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El presidente Álvaro Uribe (izquierda) y el presidente de la Corte Augusto Ibañez se reunieron este jueves para hablar sobre la seguridad de los magistrados.

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Parco encuentro entre el Presidente y la Corte

Ibañez y Uribe retornaron al diálogo, pero la elección del Fiscal sigue en el tintero. El gobierno ofreció reforzar la seguridad de los magistrados.

1 de octubre de 2009

La elección del Fiscal General de la Nación seguirá en el limbo por ahora. Este jueves la Corte Suprema de Justicia en su sala plena se abstuvo de votar por los tres postulados por el gobierno: el ex embajador en la OEA, Camilo Ospina; la abogada Virginia Uribe y el ex consejero de Estado Jorge Pretelt.

El Alto Tribunal espera una nueva reunión con el presidente, Álvaro Uribe, con el fin de dialogar sobre el tema y encontrar una salida al problema. Es muy grave que un país con los líos de crimen que tiene Colombia, la institución principal en la investigación penal se quede sin cabeza por tanto tiempo.
 
Hasta ahora la mayoría de los 23 magistrados que integran la Corte han declarado “inviable” la terna. Esta institución le dijo al Presidente que si quería podía cambiar la terna, luego de que en varios medios de comunicación se publicaran denuncias sobre falta de idoneidad o las sospechas sobre la independencia de los postulados. Sin embargo el Jefe de Estado respondió que no iba a cambiar la terna pues los postulados cumplían con los requisitos legales.

Antes de la reunión de sala plena de la Corte de este jueves, el presidente Uribe se reunió con el presidente de la Corte, Augusto Ibañez, y el vicepresidente del mismo tribunal, Jaime Arrubla. Sin embargo, en la reunión, que duró solo media hora, no se resolvió el tema de la elección del Fiscal, sino que se habló de la seguridad de los magistrados.

"Fue una reunión constructiva, los colombianos pueden tener la certeza de que en las manos de este gobierno, las instituciones no se van a debilitar, por el contrario, las fortaleceremos como en estos 7 años de Gobierno", dijo Uribe al salir de la reunión.
 
El Jefe de Estado anunció que asignará 3 millones de dólares para garantizar la seguridad de funcionarios de la Rama Judicial, luego de que algunos magistrados denunciaran que había un complot para atentar contra sus vidas. El gobierno volvió a decir que el dinero saldría de los dólares incautados por las autoridades en el puerto de Buenaventura, días atrás.

Pero como el proceso de extinción de dominio, que es judicial y no dependen del Ejecutivo,  puede durar entre uno y tres años, el gobierno aclaró que “incorporará en el presupuesto de 2010 una suma equivalente, a manera de crédito puente”.

Al encuentro también fue el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

¿Otra terna polémica ?

Desde hace un año, el magistrado Temístocles Ortega Narváez terminó su período en el Consejo Superior de la Judicatura. En el cargo, de manera provisional está la magistrada Nancy Ángel Müller. El gobierno está en mora de presentar una terna para que el Senado decida quién ocupará el cargo. 

Sólo hasta hace unos días vienen sonando algunos nombres de posibles candidatos.  Incluso la Presidencia públicó en su página web la de la abogada Esperanza Escobar Gil, hermana del ex magistrado Rodrigo Escobar Gil entre los aspirantes al cargo. Sin embargo, después se echó para atrás, pues ya no aparece en la página web.  Según supo Semana.com, el gobierno estaría pensando mejor la terna,  por las eventuales críticas que podría generar.

El noticiero CM& hace casi un mes reveló que uno de los aspirantes a ese cargo es Carlos Arturo Ramírez Vásquez, quien también estuvo en encargado como magistrado de ese tribunal. Dijo el noticiero que “para ganar méritos ante el Gobierno, fue el ponente de la polémica tutela que borraba apartes de la motivación en que la Corte Suprema de Justicia condenaba a la parlamentaria Yidis Medina”. 

Tres preguntas se deducen de esta demora. La primera, es si el el gobierno está buscando personas tan específicamente especializadas en derecho disciplinario, y tan impecables, que le ha costado trabajo encontrar tres que puedan integrar la terna; o si más bien ha sido un tema de puja política, y en este caso, como en las anteriores ternas a Consejo Superior, cada ternado es cuota que le otorga a un partido.
 
La tercera pregunta es que si el gobierno puede replantear nombres que ya ha hecho públicos para una terna al Consejo, por qué no lo puede hacer en el caso de su terna a Fiscal.  Esa puede ser la salida del atoro de la elección.