirmó que como “comandante supremo” de las Fuerzas Armadas “trabajaré para acabar de consolidar la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional”.
 
A pesar de este anuncio, los primeros meses de gobierno no fueron fáciles ni para él ni para su ministro de defensa, Rodrigo Rivera.
 
La percepción de inseguridad, especialmente en las ciudades, fue quizás la asignatura que más golpeó al Gobierno. De nada bastaba que el director de la policía, general Óscar Naranjo, presentara cifras sobre la disminución de delitos.
 
Desde el Congreso, algunos partidos políticos de la propia coalición, concretamente sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe, alertaban sobre un retroceso en materia de seguridad. Incluso, la permanencia del ministro de Defensa fue puesta en duda.
 
El Gobierno identificaba como principal factor de riesgo el fenómeno de las bandas criminales. Santos descartó cualquier negociación con los miembros de esas organizaciones delincuenciales, que muchos han calificado como herederos de los paramilitares.
 
El 5 de octubre de 2010, los ministros Germán Vargas Lleras y Rodrigo Rivera, junto al entonces fiscal general Guillermo Mendoza Diago, radicaron el proyecto en el Senado.
 
La iniciativa buscaba, principalmente, modificar el código penal y el código de infancia y adolescencia, para establecer nuevos delitos, imputar cargos a menores de edad y brindarles mayores herramientas la Fiscalía y los jueces de la República para judicializar a los miembros de las ‘bacrim’.
 
Casi ocho meses después, el Congreso le dio las herramientas jurídicas al Gobierno en esta ofensiva contra el crimen en las ciudades.
 
El nuevo desafió, lo admitió el ministro del Interior al término de esta jornada, es la aplicación de este nuevo conjunto de normas, un papel que sólo le corresponde al Gobierno.