En 23 entidades estatales acecha la corrupción

Según la Corporación Transparencia por Colombia 23 instituciones del Estado colombiano presentan un índice ‘alto’ y ‘muy alto’ de riesgo de corrupción. Así lo revela el informe bianual sobre transparencia y lucha contra la corrupción, cuyos resultados serán publicados este miércoles.

La ONG estudió el riesgo de corrupción en 158 instituciones del Estado, a las cuáles está dedicada la mayor parte del presupuesto nacional. El resultado del informe es alarmante, pues de estas instituciones el “56 por ciento no brindan garantías para la transparencia y la lucha contra la corrupción” afirmó la ONG.

Los resultados fueron clasificados en una escala de cuatro categorías que indican el riesgo de corrupción: bajo, moderado, medio, alto y muy alto. En ese mismo sentido, la ONG mide el Índice de Transparencia Nacional (ITN) en una escala de 1 a 100 puntos, donde 0 es menos transparente y 100 más transparente. En general, el promedio del ITN de todas las instituciones fue de 69 puntos. “Es decir, pasaron raspando”, dijo Restrepo.
 

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Según el informe, las entidades con ‘muy alto riesgo’ de corrupción (de 0 a 44,4 puntos en el INT) son ocho, en orden de mayor a menor riesgo: la Corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana y San Jorge, la Universidad del Pacífico, la Cámara de Representantes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el Senado de la República.

De las instituciones evaluadas solo cuatro presentaron un índice de ‘bajo riesgo’ de corrupción (de 89,5 puntos a 100 del INT). Estas son: el Banco de la República, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano Agropecuario.

Debido a estos resultados de la lucha contra la corrupción, que Transparencia por Colombia calificó de deficientes, la ONG exhortó al gobierno y a la sociedad para que la búsqueda de la transparencia se convierta en una prioridad. “Estos resultados van en contravía de cualquier proceso de modernización de un Estado”, dijo a Semana.com la directora de la investigación Marcela Restrepo.

Una de las conclusiones de la investigación es que la institucionalidad colombiana continúa en la tendencia al desarrollo desequilibrado de las tres ramas del poder público. Esto se nota en el deficiente registro del blindaje y control de la corrupción que obtuvo el legislativo comparado con el riesgo “medio y moderado” de las otras ramas del poder.

El índice de transparencia del Congreso registró 32,9 puntos. Según la medición, esta es la primera vez que el puntaje de transparencia de esta institución es tan bajo. Si la calificación fuera de 1 a 10 la calificación hubiera sido 3,3, o sea que se rajó.

A la rama judicial fue a la que mejor le fue en el INT. Registró 76,1 puntos; le sigue el Ejecutivo con 74,9 puntos y después los órganos de control y Ministerio Público con 71,8 puntos.

Sin embargo, en la rama judicial, el organismo con más riesgo de corrupción es el Consejo Superior de la Judicatura calificada con un ‘riesgo medio’, equivalente a 70 puntos de Índice Nacional de Transparencia. Esta calificación es preocupante pues esta institución es la que administra el presupuesto de toda la rama judicial y de disciplinar a los funcionarios de la justicia. Esta debería ser una de las instituciones más ejemplares, pues está en la cúspide de la justicia. Los resultados del ITN coinciden con las insistentes denuncias de los medios de comunicación, que han alertado sobre la corrupción de magistrados de este Alto Tribunal.

La ONG investigó durante dos años, de qué manera estas entidades del Estado cumplen los requisitos para hacer más trasparente su gestión y cómo controlan los riesgos de corrupción. Los resultados no son basados en la opinión que tiene la gente sobre las instituciones, sino que son mediciones objetivas de la forma como cada entidad visibiliza la información sobre la contratación y licitación de proyectos; de la manera como rinde cuentas a la ciudadanía; de cuáles son los criterios de contratación de sus funcionarios; de la evaluación que hace de los empleados públicos, entre otros factores. Además, los investigadores tuvieron en cuenta información que aportó la Procuraduría y la Contraloría sobre investigaciones hechas a cada institución.

En cuatro aspectos de la medición, la conclusión no deja de ser preocupante: “a pesar de que existen normas para que las entidades sean más trasparentes, los índices muestran que todavía hace falta mucho trecho para que el Estado sea moderno”, puntualizó Restrepo.

Uno de los datos alarmantes que muestra el informe es que la ‘visibilidad’ de la gestión de las entidades también tiene una calificación deficiente. En puntos la calificación de este factor fue de 66,4, sobre cien. Es decir, la calidad de las páginas web de las instituciones, la publicidad de las licitaciones y contratos, el acceso a la información, entre otros, es regular.

La meritocracia en las instituciones también es una cualidad ausente. En general este factor obtuvo 52.4 puntos de calificación. Este indicador revela que en gran parte de las instituciones del Estado los funcionarios siguen siendo nombrados en sus puestos sin tener en cuenta sus cualidades para los trabajos. De ahí se infiere que la asignación de los cargos públicos se debe a relaciones políticas u otros factores.

En el mismo sentido, el informe reveló que en general, las entidades no son amigas de la rendición de cuentas en las audiencias públicas. Las entidades obtuvieron una calificación de 57.7 puntos en este aspecto. Se rajaron.

Según los analistas políticos, este país ostenta tener una institucionalidad sólida y la democracia más antigua de América Latina. No obstante, esta investigación pone el dedo en la llaga y revela que hace falta trabajo de los organismos del Estado, voluntad política de los funcionarios, fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y la aplicación de las normas vigentes, para mejorar la calidad y eficiencia de las instituciones del Estado.

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