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| 11/21/2012 12:00:00 AM

¿Quién es la administradora del millonario presupuesto del Senado?

Astrid Salamanca, la abogada vallecaucana fue señalada de ser cuota política de Roy Barreras y en plena campaña fue denunciada por presuntas irregularidades en un contrato de la corporación.

¿Quién es la administradora del millonario presupuesto del Senado? ¿Quién es la administradora del millonario presupuesto del Senado?
A Astrid Salamanca la señalaron de ser cuota política del presidente del Senado, Roy Barreras. También la identifican como ahijada política de Cambio Radical.
 
Este martes 74 de 100 senadores le dieron el aval para convertirse en la nueva directora Administrativa del Senado. Es decir, la persona que se se encargará de administrar los más de 40.000 millones que el Presupuesto Nacional destinado al funcionamiento de la Cámara Alta para la vigencia del 2013.
 
En su carrera figura un proceso en la Procuraduría por una presunta irregularidad en un contrato suscrito por esa cámara legislativa.
 
Aunque esta elección no había acaparado la atención de la opinión pública, eran muchos los empleados del Senado que estaban pendientes de la decisión. Astrid Salamanca tiene también las funciones de nombramiento de decenas de funcionarios, así como también de la promoción y remoción de personal de la entidad.
 
Abogada especializada en Derecho Comercial, Salamanca fue asesora jurídica del ICBF, secretaria general de la Alcaldía de Yumbo (Valle), y asesora jurídica de la Alcaldía de Cali. Se venía desempeñando como encargada de la dirección administrativa luego que la Procuraduría destituyera e inhabilitara a su antecesor, Ómar Velásquez, quien renunció en julio pasado.
 
Una semana antes de la elección, Salamanca fue denunciada por la designación de la compañía que tendría a cargo la intermediación de los riesgos laborales en el Senado.
 
Al parecer, Salamanca eludió un contrato suscrito por la empresa Jargu S. A. en 2007, producto de un concurso de méritos, para terminar favoreciendo a la empresa Interseguros Ltda., sin el cumplimiento de las formalidades que exige el régimen de contratación pública.
 
Salamanca negó haber cambiado el contrato, una versión que tendrá que ser comprobada por el Ministerio Público, toda vez que ella negó tales sindicaciones. La funcionaria elegida puso como primer punto de su agenda los procesos de modernización del Senado.

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