Presidente Petro reconoció que se equivocó en el concepto del “cese al fuego” y alertó que la fuerza pública no ha frenado sus operaciones

Varios sectores en el país han cuestionado la eficacia del cese al fuego bilateral que el Gobierno nacional decretó con varias organizaciones criminales al margen de la ley, situación que abordó el presidente Gustavo Petro desde le departamento de Antioquia, realizando una sorpresiva declaración.

Fue más allá el jefe de Estado y condicionó a los grupos criminales sobre el ingreso a la ‘paz total’, asegurando que la fuerza pública no ha frenado sus operaciones, asegurando que organización armada al margen de la ley que atente contra la población será perseguido.

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“Grupo que cometa una hostilidad contra la población grupo será perseguido, grupo que este traqueteando, grupo que tiene que ser perseguido, eso no esta en la posibilidad de la ‘paz total’ la fuerza pública tiene que actuar”, sostuvo Petro.

También lanzó un fuerte mensaje: “Si hay voluntad de paz de esas organizaciones porque de ante mano no lo sabemos, puede haber un cálculo premeditado de acumulación de negocios puede estar sobre la mesa, con lo cual no puede haber una paz dialogada”.

“Es que nosotros no podemos plantear el cese al fuego, como si estuviéramos ante la lucha de dos ejércitos que combaten entre sí por el poder, unos por defender el Estado y otros por tomarse el Estado eso ya no existe realmente, entonces nos equivocamos en el concepto”, anotó el jefe de Estado.

También dejó claro en la reflexión que hizo de los mecanismos de la ‘paz total’: “Los nombres son lo de menos, lo qué hay que ver aquí es lo que significa un cese al fuego en las actuales circunstancias, el cese al fuego en el presente tiene que ver con un cese de acciones y las estadísticas reportan que ha disminuido el número de heridos”.

El presidente de la República anunció que el próximo 15 de febrero su Gobierno radicará en el Congreso de la República la Ley de sometimiento, la cual estaba pidiendo insistentemente la Fiscalía General de la Nación como elemento clave dentro de la política del Ejecutivo de la ‘paz total’.

Desde Yarumal, en el departamento de Antioquia, el jefe de Estado envió un fuerte mensaje a los narcotraficantes, señalando que su Gobierno del Pacto Histórico no negociará el poder, al aclarar que con ese tipo de fenómenos criminales se deben aplicar vías jurídicas.

“Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones, porque se trata de un acogimiento a la justicia, y vamos a presentar la ley el 15 de febrero”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano en su intervención: “Esa ley nos puede mostrar caminos, salidas para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo”.

“Nuestro Gobierno ha propuesto los dos caminos y va a proponer las medidas adecuadas para que se puedan volver realidad desde el campo jurídico, ofrece la mano esperando que Colombia pueda tener una posibilidad de salida pacífica de las diferentes violencias; algunas cosas pueden ayudar en eso, otras no”.

Tras la reunión que sostuvieron hace varios días, el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se dieron algunas conclusiones del encuentro de parte del fiscal en las que dijo que le pidió al mandatario que para el sometimiento de las bandas criminales es necesaria la tramitación de una ley que establezca el marco jurídico para ese proceso.

“Le señalé que no existe marco jurídico y que se requiere una ley de sometimiento frente a esas organizaciones criminales”, dijo el fiscal Barbosa a la salida del encuentro. La cabeza del ente judicial afirmó que la Fiscalía tendrá voz en esa iniciativa para aportar a la reforma en la discusión que se adelante en el Congreso.

Barbosa aclaró que acompañará todos los propósitos de paz del Gobierno, pero que debe haber normas claras con apego a la ley para no cometer errores del pasado ni brindar beneficios a los criminales.

Por ejemplo, habló de que se deberá contemplar una justicia restaurativa que establezca penas intramurales con sanciones diferenciadas, pero aclaró que no se le podrá dar un tratamiento de proceso de paz para que los delincuentes eviten someterse a la justicia.

En ese sentido, el fiscal general también confirmó que se mantendrá firme en su posición de no levantar órdenes de captura de delincuentes pedidos en extradición hasta que se discuta esa ley. “No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, afirmó en su momento Barbosa.

El fiscal volvió a insistir que negociar de esa manera con los narcotraficantes sería como haber pactado acuerdos con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes”, indicó.

Barbosa también le solicitó al mandatario que más allá de los capos de las bandas criminales y de narcotraficantes, haya un artículo en el proyecto para que se conozcan quiénes están detrás de esos negocios ilícitos.

El fiscal fue claro en decir que no se podrá pactar que haya algún tipo de acuerdo político con los delincuentes y que puedan llegar a tener representatividad como ha sucedido en otras ocasiones. Según Barbosa, el mandatario se comprometió a no adelantar negociaciones políticas con narcos ni a solicitar levantamiento de órdenes de captura, hasta que no se adelante la discusión de ese proyecto en el Congreso.

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Tras el encuentro entre ambos, Barbosa aseguró que se trató de una “reunión amable”. Se sabe que el tono fue cordial, luego de las diferencias que se habían presentado hace algunas semanas.

El fiscal insistió en que los operativos contra los narcotraficantes han arrojado resultados favorables en términos de incautación de cocaína y destrucción de cultivos ilícitos. “Tenemos hoy 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en el territorio nacional y en zona rural, de las cuales 349 al día de hoy corresponden a órdenes de captura contra personas que asesinaron a defensores de DD. HH.”, concluyó.