Los escándalos que han salpicado, en el pasado, a los nuevos ministros de Gustavo Petro

Esta semana inicia una nueva etapa al interior del Gobierno de Gustavo Petro. Luego del revolcón en el Gabinete, con la salida de varios jefes de cartera, el presidente posesionó el 1 de mayo a siete nuevos ministros.

Luis Fernando Velasco (MinInterior), Ricardo Bonilla (MinHacienda), Guillermo Jaramillo (MinSalud), Jhenifer Mojica (MinAgricultura), William Camargo (MinTransporte), Mauricio Lizano (MinTIC) y Yesenia Olaya (MinCiencias) fueron los jefes de cartera posesionados. Algunos ya había trabajado en el pasado con Petro, concretamente en la Alcaldía de Bogotá.

La única de las personas nombradas recientemente, que no tiene escándalos a su nombre, es Olaya. El resto ha tenido líos administrativos.

Sin embargo, entre ellos hay una serie de investigaciones en el pasado realizadas por la Procuraduría y otras entidades. Algunos tienen o tuvieron procesos abiertos a nivel disciplinario.

En primer lugar, la Procuraduría le formuló en 2020 un pliego de cargos contra Jaramillo, quien fue alcalde de Ibagué. La entidad investigó y encontró presuntas irregularidades en el Convenio 1918 de 2016, el cual fue celebrado por más de 1.600 millones de pesos. Un año atrás, la Fiscalía lo acusó.

La razón de los cargos fue que presuntamente él habría suscrito un contrato con la empresa Corporación Festival Folclórico Colombiano (CFFC) con el objetivo de promocionar actividades institucionales, culturales, turísticas, sociales y recreativas para el embellecimiento navideño de la administración municipal de Ibagué.

Sin embargo, el problema radicó en que la empresa no cumplía con los requisitos exigidos por la norma. En la investigación también figuró la responsabilidad del exsecretario de Cultura, Basilio Vincens. Dos años después, ambos funcionarios fueron sancionados por esa contratación presuntamente indebida y la Fiscalía pidió condena y captura contra el exalcalde.

No obstante, hace tan solo un par de semanas, Jaramillo fue absuelto por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, pero la Fiscalía informó ese mismo día que iba a apelar la decisión.

Este no fue el primer escándalo de Jaramillo. En su historial también figuró otra investigación en su contra cuando fue secretario de Gobierno en la alcaldía de Petro. El problema radicó en que el nombramiento de Luz Marina López como gerente del Hospital de Meissen se habría hecho bajo presuntas irregularidades.

No obstante, en 2013 la Procuraduría lo absolvió de eso y a López igual. La entidad no encontró pruebas suficientes para dar con la presunta inhabilitación de ella, motivo por el cual el caso no fue probado.

Con respecto a Bonilla, nombrado nuevo ministro de Hacienda, también hay investigaciones en el pasado en su contra. Durante la campaña presidencial del año pasado, él figuró como uno de los posibles ministros de Petro. No obstante, por procesos por parte de la Contraloría de Bogotá y Procuraduría, él estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2016 por un presunto desfalcó ocurrido tiempo atrás.

Al igual que Jaramillo, Bonilla también hizo parte del Gabinete de Petro en la Alcaldía de Bogotá, siendo la cabeza de la Secretaría de Hacienda. La Contraloría lo investigó por su presunta responsabilidad fiscal en la rebaja de las tarifas de TransMilenio y el sistema integrado de transporte público (SITP) durante su gestión en Bogotá. Por lo tanto, la Procuraduría lo inhabilitó para cargos públicos.

En 2019, el Consejo de Estado rechazó la solicitud de investigar la demanda contra Bonilla, por lo cual el tribunal mantuvo la sanción impuesta por la Contraloría de 217.000 millones de pesos. Sin embargo, el año pasado se dio un fallo a su favor de los tribunales de Cundinamarca, lo cual hizo que los entes de control revocaran la inhabilitación y él pudiera ser nombrado como ministro.

Aunque en menor medida, aparece el nombre de Camargo. La Procuraduría le solicitó el pasado 28 de abril atender los compromisos asumidos tanto en el Ministerio como en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con respecto al traslado del peaje Papiros en Puerto Colombia.

El nuevo ministro provenía de la ANI. El ente de control recordó en su comunicación que en mesas de trabajo del mes de marzo de 2023, el Ministerio de Transporte se comprometió a no efectuar cobro a las categorías 1 y 2, y a expedir un acto administrativo en el que se estableciera la suspensión definitiva de este recaudo.

De otra parte, señaló que en mesa de trabajo que se cumplió el 7 de febrero, la ANI quedó encargada de solicitar al concesionario la entrega de la iluminación de la vía al mar con tecnología solar y led, en el sector de Puerto Colombia, en un plazo máximo de tres meses, y asumió el compromiso de no cobrar la tarifa para los vehículos con categoría 1 y 2 “en ninguna circunstancia” como quedó determinado en reunión del 22 de febrero de 2023.

En el pasado, el ministro Velasco también estuvo implicado en un escándalo. Cuando fue senador de la República, fue acusado presuntamente de haber tenido nexos con paramilitares. La denuncia la llevó a cabo Rocío Arias, quien reconoció haber tenido vínculos con el ex jefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Montoya alias Don Berna.

Arias salpicó a varios dirigentes, entre los cuales figuró el nombre de Velasco. Con base a la denuncia, la ex congresista afirmó que los paramilitares habrían financiado los viajes de él a cambio de interceder en el trámite de la Ley de Justicia y Paz favorable a ellos. No obstante, la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad, luego de haber sido puesto en detención. Posteriormente, lo declaró absuelto de los cargos.

Adicionalmente, la Procuraduría archivó una investigación contra él por el mismo caso. El ente de control no encontró evidencias que lo vincularan con los paramilitares cuando ejerció como congresista del Partido Liberal.

Jhenifer Mojica también tuvo líos administrativos. Hace una década, la Procuraduría la inhabilitó por diez años luego de encontrar que ella ocupó la subgerencia de Incoder (la hoy Agencia Nacional de Tierras) sin los respectivos requisitos legales en 2011. La oficina de gestión humana de la entidad certificó que ella no cumplía con los requisitos y la experiencia suficiente para obtener esa posición. Sin embargo, ella pudo ejercer el cargo.

Empero, en 2017 la Procuraduría revocó la sanción impuesta contra ella, certificando que ella si contaba con la experiencia laboral necesaria en materia de temas agrarios. Además, determinó que la investigación efectuada contra Mojica por la misma entidad no respetó el debido proceso.

Por su parte, Lizcano también fue investigado en el pasado por el ente de control. En 2017, la Procuraduría emitió dos documentos contra él. El primero era de carácter preliminar, relacionado con el escándalo del Cartel de la Toga. Luego de la captura de Gustavo Moreno, presuntamente el hoy minTIC habría recibido millonarios pagos a cambio de beneficios judiciales.

La otra investigación radicó en las presuntas irregularidades encontradas en la adquirió de tres lotes de tierra adquiridos por Lizcano y su padre. Cuando terminó su gestión como congresista, la investigación pasó de ser competencia de la Corte Suprema a estar en manos de la Fiscalía. Sin embargo, en 2021 la investigación sobre su presunta relación con el Cartel de la Toga fue archivada, debido a que se consideró que no había motivos suficientes para vincularlo al caso.

Lizcano también se vio salpicado por presuntamente estar relacionado con la parapolítica, luego de haber sido denunciado por posiblemente haber recibido dinero del Bloque Cacique Pipinta de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006 para financiar su campaña a la Cámara. No obstante, luego de una investigación de 15 años, el proceso fue archivado en 2021.