Crece el Presidente, se encoge la institucionalidad

Con el paso del tiempo el presidente Álvaro Uribe ha logrado acumular más poder del que ningún otro mandatario en la historia colombiana ha llegado a detentar. De un presidencialismo moderado, el país ha pasado a tener un régimen superpresidencialista y como consecuencia han salido vapuleadas las instituciones democráticas.

Las demás instituciones del Estado, al lado de la Presidencia, lucen como enanas, cada vez más debilitadas. En parte este proceso de desinstitucionalización del Estado se debe a que el Primer Mandatario tiene un estilo de liderazgo todero, controla cada minucia y se salta los conductos regulares para tomar decisiones, y en parte, porque la estructura legal del Estado no fue creada para soportar una reelección presidencial.

Congreso cooptado

Uno de los episodios recientes que ilustra el debilitamiento institucional de otras ramas del poder público quedó demostrado con el acuerdo militar con los estadounidenses.

El Ejecutivo acudió al Consejo de Estado para consultar cómo debía proceder. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada: el acuerdo no se sometería a discusión del Congreso. Aunque el Alto Tribunal calificó el acuerdo como “desbalanceado para el país” y sugirió al Ejecutivo que permitiera el control democrático a través del Legislativo, el gobierno hizo caso omiso del Consejo.

Y además, salvo lo que dijeron algunas voces en el desierto, el Congreso aceptó la posición del gobierno sin ningún reparo.

Otra evidencia de la flaqueza del Congreso es su falta de capacidad de hacer investigaciones autónomas. No cuenta con un sistema de información efectivo y su trabajo muchas veces no logra hacer balance a otros poderes. Ante la falta de recursos y de garantías, por ejemplo, los integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes renunciaron esta semana. En el trasfondo de su renuncia se advierte la falta de capacidad de esta célula legislativa frente a los desafíos de la institucionalidad.

El debilitamiento del Congreso se debe, en buena parte, a su relación clientelista tradicional, pero que en este gobierno se ha visto exacerbada, como quedó comprobado con  la yidispolítica y la llamada “feria de las notarías”, consistente en el intercambio de prebendas burocráticas por respaldo. El clientelismo de siempre al que apelaron los gobierno colombianos para ganar gobernabilidad, se salió de madre cuando el interés primordial del Ejecutivo era quedarse en el poder, a partir del segundo año de gobierno de Uribe.

A la cooptación del Congreso se sumó el grave desprestigio que sufrió por cuenta del escándalo de la parapolítica que terminó por dejar esa institución en ruinas.

Corte amedrantada

La justicia tampoco ha salido indemne de la exacerbación del presidencialismo en Colombia. Este gobierno ha escogido a todos los miembros (menos uno que esté en interinidad) de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Que todos los magistrados de esta sala le deban su cargo al Presidente, es un hecho inédito. Antes, debido a que los presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de esta sala. El Presidente podía nombrar un par de magistrados, pero no mayoría.

Esta sala, encargada de disciplinar a todos los miembros de la rama judicial, ha fallado tutelas con las que contradice decisiones de la Corte Suprema de Justicia o cambia sus fallos. En tres casos, este choque con la Corte ha sido por investigaciones y sentencias contra congresistas.

Por ejemplo, en el fallo de la Corte que condenó a la ex congresista Yidis Medina por cohecho, al haber votado a favor de la reelección presidencial a cambio de prebendas, el Consejo ordenó quitar el nombre del Ministro Diego Palacio, quien estaba mencionado en la sentencia amparando su derecho a la presunción de inocencia. No obstante, la Corte Constitucional enderezó la sentencia y le dio la razón a la Suprema para que no se eliminara el nombre de Palacio.

 La institución que más ha mostrado su independencia del Ejecutivo es la Corte Suprema de Justicia. Su relación con el gobierno ha sido de constante fricción, debido a que este tribunal ha tomado decisiones contrarias al gobierno. En la mayoría de los casos, la Corte ha salido agredida y el gobierno ha sido el agresor. 
 
El ataque más reciente de Uribe a este Tribunal fue el fin de semana pasado cuando el presidente lo calificó de “politiquero e hipócrita” porque la Corte se ha negado a nombrar el Fiscal General de la terna propuesta por el gobierno, a la que ha declarado de "inviable".

Esta puja para mantener la autonomía también ha politizado a la Corte, debilitándola. Pero al decir, el Jefe de Estado que el tema de la elección del Fiscal debía debatirse de cara a la opinión pública y no en las "encerronas en cuatro paredes en Bogotá", como calificó los encuentros con los magistrados, mostró cuánto se ha expandido el Presidencialismo que pretende imponer su lógica, a tal punto que busca que hasta la justicia falle o decida según el favor popular (algo que no pasa en ninguna parte del mundo democrático).

La sobre exposición de los medios

El jefe de Estado, en varias ocasiones ha aprovechado su habitual consejo comunitario para irse lanza en ristre contra sus contradictores, sin que estos tengan los mismos espacios para responderle. Los consejos comunitarios consisten en las visitas que hace Uribe a  municipios y ciudades que son trasmitidas por el Canal Institucional y que duran hasta 11 horas todos los sábados.

Además, en estos eventos cuenta con una chequera disponible para resolver problemas de las regiones, desembolsos que son ordenados con desparpajo por el jefe de la Casa de Nariño y trasmitidos en televisión. Este es otro factor que ha agrandado la imagen presidencial: la sobreexposición mediática.

Además de las horas en la televisión oficial, cualquier diatriba, discurso o declaración de Uribe es transmitida y retransmitida por los medios de comunicación más importantes del país.

Por esta razón, la agenda política ha quedado reducida al punto de que en los últimos meses el tema más importante de la política ha sido la posibilidad de una nueva reelección presidencial.

Las instituciones del gobierno

Los celebrados Consejos Comunitarios, que tienen de bueno que acercan al gobierno central a las regiones, también han contribuido a desinstitucionalizar el país, pues allí el Presidente se salta conductos regulares quitándoles piso a sus propios subalternos, y a gobernantes locales.  
 
A la vez, las decisiones de gasto público que allí se toman, no siempre obedecen a las políticas públicas, ni a la planeación estatal sino que tienen que acomodarse a los designios de último minuto de un Presidente en campaña permanente.

Así, Planeación Nacional, y varios ministerios, donde había una capa considerable de la tecnocracia de alto nivel del país que daba balance a las prácticas clientelistas y mantenía el timón para sacar adelante políticas públicas, ahora más que nunca se han llenado de cuotas políticas y más que a los programas con respaldo técnico, su disminuida burocracia  responde a las órdenes presidenciales.  

Recuperar la institucionalidad del país, que a pesar de todas sus debilidades, construirla ha costado muchos años de esfuerzo democrático, puede ser un proceso lento y costoso.
 
Por eso tienen razón los analistas en advertir que lo que está en juego con otra reelección, que ampliaría este super-presidencialismo aún más, no es la continuidad de una política, sino de la propia democracia.