Crean mesa de concertación para encontrar fórmulas que bajen el salario de los congresistas

La fórmula para bajar el salario de los congresistas parece hasta el momento uno de los secretos mejor guardados del país.

Desde el 1998, cuando se hizo el primer intento, hasta la fecha, se han hundido 18 proyectos de ley que, mediante una fórmula u otra, han buscado reducir la generosa remuneración mensual que reciben los senadores y representantes a la Cámara.

Justamente con miras a encontrar salidas, en medio de la indignación que sigue generando la desproporcionada asignación que reciben los parlamentarios en comparación con muchos otros colombianos, el Congreso acaba de crear una mesa de diálogo para analizar todos los proyectos radicados hasta el momento que versan sobre este tema.

La propuesta fue firmada por 65 congresistas y aprobada esta tarde por el Congreso en pleno.

“Hemos firmado una proposición para conformar una mesa diálogo para concertar la reforma al Congreso, que fue una de las promesas que se hizo durante la campaña, modificaremos el régimen salarial, analizaremos las sanciones por el ausentismo, así como la limitación a los periodos de elección”, explicó el representante del Pacto Histórico Pedro Suárez Vacca.

Hasta el momento, las propuestas que se han radicado son la que busca congelar la remuneración de los parlamentarios hasta 2026 y a partir de ese año bajarla, la que pretende eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas, cercana a los 11 millones de pesos, el pago por sesión y el establecimiento de un impuesto del 10 % al salario de los senadores y representantes.

Si bien estos proyectos pueden tener propósitos loables, la realidad es que este debate, además de la histórica falta de voluntad de los congresistas para renunciar a sus privilegios, encierra también complejidades jurídicas

Básicamente, son dos los elementos que se han usado para hundir estas propuestas.

El primero de ellos tiene que ver con que la ley obliga a los congresistas a declararse impedidos cuando el efecto de la decisión “sea en su beneficio o perjuicio” y se aplique de manera “inmediata”.

Adicionalmente, cuando los congresistas asumen su curul, según argumentan ellos mismos, tienen unos derechos adquiridos, protección que otorga la misma Corte Constitucional, por lo que bajarse el sueldo implicaría estar violando este derecho.

Propuestas

Ante estas discusiones jurídicas, expertos y académicos también han entregado sus fórmulas para salir de esta encrucijada.

Una de las primeras en entregar fórmulas fue la abogada laboralista Juliana Morad, quien considera que “no existen derechos absolutos en Colombia”, razón por la cual los derechos salariales de los congresistas se pueden limitar invocando el interés general. Sobre todo si se tiene en cuenta que no se puede tocar el núcleo esencial de la protección, que es el que sí reciben como remuneración por su trabajo.

Por su parte, el jurista e investigador de Dejusticia Rodrigo Uprimny planteó la creación de un “régimen de transición renunciable, es decir, tramitar un proyecto de ley para que la asignación salarial de los congresistas disminuya año a año, de tal manera que cuando termine el actual Congreso esté en máximo 25 salarios mínimos.

En todo caso, como se trata de un régimen de transición renunciable, cualquier congresista podría voluntariamente acogerse al tope de 25 salarios mínimos de manera inmediata.

La economista e historiadora María del Pilar López estuvo de acuerdo con la disminución progresiva en la remuneración de los parlamentarios, pero le agregó otro elemento a la fórmula: que el salario congresional no aumente a partir del mínimo, sino con base en el índice de precios del consumidor (IPC).

De esta manera, se lograría en el mediano plazo una mayor disminución, pues el salario mínimo generalmente aumenta más que el IPC.