Desgano frente al referendo reeleccionista

La votación del proyecto de referendo que busca modificar la Constitución para que el presidente Álvaro Uribe pueda presentarse una vez más a unas elecciones presidenciales fue aplazada nuevamente este miércoles en el pleno del Senado.
 
La coalición uribista no alcanzó a completar la mayoría (52 senadores) en ningún momento de la sesión, y de común acuerdo, los asistentes de los partidos de la coalición uribista decidieron salirse uno a uno del recinto para disolver el quórum.

El referendo reeleccionista será discutido en su cuarto debate el martes de la semana entrante, según lo anunció el presidente del Senado, Hernán Andrade. 

Una vez salga de la Cámara Alta, el proyecto de referendo reeleccionista tendrá un camino que no parece muy corto, además de varios obstáculos: Deberá sortear el debate de conciliación, la revisión de la Corte Constitucional, el resultado de la investigación sobre su financiación, y finalmente, superar el número de sufragantes necesario para que se pueda volver a modificar la Constitución. Así las cosas, el camino a la reelección presidencial será tortuoso y, sobre todo, está desgastando a gobierno y Congreso. 

Aún no hay humo blanco en el Legislativo

Si el proyecto de referendo es aprobado por el Congreso (aunque se nota el desgano de los senadores uribistas para votar el último debate) como es de esperarse, aún no se puede decir que no naufragará.

Después de que pase los cuatro debates ordinarios en el Congreso, el referendo reeleccionista tendrá otra discusión que es la prueba de fuego: la conciliación. Este debate, que parece una talanquera insalvable, surgió cuando la Comisión I del Senado decidió modificar el texto del referendo reeleccionista.

La célula legislativa modificó la expresión que preguntaba si está de acuerdo o no con que “quien haya ejercido la Presidencia” por dos períodos pueda aspirar a otro. Como salió de la Cámara, Uribe no podría participar en las elecciones de 2010 sino en las de 2014. Por esta razón el Senado moduló la pregunta y quedó así: está de acuerdo o no con que “quien haya sido elegido” por dos períodos...

Aunque la modificación tiene la intención de interpretar lo que realmente desean las personas que con sus firmas respaldaron el proyecto, la enmienda es el mejor argumento para que los opositores de la iniciativa en la Cámara la entierren. Para este trabajo es clave la decisión que tome el Presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, quien deberá escoger de cada partido un conciliador del texto.

Varón, representante de Cambio Radical, quien apoya la candidatura del jefe de su partido Germán Vargas, ya ha expresado que escogerá personas contrarias al proyecto, con lo cual está garantizado su entierro. 

En los pasillos del Congreso están sonando los siguientes representantes  de partidos que serían escogidos para la conciliación:

Germán Navas, del Polo, quien ha sido un férreo contradictor del referendo y ha denunciado constantemente sus vicios de forma; David Luna, de Por el país que soñamos, quien ha argumentado que el texto del referendo no se puede modificar porque sería torcer la Ley; Luis Fernando Motoa o Rosemary Martínez, quienes pertenecen a Cambio Radical, partido del uribismo que se ha mostrado renuente al proyecto; Telésforo Pedraza, del partido de La U, quien dijo hace poco que votó contra la primera reelección pues es “su adversario por filosofía y por conciencia”; Carlos Arturo Piedrahita, vocero del Partido Liberal en la Cámara, quien se ha sido uno de los denunciantes de las irregularidades del proyecto.

Solo quedaría faltando el conciliador del Partido Conservador. Pero con los antes mencionados, estaría asegurada la mayoría de conciliadores que votaría negativamente el proyecto si no se deja como estaba.

El dilema de la Corte

En caso de que de todos modos, salga airoso del Congreso, el proyecto de referendo será revisado por la Corte Constitucional. Este Tribunal tiene tres meses de plazo para declarar si el referendo cumplió con sus trámites legales. Allí el proyecto enfrentará un nuevo escollo: que la propuesta se tramitó a pesar de los cuestionamientos sobre su financiación (actualmente la CNE está investigando si los promotores se volaron los topes), entre otras irregularidades que han sido denunciadas por la reelección.

Por esta razón la Corte deberá sopesar qué es más importante, si la cantidad de gente que respaldó la iniciativa o la legalidad y legitimidad del trámite.

Además, varios de los magistrados que avalaron la reforma que permitió la primera reelección argumentaron que solo era posible por una sola vez. Lo más probable es que defiendan su posición en aras de la defensa los principios democráticos que quedarán quebrados si Uribe repite otra vez, como son el equilibrio de poderes y la alternancia en el poder, entre otros. 

¿Y las cuentas?

La otra talanquera que tiene el proyecto es que depende de que el Registrador certifique la financiación del proyecto. Este requisito depende de los resultados de la investigación que el Consejo Nacional Electoral esta haciendo para determinar si los promotores del referendo violaron los topes legales de dinero que utilizaron para recoger las firmas.

Sin tiempo no hay garantías

La Corte puede demorarse para decidir sobre la constitucionalidad del proyecto de consulta popular, hasta seis meses, como ocurrió con el referendo de 2003. Aunque puede que se tarde la mitad del tiempo.

Una vez lo avale la Corte, la Registraduría tiene un plazo de cuatro meses para convocar la consulta. Aunque disponga de toda la infraestructura y el dinero, puede que logre agilizar el trámite y a pesar de un gran esfuerzo –aunado al que tiene que hacer para las consultas internas de los partidos y para otros dos referendos (el del agua y el de la cadena perpetua para violadores)- es improbable que el resultado se conozca este año.

Pero entre más pasa el tiempo se torna más inconveniente el proyecto, pues hay menos certeza de cuales son las reglas de juego para los posibles contendores de Uribe, en caso de que el aspire a la Presidencia. Estos candidatos estarán en una evidente desventaja pues no habrán normas que garanticen una competencia justa.

Más de 7 millones de votos

Tras surtirse los trámites anteriores, el Presidente deberá decretar la convocatoria a Referendo. Para ese día más de 7 millones 200 mil personas, la cuarta parte del censo electoral, deberán acudir a las urnas. La mitad de los votantes deberá votar por el sí.

Para algunos analistas este es el escollo más grande, pues el antecedente inmediato, el referendo de 2003, no contó con la votación suficiente para ser aprobado, pese a que era un referendo propuesto por el gobierno. A la poca participación en referendos, se suma la tendencia a la baja de la popularidad de Uribe, como lo han demostrado las encuestas recientes, y la campaña de abstención, para que la gente no vaya a votar, anunciada por la oposición.