La ley de víctimas y el reto de las confrontaciones partidistas

Aunque la presentación de la ley de Víctimas, este lunes, se dio en un ambiente de “pleno consenso”, el Gobierno no oculta sus temores porque el debate del proyecto, que busca herramientas jurídicas para reparar a cerca de cuatro millones de víctimas de la violencia colombiana, se dilate en “confrontaciones partidistas”. El proyecto contempla un monto de 40 billones de pesos para la reparación, durante los próximos 15 años.

Hace un año, esta iniciativa del Partido Liberal se hundió en el Congreso tras cumplir sus cuatro debates, en el proceso de conciliación. El gobierno de Álvaro Uribe pidió su hundimiento por considerar que era inviable en materia fiscal y porque la norma contemplaba un trato igualitario a las víctimas de agentes del Estado con las de los grupos ilegales.

En esta oportunidad, dice el Gobierno, los criterios fueron concertados, pero en los próximos cuatro meses, cuando el proyecto se tramite en el Congreso, se sabrá si hubo o no pleno consenso.

El propio presidente, Juan Manuel Santos, declaró como “un propósito de Estado” la reparación a las víctimas. Y para evitar las “confrontaciones partidistas”, dijo que esta iniciativa “no tiene tinte político”.

Es más, en la presentación del proyecto, el presidente Juan Manuel Santos envió varios mensajes, entre ellos que ha sido el único que radicó personalmente; y a eso hay que sumarle el hecho de que en la presentación de la iniciativa no sólo se rodeó de víctimas del conflicto, sino que se sentó en la misma mesa con miembros de los cuatro partidos de la coalición.

El Presidente priorizó esta iniciativa por encima de las demás reformas que cursan en el Congreso. El mensaje que le envió al Legislativo fue claro: “Si solo se aprueba esta ley (la de víctimas), habrá valido la pena ser Presidente, y para ustedes (los miembros del Congreso) valdrá la pena ser congresistas”.

Santos dijo que la sociedad colombiana tiene una deuda de más de cuatro décadas con las víctimas de la violencia. “Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos”, dijo adoptando una frase célebre de Mahatma Gandhi.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, también le pidió celeridad al Congreso. “Este proyecto generó un consenso sin precedentes (…) superó las controversias partidistas y por eso espera un trámite sin dilaciones”.

Vargas se comprometió con el Presidente de la República a que la ley será una realidad en cuatro meses.

Pero ¿cómo consiguió el Gobierno superar las diferencias que imposibilitaron que un proyecto similar fuera probado un año atrás?

Santos aceptó incluirlo en el centro de su agenda y quizá por eso el Partido Liberal accedió a abandonar su lugar en la oposición y hacer parte de la coalición oficialista.

El Gobierno aceptó las recomendaciones de limitar los recursos y priorizar en la reparación “las necesidades de las víctimas más urgentes”. Aseguró que esta iniciativa es viable fiscalmente y que se trata de un mecanismo de justicia transicional extendido a 15 años.

Santos dijo que esta ley no partirá de cero, y recordó que el decreto de reparación administrativa del gobierno Uribe ha dispuesto un billón de pesos y ha reparado a 60.000 víctimas, y que en el siguiente año estableció un billón y medio de pesos para ampliar a 120.000 el universo de víctimas reparadas.

Además, explicó que una comisión de cinco juristas, que deberán tener las mismas calidades de los magistrados de las altas Cortes, serán los encargados de acreditar a las víctimas.

De esta ley se beneficiarán las víctimas de las guerrillas, los paramilitares y agentes del Estado. Incluso, contempla que policías y militares víctimas del conflicto puedan postularse como beneficiarios de esta ley, en los casos en que no sean cubiertos por sus regímenes especiales. Esta fue una de las sugerencias del Partido Conservador.

El Gobierno cree haber superado las diferencias que rodearon el proyecto y logró incluirlo dentro de la política general de reparación que, según el Presidente, se complementa con la ley de restitución de tierras, ya radicada en el Congreso, y una ley integral de tierras, que será el “tercer pilar” para que la adecuada redistribución de la tierra. Esta ley integral será presentada el próximo año.

En dos semanas se radicarán las ponencias de la ley de restitución de tierras y la de víctimas, y en la Cámara de Representantes se iniciará el primer debate. El Gobierno espera que la discusión no se dilate, pues confía en que lo hecho durante cuatro semanas, fuera del Congreso, sea la clave para que esta iniciativa sea aprobada.