Primer debate: fuerza pública sin restricción horaria para allanamientos y operativos

El pasado 21 de septiembre el país se sorprendió con la captura de una red internacional que traficaba armas con destino a las Farc. La fuerza pública capturó a 34 presuntos miembros de esta organización, pero horas más tarde una juez de la República decidió dejar en libertad a 24 de ellos.
 
La razón, los operativos de allanamiento y captura se produjeron en horas de la madrugada y no entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, como lo establece el código de procedimiento penal.

La noticia de la libertad de los presuntos traficantes de armas de uso privativo de la fuerza pública generó un revuelo en la opinión pública, incluso, el Gobierno que llevaba no menos de seis semanas en ejercicio, se comprometió a buscar las herramientas para que hechos similares no pudieran ser contemplados en la legislación colombiana.

Ese día el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aunque respetó la decisión autónoma de la justicia ordinaria, manifestó que el “crimen no tiene horario” y que como tal la fuerza pública no puede tener restricciones en sus horarios para contrarrestarlo.

La fórmula del Gobierno fue incluir un artículo en la política de seguridad ciudadana que por esos días diseñaba. El objetivo era quitar esos esguinces de la ley para que la fuerza pública pudiera adelantar allanamientos y operativos a cualquier hora del día, sin el temor de que los procedimientos pudieran ser considerados como irregulares.

Este martes, y casi dos meses después de aquel suceso, el Gobierno consiguió que una de las polémicas medidas del proyecto de seguridad ciudadana tomara vuelo en el Congreso.

La Comisión Primera del Senado aprobó el primer debate del proyecto, que además contempla otras reformas al código penal y a su procedimiento, además de algunos ajustes a la ley de infancia y adolescencia que busca otorgar herramientas a la fuerza pública y a las autoridades judiciales para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado en el país.

Además de los operativos las 24 horas del día, que tendrán que ser adelantados con el acompañamiento y vigilancia de la Procuraduría, el proyecto también modifica la ley de infancia con el propósito de que los menores de edad infractores cumplan las penas que contempla la ley.

En la actualidad, los menores de 16 años que cometan crímenes solo pagarán reclusión en centros especiales hasta los 21 años. Lo aprobado por la Comisión Primera del Senado establece que los menores deberán pagar la pena completa, incluso después de los 21 años de edad.

Otros alcances

- El texto aprobado en primer debate contempla la creación de nuevos tipos penales como conformación y colaboración con organizaciones criminales; usurpación fraudulenta de bienes inmuebles. Esta propuesta busca sancionar con cárcel aquellos establecimientos que tienen una razón jurídica y son utilizados, por ejemplo, para actividades vinculadas con el narcotráfico o la extorsión.

- Establece aumento de penas para delitos de porte y tenencia de armas de uso privativo de la fuerza pública.

- Se amplían los términos del recurso ‘habeas corpus’, que actualmente es de 36 horas, y que es invocada cuando consideran que la privación de la libertad es ilegal. El Ministerio de Defensa y la Fiscalía defienden la tesis de ampliar los términos de detención con el propósito que la policía judicial y la Fiscalía tengan mayor tiempo de acción para presentar sus pruebas ante los jueces de garantías.

- Se crearán jueces de garantías nacionales, algunos de carácter “ambulante”, con el propósito de que no sean los jueces locales los que tengan que decidir medidas de aseguramiento. Esta decisión adaptaría una medida del Gobierno pasado cuando declaró la emergencia judicial.

- Se faculta a los jueces de menores para que determinen si a los jóvenes infractores se les puede imputar delitos, mediante la realización de un perfil de conducta criminal.