Intención de abrir puerta a 'vocería política' de desmovilizados genera inquietud

La reforma constitucional radicada en el Congreso, que busca crear un “marco jurídico” para alcanzar la paz, generó una gran inquietud en el Congreso.
 
Sobre todo el artículo que abriría la puerta para que los miembros de organizaciones ilegales, como las FARC y el ELN, si se acogen a un proceso de paz, puedan recuperar su vocería política y acceder a cargos de elección popular.
 
Esa interpretación la da la redacción del segundo artículo del proyecto, que levanta la vigente inhabilidad de hacer política para quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad.
 
Según la Constitución (artículo 122), hoy “no podrán ser inscritos como candidatos (...) quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, (...) por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.
 
Pero el proyecto levantaría esa inhabilidad al incluir en la Constitución el siguiente parágrafo. “(...) Cuando por iniciativa exclusiva del gobierno nacional, así lo disponga el legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, no se aplicará esta disposición a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el gobierno nacional”.
 
Hoy la mayoría de cabecillas de las guerrillas están comprometidos en procesos penales por su compromiso en este tipo de delitos, más allá de que los hayan ejecutado de forma directa.
 
Y de levantarse esa inhabilidad, podrían, en futuro, y después de un proceso de paz, ser elegidos, por ejemplo, como senadores o representantes.
 
Así lo interpretaron varios sectores políticos en el Congreso, que además coincidieron en afirmar que no estarían de acuerdo de levantar esa inhabilidad a quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad.
 
Esa es la opinión individual del presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo (Partido Conservador), quien afirma que “los delitos de lesa humanidad no son perdonables”.
 
Sin embargo, Corzo no descarta la propuesta y asegura que debe ser “muy estudiada” por los partidos políticos. “Este proyecto trata temas de Estado, muy delicados, por ejemplo, la seguridad nacional. Abre la posibilidad futura de proyectar acuerdos de paz. Las bancadas deben ser muy responsables en su estudio”.
 
Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical), primer vicepresidente del Senado, califica que levantar esa inhabilidad podría ser una especie de “amnistía”, un escenario imposible a la luz de los tratados internacionales, por ejemplo, el Estatuto de Roma.
 
El vocero de Cambio Radical también se muestra en desacuerdo en que “a quien se le compruebe, individualmente, su compromiso en actos de lesa humanidad, se le levante la inhabilidad”. Tampoco contempla que este beneficio incluido en el proyecto pueda aplicarse “de forma colectiva” a todos los miembros de una organización ilegal que se desmovilice.
 
Pero al igual que Corzo, Guerra de la Espriella tampoco rechaza la propuesta. Considera que, tratándose de procesos de paz, “es posible que haya un espacio de generosidad” del Estado para quienes actúan en la ilegalidad.
 
Alexander López (Polo Democrático Alternativo) considera que este tipo de beneficios deben estar acompañados de justicia, verdad y reparación integrales, pues considera que cualquier dosis de impunidad “conduce a revivir los odios y las dificultades que siempre ha tenido la paz en el país”.
 
Pero López también señala que hay delitos de lesa humanidad, conexos al terrorismo, que “no pueden conducir a levantar inhabilidades o hacer algún tipo de excepciones”.
 
El representante Iván Cepeda dice que el proyecto, incluida esta propuesta, no puede ser analizado a la ligera y merece una profunda reflexión, pues a su juicio “puede ser una ‘caja de pandora’, que puede llevar a la reconciliación o cerrar definitivamente las puertas hacia la paz”.
 
¿Terroristas o delincuentes políticos?
 
Pero más allá de la controversia, esta propuesta podría conducir el debate a otros escenarios.
 
Por ejemplo, revivir la discusión (que pareció zanjada con la sanción de la ley de víctimas) sobre la definición del conflicto armado y el reconocimiento o no de las guerrillas como actores políticos.
 
Así lo considera el senador Juan Carlos Vélez Uribe (La U), quien considera que antes de pensar en beneficios a los ilegales, primero hay que definir si en Colombia hay conflicto armado interno, si las guerrillas son rebeldes, delincuentes políticos o son terroristas. “Pero el Gobierno lo tiene que definir claramente”.
 
Vélez considera que las FARC y el ELN “son terroristas” y por tanto no pueden tener vocería política. “No me parece que los guerrilleros con delitos atroces puedan participar en política. Alguien que asesine, secuestre, no puede representar al pueblo”.
 
El senador de La U también explica que, actualmente, no hay ninguna norma que permita la desmovilización de los grupos ilegales, y que el “marco jurídico” para conseguirlo debería ser la prórroga de la ley de justicia y paz, una de las últimas propuestas del gobierno Uribe y que fue rechazada por el Congreso.
 
"Guerrilleros y paramilitares no podrán hacer política" 
 
Tras conocer la inquietud que el proyecto ha generado en el Congreso, su autor, el senador Roy Barreras, aclaró que no habrá un espacio para el reconocimiento político de los grupos ilegales.
 
“La reforma no le regala beneficios a ningún grupo armado ilegal, simplemente autoriza al jefe de Estado para presentar al Congreso las leyes que crea necesarias para permitir una eventual desmovilización masiva en el futuro”, dice.
 
Barreras considera que el debate “apenas comienza” y que el proyecto, radicado en la Cámara de Representantes, no es improvisado. El único propósito es avanzar en la construcción del marco jurídico necesario para hacer la paz en Colombia”.
 
Gobierno fijará su postura
 
Pero qué piensa el gobierno. Antes de que el proyecto se radicara, la Comisión de Paz del Congreso le presentó al presidente Juan Manuel Santos las conclusiones de un año de discusión sobre la estrategia jurídica que permita allanar el camino hacia la paz.
 
Santos revisó las conclusiones y aprobó que el Congreso presentara una iniciativa legislativa para construir ese camino.
 
Sin embargo, el presente proyecto no ha sido estudiado por la Mesa de Unidad Nacional, pero será este lunes 19 de septiembre, según lo confirmó el propio Barreras, cuando el jefe del Estado aborde el tema con los presidentes de los cinco partidos políticos de la coalición de gobierno. Ese día podría haber una posición institucional frente al proyecto.
 
Pero la única postura que se espera no será la del Gobierno. Semana.com conoció que tras la radicación de este proyecto, el expresidente Álvaro Uribe no fue indiferente a la iniciativa. Su postura será la de rechazar los beneficios políticos a quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad.