Gobierno propone que magistrados integren la Comisión de Acusaciones

La eficacia de la Comisión de Acusaciones pasa más por el perfil y la calidad de sus integrantes que por la voluntad política de sus actuales miembros que apuestan por dejar el lastre que la ha convertido, quizás, en el órgano administrador de justicia más ineficaz del Estado colombiano.
 
Esa parece ser la tesis del gobierno que, a través del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció un auténtico ‘revolcón’ en la Comisión de Acusaciones.
 
Según Vargas Lleras, los representantes a la Cámara que la integran no tienen los conocimientos en leyes o derecho penal para adelantar las etapas de instrucción e investigación en los procesos, y hasta la fecha “cerca de 1.100 expedientes están represados y pendientes de investigación”.
 
El ‘revolcón’ que propone el Gobierno, y que será uno de los capítulos más controvertidos de la próxima reforma a la justicia, está lejos de eliminar la Comisión.
 
Todo lo contrario. El gobierno pretende crear una especie de corte, integrada por funcionarios de calidades similares a la de los magistrados de la República, para que estos asuman las funciones de investigación.
 
Los congresistas que en adelante integren la Comisión solo calificarían las investigaciones y adelantarían los juicios correspondientes a los funcionarios aforados.
 
Mientras que los magistrados que adelanten las investigaciones y que integren esa nueva corte con funciones exclusivas de instrucción serían designados por la plenaria de la Cámara de Representantes, explicó Vargas Lleras.
 
Una de las más fuertes críticas que ha recibido la Comisión de Acusaciones es precisamente su composición.
 
Aunque tiene que resolver denuncias penales y disciplinarias contra presidentes y funcionarios aforados, como magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación, por ejemplo, la Constitución no establece que sus miembros deban tener conocimiento en estas materias.
 
Según lo explica el constitucionalista y exsenador Darío Martínez, actualmente las calidades para ser representante a la Cámara se reducen a ser ciudadano en ejercicio y mayor de 25 años. “Ni siquiera se exige un título profesional”. A diferencia, los jueces de la República deben tener como mínimo el título de abogado.
 
Martínez también le admitió a Semana.com que el congresista, por su condición política, no es “independiente ni autónomo” y por eso controvierte sus condiciones como juez.
 
Otra de las controversias se concentran en los funcionarios aforados que investiga la Comisión. Por ejemplo, el Congreso investiga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estos a su vez hacen lo propio con los congresistas. “Esa situación puede generar permanentes conflictos de intereses”, dice Martínez.
 
El Ministro del Interior también comparte esa preocupación y advierte que el tema debe ser analizado de fondo en la reforma a la justicia.
 
El gobierno tiene en sus manos un borrador de reforma a la Comisión de Acusaciones  que sería sometido a un consenso con las Altas Cortes.
 
La eficacia de la Comisión ha vuelto a ser tema de debate después de una semana en la que, por un lado, algunos representantes que la integran expresaron su voluntad de avanzar en procesos complejos, como el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, pero en la que otros miembros de esta célula se vieron en problemas para resolver las recusaciones que impidieron que el expresidente Álvaro Uribe entregara su versión de las ‘Chuzadas’ en el DAS.