Pinzón y Holguín, los dos ministros en vilo por el fuero militar

"No le quepa la menor duda. El Congreso le entregará la seguridad jurídica que reclaman nuestros militares". Las palabras son del presidente del Senado, Roy Barreras (la U), quien anticipa que, después de un tormentoso año y medio de trámite, el Legislativo aprobará la reforma a los alcances del fuero consagrado para los miembros de las Fuerzas Armadas, un proyecto que ha generado una gran preocupación en organizaciones vigilantes de los derechos humanos, caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la influyente Human Rights Watch.

Esta reforma tuvo una particular génesis. En épocas del gobierno de Álvaro Uribe, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía firmaron un convenio de cooperación que obligaba a que las operaciones militares contaran con la vigilancia del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI).

Ese convenio, firmado el 14 de junio del 2006 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fiscal de la época, Mario Iguarán, establece que "los servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones lleven a cabo las inspecciones de aquellos lugares de los hechos en donde se requiera su concurso técnico científico y que mientras se hacen presentes en el lugar de los hechos los servidores del CTI, se realice por parte de los miembros de la fuerza pública su protección, atendiendo la obligación legal prevista para el 'Primer Respondiente'".

Pero lo que más 'enredó' a los militares es que ese convenio, de antemano, fijaba la prelación de la Justicia Ordinaria sobre la Penal Militar al señalar que "luego de la búsqueda, fijación, recolección, embalaje y aseguramiento de las evidencias físicas y elementos materiales de prueba hallados en el lugar, así como las entrevistas de los posibles testigos, los servidores del CTI remitan los respectivos informes a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía".

La misión de Pinzón

Fue por eso que una de los primeras decisiones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fue presentarle al Congreso una reforma al fuero militar para que los actos del servicio, con puntuales excepciones, volvieran a ser de conocimiento de la justicia especializada para los militares y no de una jurisdicción integrada por civiles y que "desconocen los procedimientos de las Fuerzas Armadas en medio del conflicto", según explica el propio Roy Barreras quien fue uno de los primeros impulsores de esta reforma.

En pocas palabras, el temor de los militares es que no sabían cómo enfrentar a la subversión, pues con ese convenio los combates podrían reducirse a contrarrestar las ofensivas de la guerrilla, de lo contrario lo "pensaban" más de una vez para adelantar procedimientos de corte ofensivo.

Los militares le reclamaron al ministro Pinzón la seguridad para adelantar operativos de corte ofensivo contra la subversión, y eso lo pretende conseguir el gobierno al consagrar la prelación de la justicia penal militar sobre la ordinaria para conocer de los delitos cometidos por los militares, con excepción de siete conductas puntuales: los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado, serán de conocimiento de la justicia ordinaria.

Congresistas como Miguel Gómez (la U) consideró que elevar a rango constitucional esta lista de delitos "debilitaría el fuero" de los militares. Sin embargo, el gobierno aceptó esta fórmula.
 
Los 'problemas' para Holguín
 
Pero la reforma al fuero militar también tiene en vilo a la canciller María Ángela Holguín. Porque los reiterados pronunciamientos de la comunidad internacional advierten que sería un retroceso mantener la prelación de la justicia penal militar para el conocimiento de las conductas de los militares.
 
Así se lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno colombiano y al Congreso de la República en su reciente visita al país. La CIDH, al igual que el influyente José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, enumeraron sus inquietudes.
 
La primera, que con esta reforma "las primeras diligencias tras un presunto delito cometido por un miembro de la fuerza pública estarían a cargo de la justicia penal militar", no como se practica en la actualidad gracias al convenio firmado en el gobierno Uribe. "Las etapas iniciales de una investigación sirven como base para la toma de decisiones centrales y marcan el desarrollo de las etapas siguientes, por lo cual tienen una importancia clave en la administración de justicia", señala la CIDH.
 
La segunda, la reforma establece que en caso de duda, excepcionalmente una Comisión Mixta, integrada por representantes de la jurisdicción militar y de la civil, podrá intervenir con la finalidad de resolver la competencia que corresponda. Para la CIDH esta disposición "invierte la regla actual de que los casos sean resueltos en la justicia ordinaria, y que la transferencia a la justicia penal sea la excepción".
 
Y la tercera, a pesar de la lista de siete delitos excluidos del conocimiento de los tribunales castrenses, la lista debería ser más amplia. Para la CIDH, la reforma como la ha aprobado el Congreso en siete debates, "otras graves violaciones a los derechos humanos serían conocidas por la jurisdicción militar, por ejemplo, crímenes de guerra y detenciones arbitrarias2.
 
En el informe preliminar que la CIDH redactó tras su visita a Colombia reconoció los avances que en materia legislativa, jurisprudencial y administrativa el país ha tenido respecto a que las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de los agentes de la fuerza pública fueran conocidas por la jurisdicción ordinaria.
 
Pero, de otro lado, afirmó que la reforma constitucional que será aprobada por el Congreso "constituirían un grave retroceso y pondría en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia. La CIDH urge al Congreso a no aprobar esta ley en su formulación actual y a introducir cambios para compatibilizar el proyecto con su obligación constitucional de cumplir con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
 
Colombia fue excluida de la lista negra de los países que preocupan a la CIDH en materia de Derechos Humanos, pero el propio presidente de esta Comisión, el mexicano José de Jesús Orozco le admitió al diario El Tiempo que la aprobación de la reforma "podría atravesársele" a la decisión de sacar al país de la 'lista negra', uno de los principales logros diplomáticos de la canciller Holguín.

Las enmiendas

Para el último y definitivo debate los senadores han acordado cambios puntuales en la redacción del proyecto para despejar los temores de los principales críticos de la iniciativa. Entre otras la inclusión de normas transitorias para evitar que los actuales procesos que son de conocimiento de la justicia ordinaria puedan pasar a la justicia castrense por cuenta de la aprobación de esta reforma.

También se dispone de un término de un año, a partir de la entrada en vigencia de la norma, para que la Fiscalía y la justicia penal militar analicen todos los casos que tienen en su jurisdicción para definir si son de competencia de los tribunales castrenses o de la justicia ordinaria.

El senador Armando Benedetti (la U) reveló que llevará una propuesta para que las funciones de policía judicial de la justicia penal militar sean coordinadas con la Fiscalía General de la Nación. Con eso "la Fiscalía podrá verificar el contenido de los elementos materiales probatorios", y despejaría uno de los mayores temores de Vivanco, que la Fiscalía perdiera sus competencias sobre las actuaciones de los militares.

La plenaria del Senado tendrá la autonomía de definir los alcances del fuero militar. El presidente del Senado dice que "el Congreso sabe lo que está haciendo, aprobaremos el fuero militar con estas exclusiones que siempre tendrán que ir a la justicia ordinaria. Avanzaremos en el camino de la paz, pero con unas fuerzas militares sólidas".