Lobby público, uno de los alcances del estatuto anticorrupción

En la tarde de este martes, la Comisión Primera del Senado le dio vía libre al proyecto que busca crear medidas más severas contra las prácticas de corrupción. Una iniciativa del Gobierno que estuvo envuelta en una controversia política, pero que consiguió el propósito de salvar su trámite en el Congreso.
 
Por eso el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, agradeció a los partidos políticos y reiteró sus excusas por los “malos entendidos” que rodearon la iniciativa. A la vez anunció que el presidente Juan Manuel Santos se apersonará de esta iniciativa, al informar que habrá reuniones trimestrales para terminar el diseño de la ley y que esta sea una realidad en marzo del próximo año.
 
El estatuto anticorrupción había generado mucha controversia. Pero quizás uno de los temas más polémicos era la reglamentación del llamado lobby o cabildeo en las corporaciones legislativas.
 
Este proyecto, además de eliminar beneficios a corruptos, obliga también a que los sectores privados, interesados en los trámites de las leyes en el Congreso, puedan participar de los debates, pero de forma pública y transparente.
 
Manuel Enríquez Rosero, senador de La U y ponente del Estatuto Anticorrupción, advirtió que “no vamos a dejar cerrada la posibilidad para que aquellos sectores que no han hecho cabildeo tradicionalmente o que eventualmente desearan intervenir ante los congresistas y las bancadas lo hagan”.
 
Al dar vía libre a esa posibilidad se conocerán públicamente “quiénes son los que están tramitando propuestas y solicitudes ante los congresistas”, según el senador nariñense.
 
El ministro Germán Vargas Lleras había defendido el cabildeo público y transparente desde que era candidato a la Presidencia. Y como funcionario del Ejecutivo reafirmó la necesidad de “reglar el lobby, para que cualquiera de estos actos frente a la administración pública o el Congreso sean públicos y abiertos”.
 
Esto significa que los llamados senadores 103, es decir, aquellas personas que a la sombra orientaban los debates legislativos, deberán acreditarse para intervenir en las discusiones, o por lo menos, para acreditar las gestiones que adelantan para defender algunos de los intereses.
 
El Procurador general, Alejandro Ordóñez, en la discusión de este proyecto había señalado algunos reparos a la posibilidad del cabildeo. Sin embargo es de rango constitucional la participación del conjunto de la ciudadanía en la discusión de las leyes.
 
Más allá de estos alcances, el proyecto fue aprobado con amplio debate, y aunque hay aspectos que al congreso aún no le suenan, serán discutidos en las siguientes instancias del proyecto.
 
Probablemente esta iniciativa, que fue la primera que presentó el Gobierno de Juan Manuel Santos, solo pueda superar el segundo debate en diciembre. Pero el compromiso es que en marzo sea una de las primeras leyes que pasen a sanción presidencial.