Piden investigar a exministros señalados de cruzar 'puerta giratoria'

Cuando el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, criticó que exministros del gobierno de Álvaro Uribe hubieran pasado a trabajar a la empresa privada, en sectores donde, como funcionarios públicos, habían tomado decisiones, la Procuraduría ya conocía una petición para investigar disciplinariamente a varios de ellos.
 
La Red de Veedurías le pidió al procurador general, Alejandro Ordóñez, examinar la conducta de dos exministros de Álvaro Uribe. Son ellos Hernán Martínez (Minas y energía) y Luis Guillermo Plata (Comercio, industria y Turismo).
 
Según explicó el representante de la Red de Veedurías, Libardo Espitia, los dos exministros pasaron, al poco tiempo de dejar el ministerio, a defender intereses del sector privado “con información privilegiada”. Lo que comunmente se denomina la puerta giratoria.
 
Para Espitia, los dos exministros “vulneraron las inhabilidades” contempladas en el Código Disciplinario, pues el artículo 35 de esta norma señala la imposibilidad para el funcionario de "prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias de su puesto, “hasta por término de un año después de la dejación del cargo”.
 
Según la queja, el exministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, pasó a la junta directiva de Bavaria. Y en su ejercicio como miembro del gabinete, tomó decisiones relacionadas con esta empresa.
 
Amparado en la ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia (Ley 963 de 2005), el ministro de Comercio, Industria y Turismo suscribió con la sociedad Bavaria S.A. el contrato de estabilidad jurídica EJ-02 a un término de 20 años.
 
Dicho contrato se pactó el 8 de febrero de 2008, casi un año después de que Plata fue nombrado en esa cartera.
 
El otro caso denunciado por la Red Nacional de Veedurías es el del exministro de Minas Hernán Martínez, quien al salir del Gobierno fue a ocupar una plaza como miembro de la junta directiva de la empresa minera Medoro Resources. La queja advierte que cuando aún tenía investidura pública Martínez facilitó las gestiones de la compañía para negociar la compra de la Frontino Gold Mines.
 
Según la denuncia disciplinaria, conocida por Semana.com, la falta de los funcionarios "es calificada de grave", indicó Espitia.
 
La queja está en manos de la Procuraduría, que deberá decidir si hay méritos o no para abrir investigación disciplinaria.
 
En todo caso, esta práctica de pasar del sector público al sector privado ya cuenta con una inhabilidad mayor, pues gracias a la sanción del estatuto anticorrupción, exfuncionarios no podrán pasar al sector privado en un mínimo de dos años.