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Pese a las explicaciones que ha dado Luis Guillermo Giraldo, promotor del referendo a favor de la reelección, las dudas sobre si la financiación violó o no los topes legales persisten.

REELECCIÓN

Detrás de los aportantes de Colombia Primero

Varias empresas aportantes a la iniciativa de recolección de firmas para promover el referendo reeleccionista tienen contratos o concesiones del Estado.

4 de diciembre de 2008

Las inconsistencias sobre la financiación de la megaempresa pro referendo que buscó que el Presidente Álvaro Uribe fuese reelegido una segunda vez en 2010, volvieron a generar polémica esta semana. Mientras el Consejo Nacional Electoral examina si los promotores de la iniciativa no violaron los topes permitidos por la ley, Luis Guillermo Giraldo, su vocero, propone recaudar dinero de los tarjetahabientes para pagar la deuda de 1.907 millones de pesos que supuestamente prestó la Asociación Colombia Primero.

Para Giraldo no ha sido fácil explicar que las empresas que dieron el dinero que financió la recolección de firmas pro referendo en todo el país no lo donaron a la causa, sino que lo prestaron, ni tampoco por qué si se iba a prestar dinero por qué no se le pidió a los bancos que sería lo normal. También queda la duda si los promotores incluyeron estas donaciones empresariales en las cuentas oficiales como “otros créditos” para evitar que se viera que habían violado los topes máximos que contempla la norma para este tipo de iniciativas, que no pueden superar los 3,3 millones de pesos por donante.

Semana.com, publicó la lista de las 109 empresas y personas naturales que dieron dinero a la Asociación Colombia Primero, organización a la cual pertenecen varios los promotores del referendo, con el propósito de financiar la recolección de firmas. El hecho de que las empresas aporten a las campañas electorales es algo normal en una democracia. 

Por eso es que en este caso el asunto es más polémico. Nadie cuestionaría que empresas privadas aporten dinero a la causa política de su predilección porque están en todo su derecho. El problema es que aquí no ha habido claridad por parte de los organizadores. ¿Dieron el dinero como donación o como préstamo?
 
También despierta el debate el hecho de que algunas de las empresas que hayan aportado dinero a esta causa de la reforma constitucional para permitirle a Álvaro Uribe competir por un tercer mandato, sean hoy contratistas o concesionarias del Estado, y unas incluso, han sido beneficiadas con subsidios y exenciones tributarias bajo este gobierno. ¿Existe un conflicto de interés?

Por lo menos para aportar a esta delicada discusión con mayor información, Semana hizo una revisión de cuáles de los mayores aportantes, los que dieron más de 50 millones de pesos, han conseguido concesiones, contratos o subsidios con el actual gobierno.

1. Asocaña, que aportó 54 millones 504 mil pesos, es el gremio que agrupa a 14 ingenios azucareros, entre los que está Manuelita, Riopaila e Incauca (esta última además aportó 25 millones por separado). Esta asociación está presidida por el ex Ministro de Agricultura, Luis Fernando Londoño Capurro, padre de Álvaro José Londoño, quien, dicho sea de paso, estuvo nombrado por este gobierno en 2006 como integrante de la misión diplomática en la ONU.

Los cañeros han recibido exenciones tributarias y otro estímulos, como parte de la política del gobierno para incrementar la producción nacional de etanol.
 
Pero los ingenios Mayaguez, Riopaila, Incauca y Manuelita dieron además, 25, 30, 25 y 23 millones de pesos. Sumadas las entregas de dinero de los ingenios y Asocaña, los aportes del gremio azucarero ascienden a 157 millones 504 mil pesos.

2. La Concesión Túnel de Aburrá Oriente, que aportó 50 millones de pesos al referendo es una sociedad de firmas de ingeniería como la Antioqueña y la Fiduciaria Popular S.A. Este grupo se creó para hacer varias obras de infraestructura que unen la ciudad de Medellín con el oriente antioqueño, y que tiene un contrato hasta el 2.023. El contrato de concesión firmado entre el Departamento de Antioquia y el consorcio fue suscrito en 1997, cuando Uribe era su gobernador.

3. El Grupo Odinsa S.A. aportó 20 millones a la causa. Este es el mayor conglomerado de constructores del país, que percibe la mayor parte de sus ingresos de contratos de concesión con el Estado, como el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El presidente de este grupo es Luis Fernando Jaramillo, quien además es miembro de la Asociación Colombia Primero.

4. El Grupo Cóndor, que es el mayor accionista de Odinsa dio, a través de la filial Construcciones El Cóndor S.A., otros 100 millones de pesos. Es decir, este grupo dio por partida doble. La empresa Construcciones El Cóndor ha realizado importantes obras como la segunda y tercera etapa de Transmilenio, la carretera Bosconia y Metro Plus, entre otras. Varios de estos contratos con el Estado han sido en los últimos seis años, pero hay que aclarar que algunos han sido con gobiernos locales.

5. El empresario William Vélez Sierra, quien es propietario del 13 por ciento de Odinsa, entregó además 11 millones 750 mil pesos a la Asociación Colombia Primero. Las concesiones viales sólo son el 10 por ciento de su actividad empresarial, el 60 por ciento está en el sector eléctrico y montajes industriales, y el 30 por ciento restante son concesiones de servicios públicos. Sus empresas hacen parte del grupo de las más beneficiadas con las concesiones del país.

6. El grupo CSS Constructores S.A, compuesto por los hermanos Carlos y Luis Héctor Solarte, aportó 50 millones de pesos. Este grupo logró el contrato de la concesión de la doble calzada Bogotá- Briceño- Tunja- Sogamoso. claro está que este se firmó en 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana y fue renovado en 2006 para otros cuatro años. Según la información de Presidencia esta última etapa del contrato tendría un costo de 2 mil 300 millones de pesos.

7. El aporte más grande lo hizo la firma Consultores del Desarrollo Condesa: 150 millones de pesos. David Name, empresario barranquillero, hermano un tradicional cacique político de la Costa Caribe y ex senador José Name, es asociado a esta firma y a otras concesiones de obras públicas en esa región. Margarita, hija de José Name, hace parte de la Misión Permanente de Colombia en la ONU, en Nueva York. Dentro de los contratos importantes que la firma ha tenido con el Estado está la interventoría del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, en el norte de Antioquia.

8. Edgardo Navarro Vives, quien aportó 50 millones de pesos, es una empresa con amplia trayectoria en la construcción de obras públicas. Navarro ha hecho parte del consorcio de la vía Bogotá-Medellín, de carreteras de la Costa como la Vía al Mar de Barranquilla a Cartagena y la ruta Barranquilla-Ciénaga-Santa Marta. También es proveedora de concreto y asfalto de las principales constructoras del país.

El consorcio ‘Vía Circunvalar’, del cual hace parte Edgardo Navarro Vives y otras dos firmas barranquilleras, tienen un contrato por 16.815 millones de pesos con la Nación para hacer el tercer tramo de la vía Circunvalar de Barranquilla, que apenas empezó a construirse en octubre de este año.

Esta empresa también hace parte del Consorcio Vía al Mar, junto con la empresa Codensa, que tiene un contrato por tres años que empezaron a correr desde el pasado marzo, para hacer la carretera Cartagena- Barranquilla. El costo de la obra es de 480 mil millones de pesos.

9. Para promover el referendo Manufacturas Eliot S.A. aportó (o prestó, según lo defina el Consejo Nacional Electoral) 100 millones de pesos. El principal accionista de esta empresa es Pepe Douer, dueño de Pat Primo y socio del noticiero de televisión CM&. El presidente Álvaro Uribe lo condecoró el año pasado con la orden del mérito industrial.

10. La empresa Interseg S.A. dio 45 millones de pesos. Esta empresa, especializada en sistemas de seguridad, junto a Siemens y Security Sistems, ha celebrado varios contratos con el Estado para mejorar la seguridad en aeropuertos y edificios donde funcionan varias instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, el Congreso y aeropuertos, entre otros.

11. La empresa de Transportes Sánchez Polo dio 60 millones de pesos. Esta empresa está dedicada al transporte de carga de minerales y mercancías. La empresa tiene otras filiales como Geotech, Almacén de Logística y Distribución e Inverloset, entre otras y, al parecer no tiene contratos con mayores con la Nación. 

12. Valorem S.A., fondo de inversión de la familia Santo Domingo, dio 100 millones de pesos, es socio de Almagran, Biofilm y Caracol Televisión.