¿Hay riesgo de que Colombia pierda a San Andrés?

Con la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de celebrar audiencias para definir el diferendo entre Colombia y Nicaragua por la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, muchos se preguntan si Colombia está en riesgo de perder parte de las islas.

Julio Londoño Paredes, exvicecanciller, y agente del gobierno colombiano en este proceso, le dijo a Semana.com que no existe "ningún riesgo" de que Colombia pierda sus derechos sobre San Andrés. Pero admite que están en juego los límites de las fronteras marítimas que el país conserva en el Atlántico.

Colombia, desde 2001, año en que Nicaragua demandó ante la CIJ y reclamó sus derechos sobre el archipiélago, apostaba porque el caso no fuera asumido por el tribunal que tiene sede en La Haya (Holanda).

Pero a simple vista, fracasó en su intento. Pues esa puede ser la lectura tras la decisión de la CIJ de admitir la demanda del Estado de Nicaragua y declararse competente para definir el litigio. Por eso convocó a las audiencias definitivas donde la nueva apuesta será que el tribunal no modifique las fronteras marítimas de Colombia.

Es un proceso que lleva once años y que puede definirse en el segundo semestre de este año, pero que ha sido una de las principales luchas de todos los gobiernos de Nicaragua, desde la dictadura Somoza, hasta el gobierno sandinista.

En la demanda, Nicaragua alega que el archipiélago de San Andrés y Providencia está más cerca de las costas de su país y que por eso les pertenece; que el tratado Esguerra – Bárcenas’, firmado en 1928, por el que se definió la posesión de Colombia sobre San Andrés debe anularse porque "Nicaragua lo firmó bajo presión de los Estados Unidos".

Ante esa demanda Colombia respondió advirtiendo que ese tratado de 1928 es "vigente y fue ratificado" con el Pacto de Bogotá (o de soluciones pacíficas) de abril de 1948, por lo que aseguraba que la diferencia con Nicaragua estaba "resuelta" y no tenía porque ir a esa especie de juicio en la CIJ.

Ese era el principal argumento de defensa de Colombia y en 2007 la CIJ pareció darle la razón a Colombia, al declarar que el tratado de 1928 es "válido y vigente" y por esa razón "San Andrés le pertenece a Colombia".

Sin embargo, con el tratado de 1928 en la mano, Londoño Paredes explica que en dicho pacto sólo se menciona a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero no se habla, con nombre propio, de los cayos e islotes que también hacen parte del archipiélago. Por ejemplo, los de Roncador y Quitasueño.

Al no estar especificados en ese tratado, dice Londoño, fue que la Corte admitió la demanda, asumió su competencia, y declaró necesario redefinir la delimitación marítima.

Hoy, la posesión sobre San Andrés y sus aguas internacionales están delimitadas por el meridiano 82. Y al asumir su competencia, la CIJ puede entrar a modificarlo.

Londoño Paredes es optimista. Dice que en la semana que viene, junto con el coagente Guillermo Fernández de Soto, presentó un informe al gobierno en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y a los miembros de las comisiones segundas de Senado y Cámara, en el que advirtió que pese a la decisión de la CIJ de citar a audiencias, el tribunal ya ha fallado de fondo sobre la pertenencia de San Andrés.

Sin embargo hay quienes cuestionan la defensa colombiana en este caso, y que los argumentos presentados por Colombia no fueron del todo suficientes.

La senadora Alexandra Moreno Piraquive (MIRA), integrante de la comisión segunda, dice que Colombia se concentró en la tesis que la CIJ no iba a declarar su competencia en la demanda de Nicaragua. "Sucedió todo lo contrario. La Corte admitió revisar las fronteras marítimas de Colombia".

Ahora, dice Moreno Piraquive, al citar a audiencias, "es que algo va a pasar". La Corte puede modificar el meridiano 82 como límite de la frontera, con lo que Colombia puede perder parte de su frontera marítima.

Si la Corte falla en favor de Nicaragua, la decisión tendría repercusiones económicas, ya que en aguas que hoy corresponden a Colombia, el Gobierno -en el reciente Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso- declaró esa zona de reserva natural y ecológica, recuerda Moreno Piraquive.

Pero la senadora advierte que "en un eventual fallo" de la CIJ, "esa zona podría pasar a Nicaragua, que siempre ha tenido intereses de explotación petrolífera".

El Gobierno colombiano confiaba en que este caso no fuera pasara a la instancia definitiva. Y aunque pueda existir algún nerviosismo, ahora enfoca su defensa para que el tribunal no modifique la frontera.

Sin embargo hay un antecedente que no deja de inquietar. La decisión de ese mismo tribunal de no admitir la intervención de Honduras y Costa Rica en ese caso, que siempre han advertido que si se aceptaba la demanda, sus fronteras con Nicaragua también podrían modificarse. La última palabra está en manos de los 15 jueces de la CIJ.