Más dudas sobre métodos de impulsores del tercer mandato de Uribe

Esta semana aparecieron nuevas denuncias que ponen en entredicho la legitimidad con que han adelantado su campaña, los impulsores del proyecto de referendo que permitiría que el Presidente fuera candidato por tercera vez : la cercanía entre el Fiscal Mario Iguarán y una de las promotoras del referendo, los aportes de la firma Transval al proyecto y la presunta filtración de información privilegiada de la Registraduría a los impulsores de la iniciativa.

Estas denuncias se suman a la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar a los promotores del referendo tras encontrar inconsistencias en su financiación.

Este martes, el representante Germán Navas Talero (del Polo) y su homólogo liberal, Carlos Piedrahíta solicitaron a la Comisión Primera de la Cámara hacer un debate de control político al Fiscal Iguarán para que explique su relación con Myriam Donato de Montoya, una de las promotoras del referendo reeleccionista. La petición de los representantes fue aprobada por la mayoría de los integrantes de esta comisión aunque no está definida la fecha en que el Fiscal deberá asistir al Congreso.

El nombre de Myriam Donato fue noticia el pasado 9 de febrero, cuando La W denunció que la fiscal seccional encargada de la investigación contra los promotores del referendo por el presunto delito de fraude procesal fue removida del caso. La fiscal ya había ordenado una audiencia de imputación de cargos para el 16 de febrero pasado, pero el fiscal que asumió la investigación, José Edgar Collazos, decidió no realizar la audiencia.

El representante Navas pidió a Iguarán, a través de un derecho de petición, una explicación por el cambio de fiscal. Iguarán respondió que era una facultad suya cambiar a los fiscales. La respuesta, obviamente, no satisfizo a Navas quien ha sido el denunciante de varias irregularidades en el trámite del referendo.

Pero Donato volvió a ser noticia esta semana, tras la publicación de una columna de Daniel Coronell en la revista Semana. El columnista cuenta cómo la señora Donato, vecina y amiga personal del Fiscal, gestionó un viaje a la China para Daniela y David Santiago Iguarán Saavedra, hijos del Fiscal, con todos los gastos pagos. Además relata que las directivas de la Asociación de Amistad Colombo-China, que fue la organización que llevó a los jóvenes al país asiático, no aprobaban dicho viaje.

Por esta razón, los representantes solicitaron la presencia Iguarán en la Comisión Primera de la Cámara. Para los citantes resulta sospechoso el hecho de que el Fiscal hubiera alterado el proceso. “Al menos por asuntos éticos el Fiscal no debió meterle mano al proceso en el que la señora Donato estaba llamada a audiencia de imputación de cargos", dijo Navas a Semana.com.

El representante también dijo que Collazos no ha avanzado en el proceso, pero lo más preocupante es que según él “es amigo cercano de Iguarán y del abogado, Jaime Bernal, quien es abogado de los promotores del referendo. Incluso, existe una foto en la que el señor Collazos, al posesionarse, está con Iguarán y Bernal como padrino de confirmación", explicó Navas.

Pero esta no es la única explicación que los opositores del proyecto de referendo exigen para continuar con su trámite. Este martes, en la Comisión Primera del Senado, donde se discute la iniciativa en su tercer debate, el senador liberal Héctor Helí Rojas pidió que David Murcia, principal responsable del desarrollo de la captadora ilegal de dinero, DMG, se presentara en la comisión a declarar.

“En vista de las demoras que tienen el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía para resolver las dudas que hay sobre la financiación del proyecto, pedí que se invitara a declarar a David Murcia a la Comisión Primera, para que explique si DMG aportó dinero para la recolección de firmas”, dijo Rojas a Semana.com.

La sesión en el Senado se levantó para estudiar la factibilidad de la propuesta que será discutida el próximo martes.

La participación de DMG en la financiación del referendo fue denunciada por el representante Navas, mientras la iniciativa se discutía en la Cámara, el año pasado. Entre la contabilidad de los promotores del referendo figuran 4,7 millones de pesos donados por la empresa Transval, que fue una empresa creada por DMG para transportar su dinero.

Además, el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo en el momento en que empezaron a destaparse las irregularidades, que la Transval había hecho una contribución en especie, que no figura relacionada en los documentos que se entregaron a la Registraduría.

Otra columna de Semana de la periodista Maria Jimena Duzán menciona que DMG donó 4 mil millones de pesos a la causa, según fuentes de inteligencia. No obstante, Luis Guillermo Giraldo, vocero de los promotores del referendo amenazó con demandar por injuria y calumnia, tanto al senador Rojas como a la columnista Duzán por sus aseveraciones.

Pero las dudas sobre el trámite del referendo no paran ahí. Al interior de la Regstraduría las autoridades investigan disciplinariamente a las personas que administraban las bases de datos del censo electoral. El hecho fue confirmado, por el propio Registrador, Carlos Ariel Sánchez a La Fm, este miércoles.

La investigación se abrió porque esas personas presumiblemente filtraron información privilegiada a los promotores del referendo. El Registrador dijo que hay cuatro personas investigadas, entre las que está el ex Director de Gestión Electoral, Álvaro Echeverri Londoño, quien es coterráneo de Giraldo.
 
Estos hechos se suman a las enredadas cuentas que los promotores del referendo presentaron a las autoridades. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya les abrió investigación pues encontró inconsistencias en la contabilidad del proyecto por la presunta violación de los topes en su financiación.

El Registrador tiene la última palabra en la certificación del trámite de la iniciativa. Sin embargo, solo podrá pronunciarse una vez culmine la investigación del CNE.
 
Posible violación de topes,donaciones presentadas como créditos y presuntas donaciones de dudosa procedencia para financiar la campaña de recolección de firmas pro reelección de Uribe; presunto manejo de información privilegiada de las cédulas de los ciudadanos en beneficio de una causa; y encima, presunta manipulación de la justicia para evitar que se investiguen estos dudosos métodos... todo esto arroja dudas sobre la transparencia y la legitimidad con la que se ha impulsado el tercer mandato del actual Presidente.