Oficina de la ONU en Colombia preocupada por interceptaciones ilegales

COMUNICADO

Bogotá D.C., 16 de junio de 2009

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las interceptaciones de comunicaciones y seguimientos ilegales realizados por organismos de inteligencia, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contra magistrados, defensores de derechos humanos, representantes de partidos políticos y periodistas, entre otros.

La Oficina recuerda que el secreto de las comunicaciones es un derecho individual, constitucional reconocido, que garantiza un espacio inviolable de libertad y privacidad. La interceptación de las comunicaciones únicamente puede ser aceptable de forma excepcional, previa orden judicial y siguiendo las formalidades establecidas por la ley. De otra manera, los derechos a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre son violados.

En varios de sus informes sobre Colombia la Alta Comisionada ha recomendado al Estado “…fortalecer las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos…”, incluidos los casos de estigmatización de su labor. También ha recomendado hacer una revisión de los archivos de inteligencia con el fin de examinar “…la veracidad e imparcialidad de la información contenida en tales archivos y de excluir –de éstos- datos erróneos o tendenciosos …”.

La ilegalidad de las interceptaciones afecta también el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar informaciones recogidas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. La Oficina también se preocupa por el uso ilegítimo que se pueda hacer de la información recogida en interceptaciones ilegales y sus posibles graves consecuencias para las personas afectadas. Además, la percepción pública de que existen interceptaciones ilegales puede dar lugar a autocensura en el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación por temor a represalias.

La Oficina considera que la nueva ley de inteligencia, con su enfoque de garantía de derechos y exigencia de estricto respeto a los controles políticos y judiciales, constituye un marco legal adecuado para prevenir situaciones similares. Por ello, la Oficina sugiere una rápida implementación de la ley, así como de los cambios pertinentes en el DAS.