REPARACIÓN
Piden al gobierno reglamentar aportes voluntarios a las víctimas
Autores de la ley dicen que aún no se han podido recibir las donaciones de los colombianos para financiar la reparación. ONG exige que multa que pagara Chiquita Brands por sus vínculos con paramilitares también contribuya a este propósito.
La política de reparación y restitución a las víctimas tendrá vigencia hasta el 2021. En estos diez años, el Gobierno aspira a saldar la deuda con las víctimas del conflicto, y para ello ha garantizado, a través de un documento Conpes, la financiación de la Ley que establece la reparación.
La Ley de Víctimas también establece la donación voluntaria de los colombianos, pero el Gobierno aún no lo ha reglamentado.
Se trata de la disposición para que los bancos, a través de las transacciones por cajero automático o por internet, puedan recaudar aportes voluntarios de sus clientes. Y de la disposición para que almacenes de cadena y grandes supermercados recauden aportes voluntarios a través del redondeo de las vueltas.
Hasta ahora, esta disposición no se ha podido llevar a cabo porque el Gobierno no la ha reglamentado, dice el senador Juan Fernando Cristo.
Guillermo Rivera les pide a los gremios y a Asobancaria darles vida a estas disposiciones y que estas donaciones se empiecen a aplicar para fortalecer el Fondo de Reparación a las Víctimas.
Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, le pide al Gobierno que a través de la Cancillería adelante las gestiones necesarias para que los 25 millones de dólares que la multinacional Chiquita Brands deberá pagar, producto de una condena en Estados Unidos, no se queden en el tesoro norteamericano sino que lleguen al fondo de reparación a las víctimas. "Las víctimas de las relaciones admitidas entre la multinacional bananera están en Colombia y no en Estados Unidos", dice.
Estas peticiones las hicieron durante el lanzamiento de la Alianza por las Víctimas, una iniciativa liderada por el Partido Liberal y varias ONG nacionales para promover esfuerzos voluntarios de los colombianos como gesto de solidaridad y compromiso con las víctimas.
La propuesta es que la Ley de Víctimas no se "quede en el papel", dice Carmen Palencia, líder de restitución de tierras, y que quienes estén en capacidad, puedan donar desde horas de trabajo a las organizaciones públicas o privadas encargadas de la reparación, hasta bienes, dinero, bancos de materiales, alimentos y herramientas de trabajo.