“Mientras aumenta el maltrato a los menores, Petro elimina la Consejería para la Niñez”: representante liberal Julián Peinado

El panorama es desolador. A pesar de que hace un año se puso en marcha la llamada ‘ley antichancleta’, que busca que el Estado formule programas de orientación pedagógica para que los padres o acudientes no maltraten a los menores, la realidad es que, contrario a lo que se esperaba, las agresiones, en vez de disminuir, aumentaron.

Según Medicina Legal, el país pasó de 27.539 casos de maltrato a menores en 2021 a 36.253 en 2022, un aumento cercano al 30 %.

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¿Qué está pasando? En diálogo con SEMANA, el representante Julián Peinado, autor de esta norma, explicó qué es lo que está fallando en la implementación de esta estrategia y se arremetió contra el Gobierno al asegurar que en esta materia se están dando “pasos en falso”.

SEMANA: ¿Qué balance hace del informe que les presentó el Gobierno frente al primer año de implementación de la ‘ley antichancleta’?

JULIÁN PEINADO (J.P.): Nos queda un sabor agridulce y unas alteras importantes. En positivo, podemos decir que los 32 departamentos y el 50% de los municipios del país vienen trabajando para implementar la estrategia pedagógica, pero es negativo porque hay una descoordinación entre la cabeza de política, que es el ICBF, y los ministerios. Cada cual está andando por su lado sin atender la problemática de una manera integral y transversal.

SEMANA: Las cifras dicen que el maltrato contra los menores ha aumentado, ¿realmente la ley sí sirve?

J.P: La ley lo que hace es generar un mandato sobre las entidades públicas. Lo que vemos es un problema estructural, en tanto las comisarías de familia no están prestando un servicio que deben prestar. Las cifras de Medicina Legal están disparadas y lo más preocupante es que cuando llega un caso a Medicina Legal es porque la ‘pela’ que le dieron al niño fue tan miedosa que quedó muy maltratado. Lo que vemos es una ausencia de respuesta en el acompañamiento por parte del ICBF y también hay rezago en la toma de denuncias por parte de la Fiscalía. No se encuentran los mecanismos para poner las denuncias.

SEMANA: ¿Qué pasa con los casos que no llegan a Medicina Legal?

J.P.: Hay un subregistro muy grande, debido a la falta de implementación de publicidad de esta estrategia, ha sido tibio el Gobierno Nacional a la hora de difundir esta estrategia en medios de comunicación. En Suiza, en los años 70 se difundió una estrategia similar hasta en las cajas de leche.

SEMANA: ¿Se está ‘rajando’ el Gobierno en protección a los menores?

J.P.: Nos preocupa que vemos a un presidente que mientras aumenta el maltrato a menores desiste de la Consejería para la Niñez, entidad que venía advirtiendo todos estos temas. Nos parece un retroceso en la garantía de los niños, niñas y adolescentes y una salida en falso.

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Hasta el momento, han sido más los esfuerzos aislados de algunos territorios, como el municipio de Envigado, que hoy es modelo en la implementación de esta estrategia. Este municipio aporta el 15% de las cifras de implementación de todo el país.

SEMANA: ¿Por qué no contemplar sanciones adicionales a los padres que recurren al castigo físico para corregir a sus hijos?

J.P. Lo que pretende esta ley es generar herramientas para que el Estado las democratice. Es decir que el campesino, el celador o la señora que trabaja en oficios varios que no tienen los recursos para acceder a psicólogos o terapeutas puedan acceder a ellos a través del sistema de seguridad social y que tengan intervenciones oportunas. Esto no se ha implementado.

Frente a las sanciones, estas ya existen en las leyes actualmente. Existe la violencia intrafamiliar, existen las lesiones personales, existe el abuso sexual.