Reforma a la justicia con 'súper tutela', 'súper corte' y fuero militar

De 166 representantes a la Cámara, no más de 100 decidieron que la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno, y rechazada por las altas cortes, debe seguir su camino para convertirse en reforma constitucional.

Ese fue el mensaje de la plenaria de la Cámara de Representantes que decidió, en buena parte, hacer ‘oídos sordos’ a las recomendaciones del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en relación con que el proyecto más trascendente de la presente legislatura no es la solución a los problemas de congestión y de acceso a los ciudadanos que sigue padeciendo el aparato judicial colombiano.

De nada sirvieron los duros pronunciamientos de las altas cortes. El Gobierno impuso sus mayorías, y en una maratónica jornada la plenaria de la Cámara, con mayorías apenas suficientes, aprobó el 90 por ciento del controvertido proyecto.

Entre las decisiones de la plenaria de la Cámara de Representantes sorprendió la aprobación de una figura jurídica, que, según varios parlamentarios, tiene condiciones superiores a las de la acción de tutela.

Se trata de la figura de ‘habeas juris’, que puede ser interpuesta en adelante para dar garantía a los derechos fundamentales y tras decisiones judiciales.

La figura fue rechazada por el Gobierno, pues el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anunció que pese a la decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes, el ‘habeas juris’ será eliminado en los siguientes debates.

Según lo aprobado, las partes en los procesos judiciales podrán ejercer el ‘Habeas Juris’ como instrumento y garantía de sus derechos fundamentales en el proceso, ante la autoridad jurisdiccional de igual o superior jerarquía funcional, cuando considere violados sus derechos fundamentales. Si el mecanismo se ejerce contra actos de organismos de cierre, conocerá de él la sala plena de la respectiva corporación. El mecanismo se deberá resolver en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles.
 
Para el Gobierno, esta figura se podría convertir en una nueva estrategia para dilatar procesos judiciales.

La nueva ‘supercorte’

No fue la única novedad de este cuarto debate. Con el argumento de garantizar el equilibrio de poderes, el Gobierno y los ponentes del proyecto acordaron crear una 'súpercorte' para que juzgue a congresistas, magistrados de las altas cortes, del Consejo Nacional Electoral, fiscal, procurador, contralor, auditor y defensor del Pueblo y hasta altos mandos militares.

Se trata del Tribunal especial de Investigación de aforados, integrado por nuevos magistrados, y que tendrá el conocimiento de los procesos penales de estos funcionarios en primera instancia. Con esta decisión la Corte Suprema de Justicia perdería su potestad constitucional de juzgar congresistas, y sólo tendría conocimiento de estas causas en una segunda instancia.

La Cámara de Representantes, con esta decisión, despoja al alto tribunal de la condición de juez natural del Congreso.

Se mantiene ampliación del fuero militar

Según lo aprobado, siempre se presumirá que los actos irregulares cometidos por militares y policías corresponden a actos del servicio, por lo que serán los tribunales castrenses los que los investiguen.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, agradeció a los representantes a la Cámara la permanencia en el proyecto del juzgamiento especial para los militares, y dijo que "el Gobierno tomó atenta nota" de las críticas hechas a la figura.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aclaró que en ningún caso estarán incluidas aquí las investigaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad ni violaciones claras y manifiestas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Anunció el funcionario que explicará los alcances verdaderos de esta iniciativa a quienes han adelantado profundas críticas al respecto. Mencionó a la influyente ONG Human Rights Watch.

El 'Corazón' de la reforma

La Cámara decidió otorgar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios. El ministro de Justicia y de Derecho, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que es una respuesta audaz ante el represamiento de causas judiciales sin resolución en los despachos.

"Se trata de abogados sumamente conocedores de la ciencia jurídica y experimentados que pueden prestar su concurso a la causa de la justicia, y en el caso de los funcionarios administrativos de los juzgados, la verdad es que la idea es tan sencilla como que ellos puedan prestar su concurso para que ciertas diligencias y ciertos trámites que hoy únicamente puede cumplir el juez", dijo Esguerra.

Quienes se opusieron a este artículo aseguran que la decisión está llevando a la privatización de la administración de justicia.

De igual manera se aprobó el artículo que prohíbe los suplentes a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, también conocido como la silla vacía.
Sólo podrán ser reemplazados en casos de muerte, incapacidad médica absoluta para el ejercicio del cargo, condena penal o medida de aseguramiento por delitos electorales, políticos o culposos.

En cuanto al presupuesto destinado a la rama judicial, la plenaria avaló lo propuesto por la plenaria del Senado en cuanto a destinar un porcentaje igual a la tasa de inflación esperado, más un incremento adicional del dos por ciento. Además, el Gobierno asignará un billón de pesos durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de la reforma.

Igualmente se aprobó la supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo, la Sala de Gobierno, en la que actuarán con voz pero sin voto el fiscal general de la Nación, el ministro de Justicia y el director ejecutivo de la rama judicial.