Reforma Política atenta contra la paz: Gustavo Petro

En el cuarto debate del proyecto de Reforma Política, una nueva crítica se sumó a la iniciativa. Las dudas son esta vez son sobre el artículo 4, que según el texto aprobado por el pleno de la Cámara, inhabilita a quienes hicieron parte del proceso de paz de 1989, entre el gobierno y el M-19, para aspirar a cargos públicos.

Así lo denunció el Senador del Polo Gustavo Petro, este miércoles en la noche, en el pleno del Senado. El senador, quien fue militante M-19 y protagonista del acuerdo de paz firmado con el entonces Presidente Virgilio Barco, se declaró impedido para participar en el debate de la iniciativa de reforma a la Constitución, por considerar que el artículo 4 lo enfrenta a un conflicto de interés.

"El articulo cuatro de esta Reforma Política establece que quienes hicimos los acuerdos de paz de 1989 quedamos inhabilitados definitivamente para ejercer cualquier función pública en Colombia", dijo Petro en su intervención.

El texto del artículo aprobado en el tercer debate dice que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,… por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales en Colombia o en el exterior” (énfasis de Semana.com).

El artículo inicial, propuesto por el gobierno, no incluía a quienes hayan sido condenados por estos delitos sino que mencionaba a quienes hayan incurrido en delitos que afecten el patrimonio del Estado. La modificación del artículo la hizo el representante Carlos Enríque Soto Jaramillo, del Partido de la U, en el debate que transcurrió en el pleno de la Cámara pero en el que los partidos de la oposición no participaron por considerar que varios congresistas estaban inhabilitados para discutir la reforma.

“Yo no he tenido ninguna intención de perturbar los procesos de paz con los ex militantes del M-19”, dijo a Semana.com, el representante Soto Jaramillo. “Mi intención con el artículo es que se castigue a quienes han incurrido en los delitos de narcotráfico y terrorismo”, dijo. Sin embargo, el artículo, tal como está redactado, no menciona explícitamente esos dos delitos que señala Soto.

El proyecto finalmente salió de la plenaria de la Cámara sin mayor discusión y determina que quienes hayan sido condenados en cualquier momento, incluso por delitos políticos, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Si este proyecto es aprobado tal y como está, no podrían ejercer sus cargos ex militantes de grupos guerrilleros que fueron indultados pero que desde entonces se han reintegrado a la vida civil y democrática. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, actual gobernador de Nariño (M-19); Otty Patiño, quien se ha desempeñado como Jefe de la Oficina del Observatorio de Culturas del Distrito de Bogotá (M-19); Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia (EPL); y, por supuesto el actual senador Gustavo Petro (M-19), entre otros. Ninguno de ellos podría además volver a ejercer cargos públicos ni a contratar con el Estado.

Todos ellos recibieron un indulto por los delitos de sedición y rebeldía –o sea por delitos políticos-. En el acuerdo de paz que suscribieron con el gobierno de entonces, no se indultaron delitos atroces. “El indulto incluye el reconocimiento de un delito, y uno de los efectos de esta figura es que pasa por alto la condena que merece una persona. Se diferencia de la amnistía en que esta no reconoce el delito”, según explicó a Semana.com el analista político Armando Novoa, director de del Centro de Estudios Constitucionales (Plural) y ex constituyente de 1991.
 
Durante los procesos de paz e indulto de los años 90, además del M-19, fueron beneficiados militantes de grupos como el EPL, Quintín Lame y PRT. Posteriormente en 1993, también se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, CRS. Hoy en día cieNtos de ex militantes de estso grupos ocupan cargos públicos y de elección popular, en concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, entre otros.

Novoa dijo que la aprobación de este artículo como fue redactado “sería una venganza contra el proceso de paz”.

El senador Petro, del Polo Democrático, en su vehemente declaración recordó que la Constitución de 1991 fue el acuerdo de paz en el que se expresó la voluntad popular y se derogó la constitución de 1886. Petro dijo que el Presidente "no quiere, ni respeta, ni reconoce, ni dignifica, ni honra el Pacto de Paz del 89".
También se refirió a la bancada del gobierno a la que le dijo que: “no es para suplicarles a ustedes que nos salven, ni imploramos eso. Con nosotros se habla de igual a igual, pero de rodillas jamás porque no hubiera tenido sentido la paz de 1989 y la Constitución de 1991".

El proyecto de Reforma Política que cursa su cuarto debate surgió con el propósito de depurar los partidos políticos de la influencia mafiosa, tras el escándalo de la parapolítica en el que más de la cuarta parte del Congreso ha resultado salpicado. Sin embargo, analistas y sectores de oposición han denunciado que la iniciativa no se enfoca en este propósito. Aunque el proyecto menciona que se sancionará a los partidos que avalen candidatos que se alíen con grupos ilegales, no especifica de qué manera lo hará.
 
Además las sanciones se aplicarían para los legisladores de otro Congreso y no para los del actual, el cual se ha visto enlodado por los vínculos de muchos congresistas con grupos paramilitares.

A lo largo de su trámite al proyecto se le han “colgado” artículos que poco tienen que ver con su propósito. Por ejemplo, en las primeras discusiones los congresistas se centraron en un artículo que permitía al presidente Uribe volver a aspirar a la Presidencia, en 2014. El artículo, no obstante, fue sepultado por el pleno de la Cámara.

Igualmente, al final del articulado aprobado en la Plenaria de la Cámara en su último debate, el proyecto incluyó un artículo transitorio que crea un régimen especial en lo económico, lo político y lo social, para varias regiones del país. Todas son zonas afectadas por el conflicto, en las que eventualmente grupos ilegales tienen un ávido interés. Este artículo no ha sido debatido lo suficiente y no tiene ninguna relación con la Reforma Política que necesita el país.