Registraduría pide que no la culpen por posible compra de votos en Magangué

La Registraduría General de la Nación defendió la transparencia en el proceso electoral  en las elecciones atípicas de alcalde que se llevaron  acabo al pasado domingo en Magangué, Bolivar, en las que resultó elegido Arcesio Pérez Bello, del movimiento Apertura Liberal.
 
Pasadas las elecciones, la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización civica de monitoreo electoral, publicó  un informe preliminar donde hablaba de una “aberrante compra y venta de votos que históricamente ha sido el delito más cometido en el municipio pero que en estas elecciones cobró dimensiones en especial en la zona rural”. 

Continúa la MOE diciendo que “las autoridades en general deben realizar labores de inteligencia y coordinación previas y permanentes al día del evento electoral para poder contrarrestar estos delitos, puesto que llegado el día de las elecciones ya están anticipada la compra y venta de votos”.

En una carta enviada por Campo Elías Rivera, registrador delegado, a Alexandra Barros, directora de la MOE, sugiere que en el informe final “se haga una calificación separada o individual de la acción de la Registraduría en dicho proceso”.

Rivera pide que se expliqué bien el proceso que se aplicó, “de tal forma que a la ciudadanía no le quede la más mínima duda sobre la transparencia del procedimiento aplicado en tal evento electoral”.

Y en seguida, enumera cuatro acciones de esa entidad. Primero, “se cambiaron todos los funcionarios de dicha Registraduría tanto del sector urbano como del rural, por personal de la Sede Central y otros departamentos, más otros funcionarios de apoyo, esto es, profesionales altamente calificados y con amplia experiencia en elecciones”.

Segundo, “todos los formularios y tarjetas electorales fueron elaborados por la propia Registraduria en la ciudad de Bogotá, bajo un estricto control de seguridad no sólo en su estructura material, sino en su cadena de custodia”.

Tercero, “para contrarrestar las amenazas de suplantación de electores, así como brindar seguridad en el cómputo de votos por parte de los jurados, se pusieron en práctica las tecnologías destinadas a la plena identificación del elector mediante sistemas biométricos y grafólogos, así como la digitalización y entrega de imágenes del formulario E-14 a los interesados para que con base en ellos hicieran las observaciones y reclamaciones a que hubiere lugar”.

Y cuarto, “se pusieron en funcionamiento mesas de justicia en cada puesto de votación para recibir las denuncias y quejas sobre posibles delitos contra el sufragio”.

Rivera dice que la compra y venta de votos es un fenómeno ajeno a su labor, que no es más que organizar la logística de las elecciones y desarrollarlas. Cualquier delito que se salga de estas funciones es cometido “por agentes sobre los cuales no tiene control ni competencia esta entidad”, dice en su carta.

Por todo eso, la Registraduría pide que en el informe de la MOE no haya confusiones que lleven a señalar que funcionarios de esta entidad participaron en delitos que nada tienen que ver con sus labores.