Los retos del Congreso

El segundo año de sesiones del Congreso “no será menos ambicioso” que el primero. Esa es la principal previsión del gobierno Santos que a partir de este 20 de julio radicará casi una veintena de proyectos, cuyo debate supone el principal reto para el legislativo.

Sin embargo, este periodo que sigue siendo crucial para el gobierno, estará marcado por una agenda política distinta.

Más allá de los proyectos, y de marchar al ritmo que propone el gobierno, las elecciones de octubre parecen ser la prioridad para senadores y representantes que se juegan el poder en sus respectivas regiones.

Históricamente, las sesiones que coinciden con esta coyuntura electoral han estado marcadas por el ausentismo, un mal endémico del Congreso que pareció reducirse a su mínima expresión entre 2010 y 2011.

Senadores y representantes tendrán que dividir sus agendas en hacer proselitismo con sus candidatos en las regiones, y responder las exigencias de su trabajo parlamentario.

La estrategia del gobierno para que las elecciones no alteren el trabajo del Congreso está definida. El experimento de la Mesa de Unidad, donde los presidentes de los cuatro partidos de la coalición (la U, P. Conservador, P. Liberal y Cambio Radical) concertan con el gobierno las iniciativas, seguirá vigente, y quizás tendrá mayor relevancia.

Armando Benedetti (la U), saliente presidente del Congreso, admitió a Semana.com su escepticismo con esa estrategia de discutir previamente los proyectos por fuera del Congreso. Sin embargo calificó de “exitosos” sus resultados y aseguró que será clave para el periodo que inicia a partir de este miércoles.

Su sucesor en la presidencia del legislativo, el senador Juan Manuel Corzo (P. Conservador), quien tendrá la responsabilidad de que el Congreso marche, advierte que la Mesa de Unidad será la garantía para que se cumplan los retos.

“El gobierno deberá acordar la agenda con los jefes de los partidos, deberán asumirse compromisos para que el trabajo de los congresistas en las regiones no altere los resultados del Congreso”, dijo Corzo a Semana.com

En eso coincide Simón Gaviria (P. Liberal), próximo presidente de la Cámara, quien admite que en su feudo se necesitará mayor disciplina ante esta coyuntura, y considera que la concertación entre gobierno y partidos puede agilizar el trámite de los proyectos, como sucedió en el primer año.

El encargado de la armonía de este mecanismo, de nuevo será el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, quien deberá responderle al presidente Santos por el trámite de los proyectos.

Sin embargo, la preocupación del presidente es que la confrontación política de las regiones no dañe la armonía de los partidos políticos en la coalición de la Unidad Nacional.

Aparte de Vargas Lleras, Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda, también está llamado a ser protagonista en el Congreso, pues la mayoría de proyectos son económicos.

Las comisiones primeras de Senado y Cámara se encargarán del consenso entre el gobierno y las cortes en torno a la reforma a la justicia. Las comisiones terceras, cuartas y quintas tendrán mayor trabajo por los proyectos económicos.

La agenda económica

La agenda que impulsará Echeverri es amplia, y va más allá del proyecto de presupuesto de la Nación que siempre acapara la atención de los segundos semestres de cada año.

Echeverry anunció que en el mes de agosto radicará la tan anunciada reforma tributaria, que buscará simplificar el regimen de impuestos y reducir tributos a quienes inviertan en el país y a las empresas que generen empleo.

La venta del 10 por ciento de las acciones de Ecopetrol tendrá que ser objeto de estudio por el Congreso, más aún cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto de la emergencia invernal que permitía esta venta. La intención del gobierno con este paquete accionario es conseguir recursos para invertirlos en infraestructura y la reconstrucción del país tras el invierno.

Otro reto para el Congreso es el proyecto de ley que deberá reglamentar la reforma constitucional de las regalías. Será una iniciativa que busca establecer los criterios para la distribución e inversión de estos recursos, que según los cálculos del gobierno será de 100 billones de pesos hasta el 2020.

Otra de las reformas legales más ambiciosas para el gobierno será el código minero, que modificará las normas de explotación, más aún cuando el presidente anunció una cruzada contra la minería ilegal.

Justicia, la prioridad

La reforma a la justicia, la misma asignatura pendiente para los cuatro ministros que antecedieron a Vargas Lleras, es la prioridad trazada por el gobierno Santos.

Será un año de discusiones (necesita ocho debates) en los que se tratará de buscar consenso entre las tres ramas del poder público para encontrar fórmulas contra la congestión y el acceso de la justicia a los ciudadanos.

Sin embargo, la reforma a la justicia, que será debatida durante un año, también se ocupará de las tutelas contra sentencias judiciales, la doble instancia para aforados, la reforma a la comisión de acusaciones del Congreso, y determinará si se elimina el Consejo Superior de la Judicatura.

Aunque el gobierno cuenta con mayorías para impulsar su proyecto, que no logró el pleno consenso con las cortes, el filtro serán las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde muchos congresistas respetan mucho los conceptos de los magistrados.

Mientras se produce este debate, la cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara reanudará el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por las chuzadas del DAS. Este semestre deberá rendir versión libre.

Educación, el gran debate

Además de la reforma judicial, la que se pretende adelantar a la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) se prevé como uno de los debates más controvertidos y álgidos que le esperan al Congreso.

El gobierno busca ampliar la cobertura y la calidad de la educación superior, pero sus fórmulas para ello no dejan indiferentes a rectores y estudiantes.

Los puntos que se deberán dirimir en el Congreso serán la inversión de empresas privadas en la universidad pública; la creación de universidades con ánimo de lucro y la autonomía universitaria. Las comisiones séptimas, las encargadas de afrontar este reto.

Indígenas y afrodescendientes, en la agenda

Este semestre el Congreso también tiene el reto de ocuparse de legislar en materia de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Cuatro proyectos componen esta asignatura.

Primero, los alcances de la recién sancionada ley de víctimas deberá ser reglamentada para comunidades afrodescendientes e indígenas, que, según la Constitución, requieren de consultas en estas comunidades.

Otro proyecto de ley pretende desarrollar y regular el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas y negras, y se ocupará especialmente de recientes fallos judiciales en la materia.

Uno más busca ocuparse de las entidades territoriales indígenas y un proyecto de ley estatutaria pretende regular en materia de igualdad de oportunidades para afrodescendientes.

Las otras iniciativas del Gobierno

- La reforma a las CAR: A las Corporaciones Autónomas Regionales se les cuestionó su eficacia en la pasada tragedia invernal. Por eso el gobierno insiste en reformarlas. Se prevén cambios tanto en su estructura interna, especialmente en despolitizar el origen de sus nombramientos, y reformar las funciones que desarrollan en materia de política ambiental. Fue una intención del gobierno al amparo de la emergencia invernal, pero el decreto también lo tumbó el máximo tribunal constitucional.

- La regulación de las telecomunicaciones: Tras la desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión, este semestre el gobierno presentará el proyecto de ley que define el nuevo marco de las telecomunicaciones en el país. En dicho proyecto se establecerá que tres entidades asumirán las actuales funciones que venía desempeñando la CNTV.

Las redes de telecomunicación van a ser reguladas por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Se creará la Agencia Nacional del Espectro, que controlará el espectro electromagnético. En cuanto a los contendidos de la Televisión, estarán a cargo de un centro independiente.


- El código penitenciario y carcelario: Este nuevo código contempla que la seguridad de los centros de reclusión pueda ser contratada a empresas privadas. Bloqueo de señal de comunicaciones, registro de las llamadas autorizadas, todo con el propósito de evitar que desde el interior de las cárceles se siga delinquiendo.

Una de las nuevas disposiciones de esta iniciativa busca eliminar los trasladados de internos para que cumplan diligencias judiciales.

Si el Congreso así lo determina, se establecerán como obligatorias las audiencias virtuales desde las cárceles. Según el gobierno, un operativo de traslado, además de los riesgos ante posibles fugas, le cuesta al Estado 100 millones de pesos, y puede superar los 200 en casos que involucren a presos de más alta peligrosidad.

- El estatuto de estupefacientes: Pretende actualizar la Ley 30 de 1986. El proyecto está siendo ajustado por el Ministerio del Interior y ha sido socializado con cerca de 40 instituciones y órganos del Estado, porque el propósito, explicó Vargas Lleras, es que todas las instituciones del Estado “adquieran nuevos compromisos” en la lucha contra las drogas.

El nuevo estatuto de estupefacientes pretende dotar a jueces y fiscales de mayores herramientas legales para atender los delitos de producción y tráfico de estupefacientes. Por eso se harán reformas al código penal.

También obligará al Ministerio de Educación a implementar en colegios públicos programas de prevención del consumo de drogas, y tendrá un capítulo dedicado a la política de sustitución de cultivos y nuevas disposiciones en materia de la política de erradicación de cultivos ilícitos.

- Otros proyectos: El gobierno también radicará la ley estatutaria de la mujer, régimen departamental, estatuto tributario territorial, código de policía, entidades territoriales indígenas, reforma al sistema de atención y prevención de desastres, estatuto de la oposición, reforma al código electoral, estatuto arbitral nacional e internacional, estatuto estupefacientes y arancel judicial.