Gobierno presentará proyecto de ley para resolver 'limbo jurídico' de desmovilizados

Un día después de que la Corte Constitucional tumbara la ley que regulaba el beneficio de principio de oportunidad para los desmovilizados de los grupos ilegales, el Gobierno ya se concentra en contrarrestar los posibles efectos del fallo.

Ante la amenaza de que algunos desmovilizados se rearmen en bandas criminales, y la necesidad de encontrarle salida al limbo jurídico en que se encuentran quienes abandonaron las armas, el Gobierno exploró soluciones urgentes y llegó a la conclusión de que un proyecto de ley sería la fórmula inmediata.

Así se decidió en la noche del miércoles en una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño. Se dispuso que entre jueves y viernes el Consejo de Política Criminal, el Ministro del Interior y algunos congresistas, redacten un proyecto de ley para evitar que órdenes de captura vigentes motiven a que los procesos de desmovilización fracasen.
 
El proyecto buscaría crear una figura dentro del procedimiento penal que permita la suspensión de órdenes de captura y condenas por el delito de concierto para delinquir agravado, independientemente del origen del grupo ilegal, para aquellos que están acusados por tenencia de armas o porte de uniformes de uso privativo de la fuerzas armadas.
 
El proyecto excluye por completo a quienes hayan incurrido en otro tipo de delitos y los delitos atroces.  

También condicioinaría estos beneficios si el comportamiento de los desmovilizados está dentro de los compromisos previstos en la ley y si se comprometen con los presupuestos de verdad y reparación, especialmente el de verdad.

Este proyecto tendría mensaje de urgencia y se radicaría en el Congreso el viernes, según le confirmó a Semana.com el senador Roy Barreras, uno de los congresistas que participó de la reunión con el presidente Juan Manuel Santos.

Con el mensaje de urgencia, y de ser radicada la ponencia el próximo lunes, se convocaría a las sesiones primeras de senado y Cámara para el próximo miércoles con el fin de darle los dos primeros debates de la iniciativa “Solo hay 18 día para aprobar la ley”, explicó Barreras.

La urgencia que ronda al Gobierno va más allá de la salida jurídica de los 17 mil desmovilizados de las Autodefensas. El diagnóstico es superior, porque también afectaría a cerca de 20 mil desmovilizados individuales de las Farc y el ELN.  

El fallo de la Corte Constitucional preocupa porque podría poner en riesgo la política de desmovilizaciones individuales a la cual se han acogido miles de miembros de las guerrillas. Si no existen salidas jurídicas para resolver la situación de los desmovilizados, esta política, que ha demostrado resultados al debilitar la estructura de estas organizaciones, anularía esa estrategia.

Por eso en la reunión también se exploraron otras dos salidas pero fueron descartadas.
La primera era incluir una reforma en el proyecto de ley que prorroga los alcances de la ley de orden público y que se debatirá en cuarto debate en la plenaria del Senado el próximo martes. Se descartó por los temas de la conciliación entre Senado y Cámara.

La segunda era decretar el estado de conmoción interior, pero ante los costos políticos y jurídicos que la decisión traería el propio Presidente se inclinó por el trámite del proyecto de Ley.