El debate que se avecina por las cuentas pendientes de las FARC

El presidente Juan Manuel Santos está próximo a firmar un histórico acto administrativo. El que levantaría las órdenes de captura vigentes contra quien -para Estados Unidos- es uno de los "terroristas" más buscados: Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.
 
En marzo del 2006, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formuló cargos contra 50 dirigentes de la guerrilla al señalarlos como responsables de "suministrar la mitad de la cocaína mundial". Además, para quienes dieran información sobre el paradero de los miembros del secretariado de esa guerrilla, ‘Iván Márquez’ incluido, Estados Unidos ofrecía 2,5 millones de dólares a manera de recompensa.
 
Simultáneamente, en Colombia, fiscales y jueces de Pasto, Huila, Villavicencio, Valledupar, Cali y Bogotá expedían órdenes de captura y condenas que iban hasta 40 años de prisión contra la cúpula de las FARC, de la cual ‘Márquez’ hace parte.
 
Homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado agravado, reclutamiento ilícito de menores, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, lesiones personales, y rebelión constituyen la lista de delitos por los que ‘Iván Márquez’ es solicitado por la justicia colombiana.
 
Una lista que se traduce en las graves violaciones contra los Derechos Humanos que las FARC han cometido en las recientes dos décadas. Según la jurisprudencia colombiana, los máximos responsables, por cadena de mando, son precisamente los jefes de la guerrilla, así no hayan sido quienes de forma directa hayan perpetrado este tipo de acciones.
 
La toma a la base militar Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en la que 28 militares murieron y 60 fueron secuestrados en agosto del 96; la toma al cerro de Patascoy (Nariño), con saldo de 22 militares muertos, en diciembre del 97; la incursión contra la base militar de El Billar (Caquetá), en la que murieron 65 militares y 43 fueron secuestrados en marzo del 98; la toma a la estación de Policía de Mitú (Vaupés) en la que murieron 38 policías, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados, en noviembre del 98; la incursión al municipio de Miraflores (Guaviare) en agosto del 98, que provocó la muerte de 16 miembros de la Fuerza Pública, la de tres civiles, y el secuestro de 75 militares y 54 policías; el ataque al municipio Puerto Lleras (Meta) que ocasionó la muerte de diez civiles y 11 policías y el secuestro de 28 uniformados; la toma del municipio de Gigante (Huila), el 3 de diciembre de 1999, que cobró la vida de tres civiles; el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, el 16 de marzo de 2002 en Cali; el secuestro de los 11 diputados del Valle del Cauca en abril del 2002, y su posterior fusilamiento en cautiverio; el secuestro y posterior homicidio de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry; la muerte de 119 personas, incluidos menores de edad, en Bojayá (Chocó) el 2 de mayo de 2002; el atentado al Club El Nogal que causó la muerte de 36 personas; los secuestros de los tres contratistas estadounidenses, de los dirigentes políticos Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Orlando Beltrán, Guillermo ‘la chiva’ Cortés.

Esa es la lista de causas por las que ‘Iván Márquez’, por el hecho de ser miembro del secretariado de las FARC, ha sido condenado o acusado. Incluso, el mismo día en que su nombre fue mencionado como negociador en La Habana, en el juzgado tercero penal de Valledupar se le iniciaba un juicio, junto a los demás miembros del secretariado, como coautores del asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, el 24 de septiembre del 2001.
 
Justicia vs. Paz
 
El prontuario es largo. Pero en el momento en que el presidente de la República se acoja a la ley de orden público, que desde el año pasado permite la suspensión de las órdenes de captura para los miembros de la guerrilla que participen en un proceso de paz con el gobierno, comenzará el debate que el propio Santos ha empezado a sugerirle al Estado colombiano en general y a la sociedad colombiana en particular.
 
Ese debate, tal como lo ha definido el propio Santos, es alrededor de "dónde se traza la línea entre la justicia y la paz".
 
"Suele suceder que quien ha sido víctima de un conflicto, de una guerra, siempre reclama más justicia. Quien puede ser una posible víctima, siempre reclama más paz, y en el fondo son los jueces", explicó Santos la semana pasada al posesionar a los nuevos magistrados de la Corte Constitucional.
 
Y Santos lo hizo en ese escenario porque, precisamente, quienes tienen que trazar esa línea divisoria, en últimas, serán el Congreso de la República, mediante leyes, y la Corte Constitucional, encargada de revisar si esas leyes que garanticen la terminación del conflicto y la consecución de la paz se ajustan a la Constitución del 91.
 
El Congreso de la República ya ha venido pronunciándose al respecto. Integrantes de la Comisión de Paz del parlamento han advertido que los delitos de lesa humanidad "no pueden ser objeto de indultos ni amnistías".
 
La Comunidad Internacional también lo ha advertido. Este lunes, el alto comisionado de la ONU en Colombia, Todd Howland, manifestó que en el marco de los tratados de protección y defensa de los derechos humanos suscritos internacionalmente es imposible "indultar o dar amnistía" a los victimarios de delitos de lesa humanidad.
 
El senador Juan Carlos Vélez (la U) dice que si algún delito de lesa humanidad no se investiga por la justicia colombiana, o queda sin ningún tipo de sanción, se violaría el Tratado de Roma, que por reciente sentencia de la Corte Constitucional, ya entró a formar parte del llamado bloque de constitucionalidad colombiano. En palabras más sencillas, Vélez dice que si no hay sanciones a estos delitos la Corte Penal Internacional intervendría sobre Colombia.
 
Las sanciones alternativas

La tradición jurídica en Colombia, según lo ha admitido el ministro del Interior, Fernando Carrillo, ha sido la sanción penal.

El debate que el presidente Santos ha planteado, en otras palabras, es una nueva concepción para las sanciones de este tipo de delitos.

El primero en avanzar en esta discusión ha sido el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Hace tres meses, cuando el entonces proyecto del marco para la paz tambaleaba por las numerosas críticas de distintos sectores políticos, el funcionario invitó al Congreso y al país a pensar en "amnistías o indultos condicionados incluso para graves violaciones a los Derechos Humanos".

Esas declaraciones se produjeron el pasado 9 de mayo. Montealegre explicó en ese momento que "es bueno pensar que en este momento las amnistías y los indultos no estén condicionados a que se trate de delitos políticos y además que se introduzca en la Constitución la posibilidad de las amnistías condicionadas, es decir, amnistías en las cuales exista la extinción de la acción penal para la guerrilla, pero que permitan conocer la verdad, aporten a la reconstrucción histórica de los hechos y a la reparación de las víctimas" (ver artículo).
 
Cuatro meses después, y con ocasión del inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, el fiscal amplió ese concepto. En entrevista con SEMANA, Eduardo Montealegre explicó que la Constitución obliga que a los máximos responsables se les investigue, acuse y juzgue, pero no obliga a que la sanción que se imponga sea privativa de la libertad.
 
"Puede ocurrir que la Justicia condene a un jefe guerrillero a 40 años, pero dado que colaboró con la reconstrucción de la verdad, contribuyó con la reparación, dejó las armas, liberó todos los secuestrados y a todos los niños involucrados en el conflicto, no tiene que cumplir la pena efectivamente", dijo el fiscal general (Ver "Puede ocurrir que ningún guerrillero pague cárcel").
 
El propio comisionado de la ONU en Colombia admitió que para que ningún delito quede impune "hay varios mecanismos de justicia transicional fuera de la sanción penal".
 
Roy Barreras, presidente del Congreso y autor del marco para la paz, dice que ningún delito podrá quedar en la impunidad, pero que la Constitución del 91, luego de ser aprobada esta reforma, incluyó los mecanismos de justicia transicional que contempla otro tipo de sanciones y castigos, desde la alternatividad de penas (menos años de prisión por ejemplo), u otros castigos como el perdón público.
 
Para el Gobierno, existe otro tipo de sanciones distintas a la prisión que podrían ser contempladas. "Será un hueso duro de digerir", confiesa el ministro Fernando Carrillo, pero ese es el debate que ha convocado el presidente Juan Manuel Santos a la sociedad colombiana en el marco de esta etapa de negociaciones para poner fin a más de medio siglo de conflicto.
 
'Iván Márquez', así el Gobierno decida suspender de forma temporal las órdenes de captura en su contra, no podrá evadir la responsabilidad por los delitos por los que los reclama la justicia colombiana, ni la obligación de reparar a las víctimas.
 
Lo que sí parece imposible, en razón de que se le imputan delitos de lesa humanidad, es que ‘Márquez’, al final de un proceso de paz, pueda volver a hacer política. En los años 80 Luciano Marín Arango ocupó una curul en el Congreso, en calidad de representante a la Cámara de la Unión Patriótica, antes de marcharse al monte y convertirse en el jefe del Bloque Caribe de las FARC. La razón, el marco para la paz aprobado por el Congreso el pasado semestre excluyó los delitos de lesa humanidad del delito político.
 
Por eso ver al negociador de las FARC en un cargo de elección popular sería el único ‘beneficio’ que no tendría ‘Iván Márquez’ en caso de que el proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC concluya con la dejación de armas y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.