'Populismo punitivo', una moda que preocupa a la Fiscalía

En el Congreso se abre paso cerca de una decena de proyectos que buscan endurecer la ley colombiana para castigar determinados delitos. Algunos son iniciativa del Gobierno y otros de los propios congresistas, pero tienen el común denominador de darle un giro a la política criminal.

Proyectos como el estatuto anticorrupción, que busca eliminar los subrogados y beneficios a quienes defrauden al Estado, o iniciativas como las que pretender elevar las penas a violadores de menores, la prisión inmediata a conductores ebrios, o la propia política de seguridad ciudadana, de ser aprobadas, traerán algunas consecuencias para los encargados de administrar justicia.

Todas estas iniciativas son bien recibidas por la opinión pública. Especialmente en determinadas coyunturas cuando existen sentimientos de indignación general ante noticias de corrupción, de maltrato infantil, o fatales accidentes de tránsito. Son proyectos que generan impacto mediático pero quizás no se detienen a analizar la forma de aplicación de dichas normas.

En palabras del senador liberal Jesús Ignacio García, en el Congreso se ha impuesto la moda del “populismo punitivo”, es decir, una forma de legislar modificando el código penal con la creencia que el aumento de penas y sanciones es la forma de persuadir para que no se cometan delitos.

¿Se podrán aplicar leyes drásticas?

Pero, para los encargados de aplicar las reformas al código penal, el aumento de penas o la eliminación de subrogados penales traen varias implicaciones al aparato judicial.

Así lo considera el actual vicefiscal general, Fernando Pareja, quien le ha explicado al Congreso la “profunda inquietud” que hay en la entidad porque en los próximos años, dependiendo de la voluntad y la autonomía del Legislativo, se van a encontrar con una legislación que dilataría procesos y generaría congestión judicial.

“De aprobarse este tipo de leyes que endurece la acción del Estado, prohibiendo todos los beneficios y subrogados penales, generaría la necesidad de crear más cupos carcelarios y mayor capacidad en la policía judicial, la Fiscalía y en los juzgados y tribunales, para que el aparato estatal pueda cumplir efectivamente con esa disposición”, explica Pareja.

Según el Vicefiscal, actualmente hay una gran congestión de procesos, al punto que un solo investigador del CTI tiene que encargarse de 800 casos en promedio. “Si se eliminan los beneficios, por ejemplo a la confesión de delitos, se aumentaría el número de casos que tendrán que ir a juicio, y eso generaría mayor congestión para investigadores, fiscales y jueces”.

Pareja asegura que ante esos próximos desafíos, la Fiscalía tendría que verse obligados a duplicar su planta y su presupuesto. Y explica que de las 10 cárceles que ha inaugurado el Gobierno, actualmente están registrando un 5 por ciento de hacinamiento. “Esto podría aumentar en la medida que las leyes se hacen más drásticas”.

“La alternativa -dice el Vicefiscal- es crear el desarrollo de un derecho penal premial, que no prohíba de un modo absoluto sino que reglamente la concesión de, por ejemplo, la suspensión condicional de la pena o la prisión condicional”.

La política criminal

El choque con el aumento de penas se produce porque, hasta hace menos de una década, la política criminal colombiana había privilegiado un derecho penal laxo, en donde primaban mecanismos jurídicos como la rebaja de penas, el principio de oportunidad, a cambio de la confesión y la colaboración con la justicia.

Esa política facilitó procesos de desmovilización con paramilitares o la lucha contra los carteles del narcotráfico en las décadas de los 80 y 90. Pero la aplicación de estas nuevas iniciativas chocan contra ese tendencia del derecho.

Por eso, la Fiscalía plantea un debate más de fondo en torno a la política criminal que deba aplicarse, y no dar las discusiones en el marco de proyectos puntuales como los que actualmente se discuten en el Congreso.

A diferencia, en el Congreso hay quienes defienden la tesis que el aumento de penas y el endurecimiento de la acción del Estado es el mecanismo para combatir el delito.
Por ejemplo, en el estatuto contra la corrupción, el Ministro del Interior ha defendido la tesis que los instrumentos más drásticos son más persuasivos para evitar la violación de las normas.

"Son intenciones sanas pero no se trata de aprobar a partir de las buenas intenciones. Las leyes deben prever cómo se van aplicar", concluye el Vicefiscal general.