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Óscar Jahír Hernández confirmó que junto con los rebeldes de Rodolfo Hernández avanza en la creación de un nuevo partido político.
Óscar Jahír Hernández y Rodolfo Hernández. - Foto: juan carlos sierra-semana

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Exasesor de Rodolfo Hernández contraataca: pide a directivas del partido explicar por qué lo vincularon como fundador

Óscar Jahir Hernández dice que el partido utilizó su nombre, le dio el papel de socio fundador de la colectividad, pero él no asistió a ninguna convención de militantes fundacionales. El problema es que la Liga de Gobernantes Anticorrupción obtuvo la personería jurídica tras anexar dicho documento.

Óscar Jahir Hernández pasó de ser uno de los hombres de mayor confianza del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, a uno de sus más fuertes críticos. El 9 de noviembre pasado, el abogado santandereano le dio una nueva noqueada al ingeniero porque radicó un derecho de petición al Consejo Nacional Electoral, en el cual dejó entrever que la Liga de Gobernantes Anticorrupción alteró algunos documentos privados para tramitar su personería jurídica ante el tribunal electoral.

Además del CNE, la petición también la elevó a Adriana Lizeth Vargas, secretaria general de la Liga de Gobernantes, y le pidió que sirviera a informarle las razones por la cuales el partido utilizó su nombre “sin ninguna autorización ni petición expresa de mi parte para vincularme ante el Consejo Nacional Electoral como militante de la organización”.

Además, cuestionó a la colectividad porque su nombre apareció al lado de “corruptos condenados como Daniel Esteban Hurtado Rey y contratistas públicos involucrados en hechos delictivos como Jesús Pedro Nel Serrano Meneses, quien, entre otras cosas, fue denunciado públicamente de mi parte por el robo del edificio del Empas en Bucaramanga”. Ambos aparecen en la lista de socios fundadores que Rodolfo Hernández presentó al tribunal electoral para solicitar la personería jurídica de su colectividad.

Hernández solicitó también “informar si al interior de la Secretaría general del partido o en cualquier otra de su dependencias existe cualquier clase de documento en el que haya solicitado de forma directa o indirecta que se tuviera como militante del mismo. Le solicito se me expida un certificado declarando esa situación”, se lee en el oficio.

Agregó que “en razón a mi llamamiento como miembro fundador del partido ante las respectivas instancias judiciales, en razón de las averiguaciones por la constitución del partido, le solicito me informe el día y la fecha en que se llevó a cabo la convención de militantes fundadores de la organización política y si dicha convención contó con mi presencia. En caso de que no se hubiese celebrado, sírvase a establecerlo por escrito”.

Con este derecho de petición, Óscar Jahir Hernández busca confirmar que Rodolfo Hernández tramitó la personería jurídica de su partido sin una convención de fundadores. Al menos, él, quien aparece en el listado que presentó el ingeniero santandereano al CNE, no asistió a ningún encuentro donde se hablara del tema.

Por la misma línea va la excandidata presidencial Marelen Castillo, quien está enfrentada a Rodolfo Hernández porque no la tuvieron en cuenta para la conformación del partido político. Tampoco en la supuesta reunión donde se fundó la colectividad.

“El 14 de julio, el grupo significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes, al que Marelen Castillo representó como integrante de la fórmula vicepresidencial, de manera clandestina llevó a cabo la asamblea fundacional del partido con el propósito de que, sin la participación de ella, se obtuviera personería jurídica, se eligieran a quienes ocuparían los cargos directivos, se aprobaran los estatutos y la plataforma política y se hiciera la declaratoria política”, escribieron los abogados apoderados de Castillo ante el CNE.

Agregaron “que cuando se impide, se restringe o se utilizan maniobras o maquinaciones para impedir que un ciudadano participe en la constitución de una organización política, ya sea por la misma administración o por terceros, se vulnera un derecho fundamental y, por consiguiente, la Constitución, como ocurrió en este caso”.

Por último, dejaron claro que al negársele a Castillo la posibilidad de participar en esa asamblea, se le impidió trazar lineamientos, postular candidatos y ejercer sus derechos políticos.