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Carlos Vicente de Roux, concejal de Bogotá.

OPINIÓN

Por qué el Polo no ha debido apoyar al nuevo Procurador

Carlos Vicente de Roux, concejal de Bogotá por el Polo Democrático dice que sabe de la honradez del Procurador que se posesiona hoy y cuyo período va hasta el 2013, pero explica por qué no comparte la decisión de su partido de votar por él.

15 de enero de 2009

El próximo 15 de enero se posesionará como Procurador el ex magistrado Alejandro Ordóñez, quien fue elegido con el apoyo de la mayoría de los senadores del Polo. Lo conozco desde hace varios años porque tenemos buenos amigos en común, católicos devotos y tradicionalistas como él. Lo he tratado poco pero sé que es un hombre honrado, respetuoso de los recursos públicos. Sin embargo, no comparto el apoyo que le dieron los senadores de mi partido.

Para comenzar, desconfío de la forma como mis copartidarios votan en relación con los órganos de control. Ayudaron a elegir como Contralor de Bogotá a Oscar González (hoy sancionado con destitución e inhabilidad por 15 años), y a Rojas Birry como Personero, a pesar de ser amigo íntimo del Alcalde, el funcionario al que le corresponde vigilar. Después de lo visto en estos años, no me extraña que los congresistas del sector del Polo que Gustavo Petro llamaba clientelista, voten con propósitos poco santos, por
los candidatos a los órganos de control con mayor opción de victoria.

Pero tengo consideraciones de mayor envergadura por hacer. Un partido de izquierda, cuando está en la oposición, tiene dos exigencias. La primera es mostrar el horizonte de valores políticos y de transformación social que lo hace diferente y el modelo de manejo del Estado y del gobierno, alternativo al vigente, que propone implantar.
 
La segunda es aprovechar la influencia que va alcanzando en la brega política para conquistar, antes de llegar al poder, espacios de profundización de la democracia -a
tal fin se requiere, generalmente, de alianzas con otras fuerzas progresistas-. Combinar con acierto estas exigencias no es fácil. Si se atiende solo a la primera, el partido puede caer en la prédica mesiánica y aislarse de los problemas concretos de la gente. Pero es un grave error centrar la acción en logros políticos e institucionales parciales, por los que se pague el precio de legitimar propuestas estructurales del gobierno y sus partidos y el de desdibujarse como alternativa de fondo, en el plano de los valores, los programas y los
modelos de sociedad.

La posición de Gustavo Petro, libre como está de sospechas de corrupción y clientelismo, merece ser examinada en función de lo anterior. Él parte de afirmar que Ordóñez habría quedado capturado por el oficialismo uribista si no hubiera recibido el respaldo del PDA y que éste se produjo a cambio de que el nuevo Procurador asumiera unos compromisos precisos sobre los derechos humanos. Destaca, además, que el ex magistrado pertenece al sector que lideró Álvaro Gómez, con el que el M-19 celebró el gran acuerdo político que dio origen a la Constitución del 91.

Ahora bien, veamos cuáles son los alcances de los compromisos a los que alude Gustavo. Se relacionan, en primer término, con unas orientaciones de política, las de adelantar con eficacia los procesos contra los delitos de lesa humanidad y luchar contra la discriminación de las mujeres y las minorías sexuales. En segundo lugar, se refieren a reformas orgánicas: las de crear una oficina delegada para la reparación de las víctimas de la violencia y otra contra la discriminación de los LGBT.

Los compromisos sobre las políticas llaman la atención porque son demasiado generales y no representan un plus respecto a lo que el Procurador tiene que hacer por disposición de la Constitución y de la ley: sancionar las faltas disciplinarias de los funcionarios y proteger los derechos de todos, incluidas las minorías. Y si bien la propuesta sobre las delegadas para las víctimas y los LGBT es buena, esas oficinas corren el riesgo de naufragar en medio de la fronda burocrática de la entidad, compuesta por varias Procuradurías Auxiliares, Salas Disciplinarias, Unidades Coordinadoras y (más de 30) Procuradurías Delegadas. Dentro de esa estructura hay ciertos engranajes fundamentales en relación con los derechos humanos, como el Procurador Delegado Disciplinario para los Derechos Humanos o el Director Nacional de Investigaciones Disciplinarias, para poner dos ejemplos relevantes. Si ellos no se comprometen a fondo en la lucha contra las violaciones de los mencionados derechos, los ajustes
propuestos por Petro servirán de poco. Pero sobre esos engranajes no hubo
compromiso alguno.

El alvarismo de los últimos tiempos de Álvaro Gómez, con el que el M-19
pudo negociar en un plano de igualdad, de tú a tú, estaba propugnando por
cambiar el régimen. El de hoy es un apéndice disciplinado del uribismo. El
doctor Ordóñez fue el candidato del oficialismo, la fórmula del Presidente
Uribe para la Procuraduría, con los siete votos del Polo no se alcanzaba,
ni de lejos, para despojarlo de ese carácter. Sus diálogos con la
oposición fueron un gesto de cortesía política y hay que abonárselo, pero
también un recurso para evitar que se le crecieran los competidores y para
convertirse en el candidato de consenso.

Hay una apuesta estructural del Presidente sobre los órganos de control.
Apunta a cooptarlos o a reducir su autonomía. Esto se articula a una
estrategia de debilitamiento de las estructuras de vigilancia sobre la
fuerza pública en lo que tiene que ver con los derechos humanos. A tal
efecto, y por aludir solo a tres situaciones ilustrativas, el Presidente
ha intentado desprestigiar sistemáticamente a las ONG de derechos humanos,
ha convertido a la Defensoría del Pueblo en poco más que una dependencia
del Ejecutivo (a propósito, quien la ha venido ocupando es un
neoalvarista), y ha sostenido que la reparación administrativa de las
violaciones cometidas por los agentes del Estado los desmoraliza
-bajo una correcta visión de Estado, el control de los
comportamientos desviados es una pieza básica del fortalecimiento de los
cuerpos armados oficiales-. En ese contexto, ¿qué es dable esperar
del Procurador respaldado por el oficialismo? Y ¿qué alcanzan a significar
los compromisos que celebró con siete senadores del Polo?

Al haber votado como lo hizo, la bancada del PDA dejó de marcar una
diferencia con el oficialismo en una cuestión estructural, legitimó su
enfoque sobre el manejo de la Procuraduría y renunció a ejercer, de
entrada, el control del control. Gustavo Petro le proporcionó a los
clientelistas del Polo el discurso con el que cubrieron su actuación,
consolidó una relación discutible con esa tendencia y, al haberse
embarcado en una mala modalidad de apertura del partido, debilitó a
quienes somos amigos de las alianzas entre el PDA y otras fuerzas
políticas progresistas.

CARLOS VICENTE DE ROUX R.
Concejal de Bogotá